El secretario de Trabajo, Javier Lozano, sostuvo ayer que la propuesta de reforma laboral presentada por diputados panistas no provoca un retroceso de los derechos de los asalariados sino que, por el contrario, “adiciona nuevos beneficios”, por lo que la dependencia a su cargo se “encargará de desmentir a todos los medios de comunicación, sindicatos, especialistas y a todo aquel que señale que la iniciativa afectará a los trabajadores”, pues quien lo afirma lo hace porque no ha sabido leerla o por intereses oscuros.
Agregó que es falso que la reforma sea propatronal y atente contra el artículo 123 constitucional: “sólo le da la dimensión real a los preceptos de la Carta Magna”. En cambio, señaló que lo que sí se toca son los “privilegios” de que han gozado los sindicatos, y por eso es tan cuestionada “por algunos líderes”.
El secretario ofreció una conferencia de prensa en el Jueves Santo y una “barbacoa” a los medios de comunicación para dar a conocer y promocionar las “bondades” de dicho proyecto.
Aseveró que en este momento no tiene otra prioridad que no sea cabildear la iniciativa con todos los sectores para que ésta se “despolitice”, y consideró que el proyecto se aprobará, si no en este periodo legislativo, en el próximo.
Aseguró que el PAN no ha negociado esta reforma con el PRI ni con otros partidos, porque “no es una moneda de cambio”, y dijo estar optimista respecto de que los legisladores “sabrán limar diferencias políticas y la aprobarán”.
El funcionario insistió en que quienes han vertido opiniones contra el documento “o es porque no lo leyeron bien, por prejuicios o porque defienden sus intereses particulares”.
Añadió que la razón de que la iniciativa proponga que para estallar una huelga los sindicatos deberán fundamentar que hay violaciones contractuales es que algunos paros sólo “responden a los intereses de los dirigentes”.
Por lo anterior, la reforma plantea que pasados 60 días de una huelga, la parte patronal puede pedir la intervención de las juntas de Conciliación y Arbitraje para que determinen si hay violaciones, si hay razones jurídicas para que continúe el paro o si se debe levantar, pero eso “no violenta este derecho”.
También expuso que para demandar la titularidad de un contrato colectivo es necesario que un sindicato demuestre que una tercera parte de los trabajadores lo apoya, porque esta práctica se ha convertido en un “chantaje perverso”, en un “deporte nacional” de muchos gremios.
En cuanto a limitar a seis meses el pago de salarios caídos en el caso de huelgas prolongadas, comentó que se debe a que hay “abogados que se dedican a alargar artificialmente los conflictos porque sus honorarios dependen de ello”, y entre más dure un proceso, más cobran.
En otro tema, se refirió al anuncio que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas de que decenas de trabajadores iniciarán una huelga de hambre masiva: “sería muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esta naturaleza”, pero no hay marcha atrás en el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Agregó que es falso que la reforma sea propatronal y atente contra el artículo 123 constitucional: “sólo le da la dimensión real a los preceptos de la Carta Magna”. En cambio, señaló que lo que sí se toca son los “privilegios” de que han gozado los sindicatos, y por eso es tan cuestionada “por algunos líderes”.
El secretario ofreció una conferencia de prensa en el Jueves Santo y una “barbacoa” a los medios de comunicación para dar a conocer y promocionar las “bondades” de dicho proyecto.
Aseveró que en este momento no tiene otra prioridad que no sea cabildear la iniciativa con todos los sectores para que ésta se “despolitice”, y consideró que el proyecto se aprobará, si no en este periodo legislativo, en el próximo.
Aseguró que el PAN no ha negociado esta reforma con el PRI ni con otros partidos, porque “no es una moneda de cambio”, y dijo estar optimista respecto de que los legisladores “sabrán limar diferencias políticas y la aprobarán”.
El funcionario insistió en que quienes han vertido opiniones contra el documento “o es porque no lo leyeron bien, por prejuicios o porque defienden sus intereses particulares”.
Añadió que la razón de que la iniciativa proponga que para estallar una huelga los sindicatos deberán fundamentar que hay violaciones contractuales es que algunos paros sólo “responden a los intereses de los dirigentes”.
Por lo anterior, la reforma plantea que pasados 60 días de una huelga, la parte patronal puede pedir la intervención de las juntas de Conciliación y Arbitraje para que determinen si hay violaciones, si hay razones jurídicas para que continúe el paro o si se debe levantar, pero eso “no violenta este derecho”.
También expuso que para demandar la titularidad de un contrato colectivo es necesario que un sindicato demuestre que una tercera parte de los trabajadores lo apoya, porque esta práctica se ha convertido en un “chantaje perverso”, en un “deporte nacional” de muchos gremios.
En cuanto a limitar a seis meses el pago de salarios caídos en el caso de huelgas prolongadas, comentó que se debe a que hay “abogados que se dedican a alargar artificialmente los conflictos porque sus honorarios dependen de ello”, y entre más dure un proceso, más cobran.
En otro tema, se refirió al anuncio que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas de que decenas de trabajadores iniciarán una huelga de hambre masiva: “sería muy lamentable que tengan que recurrir a una medida de esta naturaleza”, pero no hay marcha atrás en el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 2 de abril.
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