La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) difundió un análisis pormenorizado de la propuesta de reforma laboral presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en el que señala que el planteamiento de que deberá haber “arbitraje obligatorio” de las huelgas –a los 60 días de que éstas se inicien– significará un control corporativo “feudalizado”.
El documento, dado a conocer por el diputado Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la UNT, señala que añadir regulaciones para la tramitación de las demandas de titularidad, así como requisitos para los emplazamientos a huelga y reglas para declarar la inexistencia de este tipo de movimientos “serían instrumentos adicionales para los gobiernos o para las juntas locales (de Conciliación y Arbitraje) o la federal a fin de controlar a los sindicatos”.
En cuanto a la propuesta de que se elimine el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina, el estudio señala:
“Sería la muerte anunciada de los sindicatos auténticos, que viven y funcionan de las cuotas de sus miembros, porque los sindicatos de protección, que son los que abundan, medran de las igualas patronales que les otorgan y poco les afectaría esta prohibición.”
Detalla que incluir nuevas modalidades de contratación individual afecta la estabilidad en el empleo, lo que es grave en un mercado de trabajo deprimido.
Además quienes pierden sus plazas quedan en plena indefensión porque las indemnizaciones de ley y los salarios vencidos, cuando se logran, por regla general no benefician a los trabajadores, sino que van a engrosar los bolsillos de la multitud de litigantes y coyotes que medran con los derechos patrimoniales de quienes quedan desempleados.
Sobre las medidas de equidad de género, la inclusión y la no discriminación en las relaciones laborales, el análisis indica que se requiere de justicia laboral profesional, imparcial y expedita.
Señala que las juntas “ya no funcionan para impartir justicia”, pues en el sistema tripartito que proponen hay un representante gubernamental que asume una posición feudal, mientras los empresarios responden a sus propios intereses y los trabajadores muchas veces están bajo control de sindicatos corporativos.
El documento, dado a conocer por el diputado Francisco Hernández Juárez, líder de la presidencia colegiada de la UNT, señala que añadir regulaciones para la tramitación de las demandas de titularidad, así como requisitos para los emplazamientos a huelga y reglas para declarar la inexistencia de este tipo de movimientos “serían instrumentos adicionales para los gobiernos o para las juntas locales (de Conciliación y Arbitraje) o la federal a fin de controlar a los sindicatos”.
En cuanto a la propuesta de que se elimine el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina, el estudio señala:
“Sería la muerte anunciada de los sindicatos auténticos, que viven y funcionan de las cuotas de sus miembros, porque los sindicatos de protección, que son los que abundan, medran de las igualas patronales que les otorgan y poco les afectaría esta prohibición.”
Detalla que incluir nuevas modalidades de contratación individual afecta la estabilidad en el empleo, lo que es grave en un mercado de trabajo deprimido.
Además quienes pierden sus plazas quedan en plena indefensión porque las indemnizaciones de ley y los salarios vencidos, cuando se logran, por regla general no benefician a los trabajadores, sino que van a engrosar los bolsillos de la multitud de litigantes y coyotes que medran con los derechos patrimoniales de quienes quedan desempleados.
Sobre las medidas de equidad de género, la inclusión y la no discriminación en las relaciones laborales, el análisis indica que se requiere de justicia laboral profesional, imparcial y expedita.
Señala que las juntas “ya no funcionan para impartir justicia”, pues en el sistema tripartito que proponen hay un representante gubernamental que asume una posición feudal, mientras los empresarios responden a sus propios intereses y los trabajadores muchas veces están bajo control de sindicatos corporativos.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 2 de abril.
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