La Organización Feministas y Socialistas, que aglutina a más de 50 organizaciones en todo el país, denunció que la ofensiva de la derecha para penalizar el aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres y contra el Estado laico.
Durante el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, celebrado ayer, las organizaciones condenaron la modificación de las legislaciones locales en cada vez más estados que criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.
Incluso señalaron que en algunas legislaciones locales se establece que las mujeres que han abortado o pretenden hacerlo necesitan tratamiento psicológico como en Yucatán y Veracruz.
La representante de Guanajuato, Verónica Cruz, de la organización Las Libres de Información en Salud Sexual, ejemplificó que en su estado a las mujeres se les castiga hasta con 40 años de prisión, acusadas de homicidio en razón de parentesco por abortar.
Indicó que actualmente, en esa entidad, 150 mujeres están en proceso penal denunciadas desde el 2000, por el delito de aborto. Explicó que actualmente están encarceladas diez por someterse a un aborto, pues el delito les fue reclasificado por homicidio en razón de parentesco.
CONTRAOFENSIVA. Las reformas a las constituciones locales de 17 estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, aprobadas por los legisladores panistas y priistas, con anuencia de la jerarquía católica, “significan un enorme retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una maternidad libre y voluntaria”, enfatizaron.
“El cuerpo de las mujeres, de nuevo está en disputa”, señalaron las féminas asistentes al Foro Nacional, donde indicaron que la fuerza y la velocidad de la ofensiva ideológica, hace urgente y necesario construir acciones de contraofensiva social y política que haga visible el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Las representantes de los estados de todo el país, lamentaron que se esté viviendo en México una ofensiva nacional de la derecha y de los sectores más conservadores, “no sólo es contra del cuerpo de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos, sino contraviniendo las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Sin embargo, expresaron que afortunadamente, gran parte de la población mexicana y que profesa la religión católica, contradice en la práctica los dogmas de la Iglesia.
Coincidieron en que las mujeres mexicanas deben conformar una fuerza social y política para detener la ofensiva política-ideológica, cuyas consecuencias sociales son agudizar la violencia contra las mujeres y fortalecer los valores y cultura machista en la sociedad.
En su posicionamiento, las organizaciones señalaron que los mexicanos viven en un Estado gobernado por la ultraderecha que negocia con el poder clerical, “con quienes ha encabezado esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y la laicidad del Estado”.
Apuntaron que la alianza de los partidos políticos con la Iglesia católica es un claro ejemplo de la vulnerabilidad del Estado laico.
Las feministas acusaron que los y las legisladoras locales del PRI y el PAN anteponen e imponen sus creencias y valores personales a las leyes y a los derechos de la ciudadanía, y de manera específica, a los derechos de las mujeres.
La agrupación Feministas y Socialistas responsabilizaron a la Iglesia católica, al PAN y al PRI de fomentar el aborto clandestino y propiciar la muerte de mujeres, en su mayoría pobres, quienes “seguirán recurriendo a interrumpir un embarazo no deseado en condiciones insalubres”.
Aseveraron que los movimientos feministas y amplios de mujeres están ante un reto muy grande: parar la ofensiva conservadora que se está dando en el ámbito nacional en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Durante el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, celebrado ayer, las organizaciones condenaron la modificación de las legislaciones locales en cada vez más estados que criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo.
Incluso señalaron que en algunas legislaciones locales se establece que las mujeres que han abortado o pretenden hacerlo necesitan tratamiento psicológico como en Yucatán y Veracruz.
La representante de Guanajuato, Verónica Cruz, de la organización Las Libres de Información en Salud Sexual, ejemplificó que en su estado a las mujeres se les castiga hasta con 40 años de prisión, acusadas de homicidio en razón de parentesco por abortar.
Indicó que actualmente, en esa entidad, 150 mujeres están en proceso penal denunciadas desde el 2000, por el delito de aborto. Explicó que actualmente están encarceladas diez por someterse a un aborto, pues el delito les fue reclasificado por homicidio en razón de parentesco.
CONTRAOFENSIVA. Las reformas a las constituciones locales de 17 estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, aprobadas por los legisladores panistas y priistas, con anuencia de la jerarquía católica, “significan un enorme retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y su derecho a una maternidad libre y voluntaria”, enfatizaron.
“El cuerpo de las mujeres, de nuevo está en disputa”, señalaron las féminas asistentes al Foro Nacional, donde indicaron que la fuerza y la velocidad de la ofensiva ideológica, hace urgente y necesario construir acciones de contraofensiva social y política que haga visible el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
Las representantes de los estados de todo el país, lamentaron que se esté viviendo en México una ofensiva nacional de la derecha y de los sectores más conservadores, “no sólo es contra del cuerpo de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos, sino contraviniendo las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Sin embargo, expresaron que afortunadamente, gran parte de la población mexicana y que profesa la religión católica, contradice en la práctica los dogmas de la Iglesia.
Coincidieron en que las mujeres mexicanas deben conformar una fuerza social y política para detener la ofensiva política-ideológica, cuyas consecuencias sociales son agudizar la violencia contra las mujeres y fortalecer los valores y cultura machista en la sociedad.
En su posicionamiento, las organizaciones señalaron que los mexicanos viven en un Estado gobernado por la ultraderecha que negocia con el poder clerical, “con quienes ha encabezado esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y la laicidad del Estado”.
Apuntaron que la alianza de los partidos políticos con la Iglesia católica es un claro ejemplo de la vulnerabilidad del Estado laico.
Las feministas acusaron que los y las legisladoras locales del PRI y el PAN anteponen e imponen sus creencias y valores personales a las leyes y a los derechos de la ciudadanía, y de manera específica, a los derechos de las mujeres.
La agrupación Feministas y Socialistas responsabilizaron a la Iglesia católica, al PAN y al PRI de fomentar el aborto clandestino y propiciar la muerte de mujeres, en su mayoría pobres, quienes “seguirán recurriendo a interrumpir un embarazo no deseado en condiciones insalubres”.
Aseveraron que los movimientos feministas y amplios de mujeres están ante un reto muy grande: parar la ofensiva conservadora que se está dando en el ámbito nacional en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Mariana Viayra Ramírez, Crónica, 6 de diciembre.
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