El Instituto Nacional de Migración (INM) deporta por igual a un migrante indocumentado en tránsito que a una víctima de trata de personas, a un solicitante de asilo o a una persona en condiciones de pelear su legal estancia en el País, denuncia la organización civil Sin Fronteras en un informe que publica hoy.
"El actuar de las autoridades mexicanas se encamina invariablemente a la deportación de las personas migrantes que no cumplen con alguno de los requisitos administrativos en el momento de la verificación migratoria.
"Ello sin importar las declaraciones que pueda realizar el afectado, sin notificársele sobre la resolución de su caso y sin cumplir con el plazo fijado para concluir el proceso", indica el organismo en el informe Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México, 2007-2009.
De acuerdo con un reporte de Naciones Unidas, el INM detectó únicamente 21 víctimas de trata de personas entre los más de 540 mil migrantes que detuvo.
Pese a que en 2009 la CNDH registró 10 mil secuestros en seis meses, el Instituto otorgó un número reducido de visas humanitarias a los asegurados.
En el marco del Día Internacional del Migrante, el director del organismo, Emilio Chávez, señaló que el organismo ha documentado casos de personas en riesgo de regresar a sus países que son deportadas por el INM.
"Los estás tratando con una misma medida a todo independientemente de la situación específica. Hay personas que huyen de violencia, por ejemplo de maras, y normalmente estas personas, tatuadas, claramente centroamericanas, los agarran y los detienen sin ver lo que pasa con su vida. Tenemos testimonios de hondureños que huyeron y tienen miedo de regresar a Honduras a raíz del golpe de Estado.
"Hay 10 mil secuestros que reportó la CNDH en seis meses y los procedimientos de verificación, detención, expulsión, no toman en cuenta ninguno de esos factores para velar por la seguridad de las personas", dijo.
El informe detalla que entre 2007 y 2009,244 mil 970 personas fueron aseguradas por el INM, 56 mil 674 en 2007; 40 mil 603 en 2008 y 28 mil 452 en 2009.
De los migrantes detenidos, 45.1 por ciento eran guatemaltecos; 32.8 por ciento, hondureños y 14.6 por ciento, salvadoreños.
Sin debido proceso
Sin Fronteras reclama que para los migrantes alojados en las estaciones migratorias, contar con representación legal es la excepción y no la regla; y que en los pocos casos en que las personas pueden acceder a un abogado público o gratuito, su labor se ve restringida.
Según las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, estos lugares son instalaciones para alojar temporalmente a los extranjeros que hayan violado la ley.
Desde 2008, esta violación a la ley constituye una falta administrativa y no un delito, pues el Congreso despenalizó la migración ilegal.
Pese a no estar consideradas como cárceles, al igual que en los centros de reclusión, los abogados tienen tiempos limitados para comunicarse vía telefónica con los migrantes que representan; los horarios y días de visita están restringidos y se les impide ingresar con documentos, escritos y otras herramientas de trabajo, incluyendo pluma y papel.
Además, las entrevistas se realizan bajo la custodia de funcionarios del INM, pues no existen espacios físicos destinados exclusivamente para las entrevistas entre abogados y migrantes detenidos, por lo que se tienen que utilizar las áreas destinadas para visitas ordinarias.
"El INM no sólo impide que el proceso de asesoría y representación legal se lleve a cabo mediante terceros, sino que tampoco cuenta con abogados propios que brinden el servicio.
"No asigna ningún tipo de presupuesto para la representación legal de las personas recluidas, ni atiende ningún tipo de colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública", señala.
El informe indica que es común que las personas migrantes detenidas sean amenazadas o presionadas por personal del INM, en el sentido de que cualquier acción legal de su parte prolongaría su estancia en el centro de detención, lo cual ocasiona que los migrantes se abstengan o se desistan de ello.
Silvia Garduño, Reforma, 18 de diciembre.
"El actuar de las autoridades mexicanas se encamina invariablemente a la deportación de las personas migrantes que no cumplen con alguno de los requisitos administrativos en el momento de la verificación migratoria.
"Ello sin importar las declaraciones que pueda realizar el afectado, sin notificársele sobre la resolución de su caso y sin cumplir con el plazo fijado para concluir el proceso", indica el organismo en el informe Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México, 2007-2009.
De acuerdo con un reporte de Naciones Unidas, el INM detectó únicamente 21 víctimas de trata de personas entre los más de 540 mil migrantes que detuvo.
Pese a que en 2009 la CNDH registró 10 mil secuestros en seis meses, el Instituto otorgó un número reducido de visas humanitarias a los asegurados.
En el marco del Día Internacional del Migrante, el director del organismo, Emilio Chávez, señaló que el organismo ha documentado casos de personas en riesgo de regresar a sus países que son deportadas por el INM.
"Los estás tratando con una misma medida a todo independientemente de la situación específica. Hay personas que huyen de violencia, por ejemplo de maras, y normalmente estas personas, tatuadas, claramente centroamericanas, los agarran y los detienen sin ver lo que pasa con su vida. Tenemos testimonios de hondureños que huyeron y tienen miedo de regresar a Honduras a raíz del golpe de Estado.
"Hay 10 mil secuestros que reportó la CNDH en seis meses y los procedimientos de verificación, detención, expulsión, no toman en cuenta ninguno de esos factores para velar por la seguridad de las personas", dijo.
El informe detalla que entre 2007 y 2009,244 mil 970 personas fueron aseguradas por el INM, 56 mil 674 en 2007; 40 mil 603 en 2008 y 28 mil 452 en 2009.
De los migrantes detenidos, 45.1 por ciento eran guatemaltecos; 32.8 por ciento, hondureños y 14.6 por ciento, salvadoreños.
Sin debido proceso
Sin Fronteras reclama que para los migrantes alojados en las estaciones migratorias, contar con representación legal es la excepción y no la regla; y que en los pocos casos en que las personas pueden acceder a un abogado público o gratuito, su labor se ve restringida.
Según las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, estos lugares son instalaciones para alojar temporalmente a los extranjeros que hayan violado la ley.
Desde 2008, esta violación a la ley constituye una falta administrativa y no un delito, pues el Congreso despenalizó la migración ilegal.
Pese a no estar consideradas como cárceles, al igual que en los centros de reclusión, los abogados tienen tiempos limitados para comunicarse vía telefónica con los migrantes que representan; los horarios y días de visita están restringidos y se les impide ingresar con documentos, escritos y otras herramientas de trabajo, incluyendo pluma y papel.
Además, las entrevistas se realizan bajo la custodia de funcionarios del INM, pues no existen espacios físicos destinados exclusivamente para las entrevistas entre abogados y migrantes detenidos, por lo que se tienen que utilizar las áreas destinadas para visitas ordinarias.
"El INM no sólo impide que el proceso de asesoría y representación legal se lleve a cabo mediante terceros, sino que tampoco cuenta con abogados propios que brinden el servicio.
"No asigna ningún tipo de presupuesto para la representación legal de las personas recluidas, ni atiende ningún tipo de colaboración con el Instituto Federal de Defensoría Pública", señala.
El informe indica que es común que las personas migrantes detenidas sean amenazadas o presionadas por personal del INM, en el sentido de que cualquier acción legal de su parte prolongaría su estancia en el centro de detención, lo cual ocasiona que los migrantes se abstengan o se desistan de ello.
Silvia Garduño, Reforma, 18 de diciembre.
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