BRUSELAS.- Los abusos cometidos por el Ejército mexicano en su incursión en la guerra contra el narcotráfico van en aumento, denuncia un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional (AI).
En el documento, además, se advierte que el problema de la violencia a manos de las Fuerzas Armadas podría volverse sistemático de no reformar el código penal militar.
"En este informe no sólo comprobamos la presencia de detenciones forzadas, tortura y ejecuciones por parte del Ejército, también demostramos que el patrón de abusos aumenta", dijo en entrevista , investigador para México de AI.
"De continuar esta tendencia, hay el riesgo de que estos abusos se vuelvan sistemáticos", señaló.
El texto es resultado de una investigación que inició a partir de que el Presidente Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército en labores de policía y documenta casos de violaciones a los derechos humanos en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
De acuerdo con Knox, ni el Gobierno federal ni el Congreso están interesados en obligar al Ejército a rendir cuentas, pues siguen dejando la tarea de procesar los abusos en manos de tribunales militares, no civiles.
"Todos sabemos que la justicia militar es un agujero negro de donde no sale información", apuntó.
Por ejemplo, planteó el especialista, el Ministerio Público militar informó en julio pasado que desde el inicio de la administración de Calderón había condenado a tres personas y procesado a otras 53, pero hasta la fecha no ha proporcionado más detalles sobre esos casos.
"Es imposible hacer una evaluación adecuada de la actuación del Ministerio Público militar, pero todo indica una falta de imparcialidad y de rendición de cuentas para los familiares de las víctimas.
"La única respuesta que hemos obtenido de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) es que el hecho de que no hay condenas demuestra que no ha habido abusos graves", aseguró Knox.
Para AI, agregó, no habrá justicia mientras sigan turnándose los casos de violaciones a las garantías individuales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia militar y no al civil.
"El Ejército está en la calle realizando tareas de seguridad pública, por lo que debe atenerse a las normas internacionales que prohíben las detenciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
"Mientras no exista un instrumento que garantice la legalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas, los crímenes continuarán en impunidad", dijo el investigador.
Para Knox, el motivo detrás de la falta de voluntad de las autoridades por reformar el código penal militar, es la resistencia por modificar la vieja tradición de darle manos libres de actuación al Ejército.
Aconsejó a México voltear hacia Argentina, en donde se ha modificado dicho código para limitar su jurisdicción.
"Lamentablemente vemos en México la reticencia de abrir la puerta a la justicia y de poner fin a la impunidad", sostuvo.
En el documento, además, se advierte que el problema de la violencia a manos de las Fuerzas Armadas podría volverse sistemático de no reformar el código penal militar.
"En este informe no sólo comprobamos la presencia de detenciones forzadas, tortura y ejecuciones por parte del Ejército, también demostramos que el patrón de abusos aumenta", dijo en entrevista , investigador para México de AI.
"De continuar esta tendencia, hay el riesgo de que estos abusos se vuelvan sistemáticos", señaló.
El texto es resultado de una investigación que inició a partir de que el Presidente Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército en labores de policía y documenta casos de violaciones a los derechos humanos en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.
De acuerdo con Knox, ni el Gobierno federal ni el Congreso están interesados en obligar al Ejército a rendir cuentas, pues siguen dejando la tarea de procesar los abusos en manos de tribunales militares, no civiles.
"Todos sabemos que la justicia militar es un agujero negro de donde no sale información", apuntó.
Por ejemplo, planteó el especialista, el Ministerio Público militar informó en julio pasado que desde el inicio de la administración de Calderón había condenado a tres personas y procesado a otras 53, pero hasta la fecha no ha proporcionado más detalles sobre esos casos.
"Es imposible hacer una evaluación adecuada de la actuación del Ministerio Público militar, pero todo indica una falta de imparcialidad y de rendición de cuentas para los familiares de las víctimas.
"La única respuesta que hemos obtenido de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) es que el hecho de que no hay condenas demuestra que no ha habido abusos graves", aseguró Knox.
Para AI, agregó, no habrá justicia mientras sigan turnándose los casos de violaciones a las garantías individuales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, al sistema de justicia militar y no al civil.
"El Ejército está en la calle realizando tareas de seguridad pública, por lo que debe atenerse a las normas internacionales que prohíben las detenciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
"Mientras no exista un instrumento que garantice la legalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas, los crímenes continuarán en impunidad", dijo el investigador.
Para Knox, el motivo detrás de la falta de voluntad de las autoridades por reformar el código penal militar, es la resistencia por modificar la vieja tradición de darle manos libres de actuación al Ejército.
Aconsejó a México voltear hacia Argentina, en donde se ha modificado dicho código para limitar su jurisdicción.
"Lamentablemente vemos en México la reticencia de abrir la puerta a la justicia y de poner fin a la impunidad", sostuvo.
Inder Bugarin, Reforma, 8 de diciembre.
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