Posee el gobierno lista de más de 26 mil ‘‘personas no localizadas’’

El gobierno federal informó ayer que posee una lista de 26 mil 121 ‘‘personas no localizadas’’, registro ‘‘elaborado por la administración anterior’’, con base en hechos ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
La mayor parte de los nombres (20 mil 915) se desprenden de averiguaciones previas, actas circunstanciadas o carpetas de investigación, mientras que del resto (5 mil 206) está pendiente su evaluación, precisó Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG).
Limón reveló la semana pasada que la Procuraduría General de la República (PGR) le había entregado a Gobernación una base de información con ‘‘más de 27 mil casos’’ de personas desaparecidas en México. Enseguida, el procurador Jesús Murillo Karam advertía que la búsqueda no sería fácil. ‘‘Lo vamos a intentar… Les dije a quienes nos han visitado, como deudos de este tipo de cuestiones: no me puedo comprometer a encontrarlos ni me puedo comprometer a encontrarlos vivos o muertos; les aseguro que a lo que sí me puedo comprometer es que haremos todo lo que está en nuestras manos’’, expresó.
El titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, había dicho antes que en el sexenio pasado hubo al menos 70 mil muertes –de hechos vinculados con el crimen. Seis días después, la subsecretaria Limón confirmó, con algunos matices, el tamaño de esta lista, la cual será depurada por la PGR, en coordinación con las procuradurías estatales de Justicia, por lo que descartó que exista una clasificación, por ejemplo, de desapariciones forzadas (con la participación de policías y/o militares), como lo denunció la organización internacional Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior –explicó la funcionaria– porque es probable que muchos de quienes acuden ante la autoridad a reportar a una persona ausente –por diversas causas, algunas vinculadas a la movilidad migratoria– ya no reportan ante las mismas instancias oficiales cuando encuentran a su familiar.
Fuentes gubernamentales indicaron que la presentación de la lista de desaparecidos ‘‘es un primer acercamiento’’ a la problemática y, de un análisis inicial y preliminar, se detectó a ‘‘cientos’’ de personas reportadas como ausentes, aunque en realidad se trata de personas que estuvieron o están en centros de reclusión.
Indicaron que en el cotejo se parte del concepto ‘‘personas no localizadas’’, pero hay por delante un trabajo arduo de actualización con las procuradurías estatales. Revelaron que la lista que el año pasado fue filtrada al periódico estadunidense The Washington Post ‘‘sí existió, pero la administración anterior consideró que era necesario mantenerla como documento confidencial, precisamente porque no era una lista depurada, cotejada’’.
Habrá que hacer el respectivo análisis –añadieron– con el Instituto Nacional de Migración (INM) para ampliar los hallazgos y destino de migrantes que transitaron durante el sexenio pasado por México y que posiblemente fueron víctimas de hechos vinculados a la trata de personas o a grupos de la delincuencia organizada.
Este martes, Limón reiteró que el origen de esta base de datos es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información de Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR, el cual se alimentó, a su vez, de información de las procuradurías estatales en el contexto de dos sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en 2011, así como del Encuentro Nacional de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores de Justicia, en septiembre de 2011.
Asimismo, de la quinta sesión ordinaria del Comité Técnico de Certeza Jurídica y Respeto de los Derechos Humanos, en septiembre de 2012, también con fundamento en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.
Tanto la subsecretaria Limón como el subsecretario de Normatividad de Medios de la SG, Eduardo Sánchez, presente en la conferencia de prensa, afirmaron que desconocen las fuentes de información del anterior titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Oscar Vega, quien desde el viernes rechazó la validez de la lista de ‘‘más de 27 mil’’ desaparecidos que ayer, no obstante, refrendó Gobernación.
Esta base de datos es pública desde la tarde de ayer y se puede ubicar en la página electrónica del SNSP. En este espacio no se difunden los nombres –por apego a la norma de protección de datos personales– y sólo se establecen los siguientes rubros:
Fecha de desaparición, hora de la misma, país en que ocurrió, entidad federativa, municipio, localidad, así como género de la víctima y señas particulares, como tatuajes.
La subsecretaria precisó que los mil 708 casos reportados por la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima) corresponden al número de expedientes de familiares de desaparecidos que ha atendido de manera directa esta instancia, la cual refrendó en un comunicado que de mil 734 servicios otorgados a familiares, 169 personas han sido localizadas, 75 por ciento con vida.
Limón aseveró que la administración actual ‘‘no prejuzga’’ el motivo de la ausencia de personas no localizadas y puntualizó que esta condición no necesariamente tiene que ver con hechos vinculados al crimen.
Subrayó que el principal interés del gobierno de Enrique Peña Nieto es la localización de las personas, más allá de las estadísticas.
‘‘Lo más importante para el gobierno de la República son las personas y tenemos muy claro que detrás de los datos estadísticos hay seres humanos que nos merecen respeto’’, dijo.
Anunció que se trabajará en protocolos de búsqueda con el apoyo de instancias nacionales e internacionales, en el contexto de convenios como el firmado la semana pasada con el Comité Internacional de la Cruz Roja o la propia Human Rights Watch, a la que pedirán –dijo– que comparta su base de datos.
Al final de la conferencia, en la que sólo se aceptaron cinco preguntas de reporteros, se le preguntó a la funcionaria si existe ya un reporte de desaparecidos registrados durante la actual administración, pero no hubo respuesta y se dio por concluida la rueda de prensa.

Fabiola Martínez, La Jornada, 27 de febrero.