Por lo anterior, la CDHDF seguirá insistiendo en las investigaciones en contra de los funcionarios públicos involucrados en el caso, y sobre todo que se deslinden las responsabilidades correspondientes, pues hasta el momento sólo está detenido el mando operativo del rescate Erasmo Castillo de la Rosa.
Sin embargo, faltan aquellos funcionarios que dieron la orden y avalaron las tareas sin tener un esquema de logística y coordinación.
Por la gravedad de las omisiones y encubrimiento, Isabel Miranda de Wallace, activista social, exigió que se sancione a los funcionarios públicos involucrados, pero no sólo por del delito de uso indebido del servicio público, sino por encubrimiento de un delito grave, complicidad en el plagio y homicidio de la empresaria.
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