Defensores de derechos humanos criticaron que el proyecto de dictamen sobre el conflicto social en Oaxaca de 2006 y 2007, elaborado por el ministro Mariano Azuela, omita señalar como responsables de actos violatorios a las garantías individuales al mandatario estatal, Ulises Ruiz Ortiz, y al ex presidente Vicente Fox.
Los directores de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga, y Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, así como el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, exhortaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a enmendar el proyecto de Azuela –quien sólo responsabiliza de los abusos a policías federales y estatales–, con la finalidad de que el caso no quede impunidad.
El abogado oaxaqueño Heraclio Bonilla calificó el dictamen de “intento desde la Suprema Corte de legitimar las medidas fascistoides que tanto el entonces presidente Vicente Fox como el gobernador Ulises Ruiz adoptaron en la solución” del conflicto.
Arriaga indicó que el Centro Prodh acreditó un “patrón” en las vulneraciones a derechos humanos en la que los tres órdenes de gobierno fueron consecuentes: “grupos parapoliciales armados, al servicio del gobierno del estado y vinculados al PRI, actuaron contra civiles (la mayoría integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca); hubo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública; la muerte de 26 personas; detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Miguel Concha señaló que el proyecto del ministro –que se discutirá en el pleno de la Corte a partir del próximo 13 de octubre– “es aberrante e inadmisible. Los policías no se mandan solos, reciben instrucciones. En el conflicto hubo presencia de corporaciones estatales y federales, cuyos altos mandos son el gobernador y el titular del Ejecutivo federal. Es impensable que éstos no sean responsables, sólo en un Estado anarquista los uniformados podrían mandarse solos”.
Por ello, demandó a la SCJN revisar cuidadosamente el dictamen, pues “de lo contrario sería penoso para ellos y para el país, tanto en México como a escala internacional, que determinen lo mismo que en el caso Atenco, donde no entraron a fondo y sólo se advirtieron violaciones a los derechos humanos pero no identificaron a los culpables”.
El presidente de la Limeddh tachó el proyecto de Azuela de “incongruente”.
Los directores de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Luis Arriaga, y Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, así como el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, exhortaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a enmendar el proyecto de Azuela –quien sólo responsabiliza de los abusos a policías federales y estatales–, con la finalidad de que el caso no quede impunidad.
El abogado oaxaqueño Heraclio Bonilla calificó el dictamen de “intento desde la Suprema Corte de legitimar las medidas fascistoides que tanto el entonces presidente Vicente Fox como el gobernador Ulises Ruiz adoptaron en la solución” del conflicto.
Arriaga indicó que el Centro Prodh acreditó un “patrón” en las vulneraciones a derechos humanos en la que los tres órdenes de gobierno fueron consecuentes: “grupos parapoliciales armados, al servicio del gobierno del estado y vinculados al PRI, actuaron contra civiles (la mayoría integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca); hubo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública; la muerte de 26 personas; detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Miguel Concha señaló que el proyecto del ministro –que se discutirá en el pleno de la Corte a partir del próximo 13 de octubre– “es aberrante e inadmisible. Los policías no se mandan solos, reciben instrucciones. En el conflicto hubo presencia de corporaciones estatales y federales, cuyos altos mandos son el gobernador y el titular del Ejecutivo federal. Es impensable que éstos no sean responsables, sólo en un Estado anarquista los uniformados podrían mandarse solos”.
Por ello, demandó a la SCJN revisar cuidadosamente el dictamen, pues “de lo contrario sería penoso para ellos y para el país, tanto en México como a escala internacional, que determinen lo mismo que en el caso Atenco, donde no entraron a fondo y sólo se advirtieron violaciones a los derechos humanos pero no identificaron a los culpables”.
El presidente de la Limeddh tachó el proyecto de Azuela de “incongruente”.
Emir Olivares y Alfredo Méndez, La Jornada, 7 de octubre.
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