Teme Colombia 'narcocampaña' en justa de 2011

BOGOTÁ.- El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, aseguró ayer que le preocupa que los narcotraficantes, guerrilleros izquierdistas y paramilitares de derecha puedan influir con dinero u otros mecanismos en las elecciones del próximo año.

"Hay una preocupación cada vez más intensa. Hoy, por los altos costos de las campañas (electorales), el gran riesgo es que terminen permeadas por dineros del crimen organizado -de las mafias, el paramilitarismo o de (la guerrilla de) las FARC", declaró Ordóñez al diario El Tiempo.

"(Podrían terminar) cooptando las administraciones y determinando las políticas públicas, poniendo sus presupuestos al servicio de sus estructuras", añadió.

Los colombianos acudirán en marzo próximo a las urnas para elegir a los miembros del Congreso bicameral y en mayo de 2010 escogerán al Presidente de la República.

Entre los candidatos a legisladores figuran Clara Rojas, Consuelo González, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán, Jorge Géchem y Sigifredo López, quienes fueron rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la mayor guerrilla del país contra la que el Presidente Álvaro Uribe lanzó una vasta campaña militar desde su llegada la poder en 2002.

A principios de esta década, las campañas regionales que elegían congresistas, gobernadores y Alcaldes municipales fueron infiltradas por dineros de grupos armados ilegales, en lo que se conoció como el escándalo de la "parapolítica". Poco después también fue descubierta la penetración de las FARC en la vida pública del país, bautizada como "Farcpolítica".

El funcionario aseveró también estar preocupado por aspectos del financiamiento legal, pues cree que se corre el riesgo de "financiar hoy para contratar mañana", en alusión a las "donaciones" a las campañas hechas para tener ventaja en futuras contrataciones del Estado.

Ordóñez cree que "se ha democratizado la corrupción" y se pregunta: "¿De dónde se reciben las presiones para que el Estado se ponga al servicio de intereses que no corresponden al bien común? Pues del sector privado".
Reforma, 7 de diciembre.

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