Descalifican Gil Zuarth y Larios cifras ofrecidas por Gobernación


El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, en voz de Roberto Gil Zuarth y Héctor Larios Santillán, advirtió que los datos desglosados ayer por la Secretaría de Gobernación ‘‘no tienen ningún sustento y tampoco aportan una cifra oficial’’ sobre desaparición forzada de personas en el pasado sexenio. Insistieron en que lo expresado inicialmente por la subsecretaria Lía Limón se trató de ‘‘una declaración irresponsable’’.
La información que ayer se dio a conocer, insistió Gil, muestra que su base de datos (de Gobernación) se integra no sólo de averiguaciones previas, sino de registros de autoridades locales ministeriales sobre ‘‘personas no localizadas’’, por lo que en todo caso la responsabilidad sería de los gobernadores.
Los legisladores rechazaron que la intención del blanquiazul sea la de defender la gestión calderonista. No se busca exculpar al anterior gobierno, ‘‘porque no hay responsabilidad del presidente Felipe Calderón, en todo caso es de los gobernadores’’, señaló Larios.
La cifra, ‘‘irreal’’, afirman los senadoresInsistió en que es ‘‘irreal’’ señalar que hay 27 mil desapariciones forzadas y que incluso ‘‘en países en guerra o donde ha habido dictaduras, es decir, donde las autoridades los desaparecieron, los números son infinitamente menores a esa cifra que la funcionaria de Gobernación manejó de manera muy irresponsable’’.
Gil Zuarth dijo que el Partido Acción Nacional mantiene su exigencia de que la Secretaría de Gobernación haga pública la información sobre personas no localizadas y depure los registros oficiales, tal como mandata la recientemente promulgada Ley General de Víctimas.
Hizo notar que la base de datos que hizo pública Bucareli incluye averiguaciones sobre personas no localizadas de otros sexenios. Es decir, ‘‘puede haber casos de hace 20 años, cuando una persona se fue a Estados Unidos, no fue localizada y sus familiares lo que hicieron fue acudir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público’’.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, dijo que hay organizaciones no gubernamentales que dan una cifra mayor de desaparecidos, hasta de 30 mil, aunque recalcó que más allá de la guerra de cifras lo fundamental es atender el problema.
Para ello la legisladora propuso la integración del registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas y de la base nacional de información genética.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 27 de febrero.

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