Defensores de los derechos humanos en México son objeto en ocasiones de homicidios, amenazas, cargos penales falsos y procesamientos judiciales indebidos, por lo que se requiere una acción “urgente” de las autoridades para protegerlos, denunció Amnistía Internacional.
En un informe documenta la muerte de seis activistas; la situación de cinco defensores de los derechos humanos, que fueron “injustamente” acusados de cometer delitos y sometidos a procesos judiciales por el desempeño de sus labores, y seis casos de organizaciones o individuos amenazados o acosados por las autoridades.
En total se trata de 16 incidentes, algunos que involucran a más de una persona, que tuvieron lugar en el país en los últimos tres años.
“Los defensores de los derechos humanos en México viven en una situación de extremo riesgo”, indicó en una conferencia de prensa el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera.
“Sus esfuerzos son recibidos, en ocasiones con hostilidad y ataques”, los defensores “se enfrentan a amenazas, acoso, intimidación, cargos penales falsos y procesamientos indebidos”, precisa AI.
“Algunos han muerto a causa de su trabajo” y “las amenazas, los ataques y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos rara vez son investigados de forma efectiva por las autoridades federales o estatales”, agrega la investigación.
“La gravedad de los ataques de que han sido víctima estas personas en México en los últimos años exige la acción urgente de las autoridades”, advierte el texto.
Luego de que AI dio a conocer su informe Exigiendo Justicia y Dignidad, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México, la Secretaría de Gobernación afirmó que es prioridad del gobierno federal garantizar que puedan ejercer plenamente su profesión, con base en la normatividad constitucional y los tratados internacionales.
“La Segob da la bienvenida a la recomendación del informe de Amnistía Internacional, en la cual solicita la creación de un mecanismo efectivo y fácilmente accesible para proteger a las defensoras y defensores en peligro, y se compromete a trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y ejecución de un mecanismo para la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos”, puntualizó.
En un informe documenta la muerte de seis activistas; la situación de cinco defensores de los derechos humanos, que fueron “injustamente” acusados de cometer delitos y sometidos a procesos judiciales por el desempeño de sus labores, y seis casos de organizaciones o individuos amenazados o acosados por las autoridades.
En total se trata de 16 incidentes, algunos que involucran a más de una persona, que tuvieron lugar en el país en los últimos tres años.
“Los defensores de los derechos humanos en México viven en una situación de extremo riesgo”, indicó en una conferencia de prensa el director ejecutivo de AI en México, Alberto Herrera.
“Sus esfuerzos son recibidos, en ocasiones con hostilidad y ataques”, los defensores “se enfrentan a amenazas, acoso, intimidación, cargos penales falsos y procesamientos indebidos”, precisa AI.
“Algunos han muerto a causa de su trabajo” y “las amenazas, los ataques y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos rara vez son investigados de forma efectiva por las autoridades federales o estatales”, agrega la investigación.
“La gravedad de los ataques de que han sido víctima estas personas en México en los últimos años exige la acción urgente de las autoridades”, advierte el texto.
Luego de que AI dio a conocer su informe Exigiendo Justicia y Dignidad, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México, la Secretaría de Gobernación afirmó que es prioridad del gobierno federal garantizar que puedan ejercer plenamente su profesión, con base en la normatividad constitucional y los tratados internacionales.
“La Segob da la bienvenida a la recomendación del informe de Amnistía Internacional, en la cual solicita la creación de un mecanismo efectivo y fácilmente accesible para proteger a las defensoras y defensores en peligro, y se compromete a trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y ejecución de un mecanismo para la protección de los periodistas y defensores de derechos humanos”, puntualizó.
Susana Hernández, Milenio 22 de enero.
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