El organismo agregó que sólo en 2009, con el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, de Quintana Roo —el pasado martes 22 de diciembre—, se elevó a 12 el número de periodistas asesinados.
De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, durante la última década fueron 65 los periodistas asesinados, y se registraron ocho desapariciones. En cuanto al número de muertes en 2009, en total suman 15, lo que hace de este año que termina uno de los más graves en materia de ataques a los comunicadores.
En cuanto al crimen del reportero en Quintana Roo, el organismo defensor de los derechos humanos abrió un expediente de queja y demandó a las autoridades estatales el esclarecimiento del asesinato y la pronta acción de la justicia.
En un comunicado, la CNDH dijo que mantiene comunicación permanente, desde el día en que ocurrieron los hechos, con la Asociación de Periodistas de Playa del Carmen, que encabeza Verónica Alfonso.
A estos hechos deben añadirse ocho desapariciones de comunicadores y siete atentados con explosivos a instalaciones de medios en nuestro país.
Aumentan las quejas
De acuerdo con la CNDH y organizaciones internacionales, México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico, porque cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas.
La comisión hizo un llamado a las autoridades “para que asuman a plenitud su responsabilidad de respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión”.
Declaró que el compromiso de la institución con respecto de la libertad de expresión es investigar los casos de su competencia, denunciar lo que ocurre y demandar a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades.
Las agresiones a los derechos humanos de los comunicadores aumentaron, como se aprecia en la siguiente relación de quejas por año: En 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en el 2007, 84; en 2008, 80; y al mes de noviembre de 2009 la cifra es de 78.
La cifra puede ser mayor, considerando los casos que tienen registrados los organismos públicos estatales de derechos humanos, más los que no se denuncian.
Las quejas fueron interpuestas por los propios afectados, por sus familiares o por organizaciones de periodistas y, en muchos casos, iniciadas de oficio, pero es al Ministerio Público al que la ley otorga la responsabilidad de la acción penal.
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