La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que con la negativa de aceptar la recomendación 74/2009, relativa al caso de siete menores repatriados de Estados Unidos y luego internados indebidamente en una institución de menores infractores, el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, sólo envía un mensaje de impunidad.
De acuerdo con la CNDH, los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, fueron repatriados por autoridades estadunidenses entre los días 6 de enero de 2007 y 21 de mayo de 2008 y entregados al Instituto Nacional de Migración, esta última los puso a disposición de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia de Juárez para albergarlos en lo que eran entregados a sus familiares.
Ya en manos de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, los menores de edad fueron sometidos a un "Programa de Atención a Menores Repatriados" e internados por funcionarios del DIF municipal en la "Escuela de Mejoramiento Social para Menores, México", a pesar de que se trataba de un lugar destinado para menores que han infringido la ley, indicó la CNDH.
Y es que en la recomendación antes mencionada la CNDH acreditó violaciones a los derechos del niño, a la libertad, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por parte de personal del DIF municipal, puesto que no se observaron las formalidades legales establecidas para la separación preventiva de los menores de su hogar, donde algunos de los pequeños repatriados permanecieron internados hasta seis meses.
Ahora con la negativa del edil Reyes Ferriz, la CNDH descartó la posibilidad de poder proporcionar el apoyo psicológico a los menores que convivieron de manera directa en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, México con otros jóvenes que sí estaban sujetos a proceso por alguna infracción o bien ya se les había impuesto sanción, así como a sus familiares para reparar el daño ocasionado.
"Al no dar vista a la contraloría municipal impide que se investigue a los servidores públicos de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia, de Escuela de Mejoramiento Social México y del DIF, involucrados en los hechos", enfatizó.
Aunado a ello, el agente del Ministerio Público tampoco investigará la actuación de los servidores públicos del DIF de ese municipio ni determinará si sus conductas fueron constitutivas de delito cometido en perjuicio de los menores agraviados.
De igual modo, el personal adscrito al DIF de Ciudad Juárez no será capacitado para que sus acciones se ajusten al marco jurídico vigente, para garantizar la certeza jurídica de sus actos y el absoluto respeto a los derechos humanos.
Si bien los agraviados no estuvieron nunca a disposición del Tribunal para Menores Infractores, el sitio donde cursaron su retención es un centro de reclusión, en el que convivieron de manera directa con otros adolescentes que sí estaban sujetos a proceso por alguna infracción o bien ya se les había impuesto sanción.
De acuerdo con la CNDH, los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, fueron repatriados por autoridades estadunidenses entre los días 6 de enero de 2007 y 21 de mayo de 2008 y entregados al Instituto Nacional de Migración, esta última los puso a disposición de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia de Juárez para albergarlos en lo que eran entregados a sus familiares.
Ya en manos de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor, los menores de edad fueron sometidos a un "Programa de Atención a Menores Repatriados" e internados por funcionarios del DIF municipal en la "Escuela de Mejoramiento Social para Menores, México", a pesar de que se trataba de un lugar destinado para menores que han infringido la ley, indicó la CNDH.
Y es que en la recomendación antes mencionada la CNDH acreditó violaciones a los derechos del niño, a la libertad, al trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por parte de personal del DIF municipal, puesto que no se observaron las formalidades legales establecidas para la separación preventiva de los menores de su hogar, donde algunos de los pequeños repatriados permanecieron internados hasta seis meses.
Ahora con la negativa del edil Reyes Ferriz, la CNDH descartó la posibilidad de poder proporcionar el apoyo psicológico a los menores que convivieron de manera directa en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, México con otros jóvenes que sí estaban sujetos a proceso por alguna infracción o bien ya se les había impuesto sanción, así como a sus familiares para reparar el daño ocasionado.
"Al no dar vista a la contraloría municipal impide que se investigue a los servidores públicos de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia, de Escuela de Mejoramiento Social México y del DIF, involucrados en los hechos", enfatizó.
Aunado a ello, el agente del Ministerio Público tampoco investigará la actuación de los servidores públicos del DIF de ese municipio ni determinará si sus conductas fueron constitutivas de delito cometido en perjuicio de los menores agraviados.
De igual modo, el personal adscrito al DIF de Ciudad Juárez no será capacitado para que sus acciones se ajusten al marco jurídico vigente, para garantizar la certeza jurídica de sus actos y el absoluto respeto a los derechos humanos.
Si bien los agraviados no estuvieron nunca a disposición del Tribunal para Menores Infractores, el sitio donde cursaron su retención es un centro de reclusión, en el que convivieron de manera directa con otros adolescentes que sí estaban sujetos a proceso por alguna infracción o bien ya se les había impuesto sanción.
Dennis A. García, Crónica, 1º de diciembre.
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