El PRD en la Cámaras de Diputados y en el Senado presentó ayer su propuesta económica alternativa para 2010, que busca recaudar 550 mil millones de pesos, sin aumentar impuestos.
Para ello propone elevar en tres dólares el precio del barril de petróleo para quedar en 57 dólares, lo que significaría ingresos adicionales por alrededor de 25 mil millones de pesos, así como la aplicación de un déficit fiscal de 1.5 por ciento del PIB, que dará 180 mil millones de pesos más.
Plantea, también, recaudar 170 mil millones a través de la eliminación de Regímenes Especiales y otros 100 mil millones por recortes al gasto público, mientras que los restantes 75 mil millones serían producto de la aplicación de una tasa definitiva sobre dividendos.
El coordinador de la diputación federal perredista, Alejandro Encinas, fue el encargado de la presentación del programa, en el Salón Verde de San Lázaro, a donde acudieron su homólogo en el Senado, Carlos Navarrete, y el dirigente nacional de ese partido, Jesús Ortega Martínez.
Plantea la propuesta de desaparecer delegaciones de secretarías cuyo trabajo regional, señala, debería hacerse en coordinación con los gobiernos estatales, así como la eliminación de beneficios especiales a los servidores públicos de alto nivel como los seguros de separación y desempleo.
La reducción deberá ser adicional a un recorte de cinco por ciento de lo solicitado por órganos y poderes autónomos para el año 2010, añade.
También demanda gravar las ganancias bursátiles de las personas físicas con una tasa de dos por ciento, para propietarios de menos del 10 por ciento de acciones.
La propuesta demanda la incorporación al régimen de tributación a todas aquellas empresas “que se han aprovechado de los huecos legales” para no pagar; para lo cual plantean eliminar la consolidación fiscal y el diferimiento de impuestos, desaparecer los regímenes de excepción al transporte, al sector primario empresarial y a los grandes productores agropecuarios.
Según el planteamiento, la consolidación fiscal es un mecanismo previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que permite que un grupo de intereses económico comunes, es decir, varias empresas o negocios se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o “holding”, para que sean tratados como una sola empresa para el pago de impuestos.
Exige gravar las ganancias del capital, con una tasa adicional al pago de dividendos de las personas físicas, el impuesto a las herencias y hacer más rigurosos el régimen de causantes intermedios y mayores.
Para ello propone elevar en tres dólares el precio del barril de petróleo para quedar en 57 dólares, lo que significaría ingresos adicionales por alrededor de 25 mil millones de pesos, así como la aplicación de un déficit fiscal de 1.5 por ciento del PIB, que dará 180 mil millones de pesos más.
Plantea, también, recaudar 170 mil millones a través de la eliminación de Regímenes Especiales y otros 100 mil millones por recortes al gasto público, mientras que los restantes 75 mil millones serían producto de la aplicación de una tasa definitiva sobre dividendos.
El coordinador de la diputación federal perredista, Alejandro Encinas, fue el encargado de la presentación del programa, en el Salón Verde de San Lázaro, a donde acudieron su homólogo en el Senado, Carlos Navarrete, y el dirigente nacional de ese partido, Jesús Ortega Martínez.
Plantea la propuesta de desaparecer delegaciones de secretarías cuyo trabajo regional, señala, debería hacerse en coordinación con los gobiernos estatales, así como la eliminación de beneficios especiales a los servidores públicos de alto nivel como los seguros de separación y desempleo.
La reducción deberá ser adicional a un recorte de cinco por ciento de lo solicitado por órganos y poderes autónomos para el año 2010, añade.
También demanda gravar las ganancias bursátiles de las personas físicas con una tasa de dos por ciento, para propietarios de menos del 10 por ciento de acciones.
La propuesta demanda la incorporación al régimen de tributación a todas aquellas empresas “que se han aprovechado de los huecos legales” para no pagar; para lo cual plantean eliminar la consolidación fiscal y el diferimiento de impuestos, desaparecer los regímenes de excepción al transporte, al sector primario empresarial y a los grandes productores agropecuarios.
Según el planteamiento, la consolidación fiscal es un mecanismo previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que permite que un grupo de intereses económico comunes, es decir, varias empresas o negocios se agrupen y sean representados por una sociedad controladora o “holding”, para que sean tratados como una sola empresa para el pago de impuestos.
Exige gravar las ganancias del capital, con una tasa adicional al pago de dividendos de las personas físicas, el impuesto a las herencias y hacer más rigurosos el régimen de causantes intermedios y mayores.
Luciano Franco, Crónica, 13 de octubre.
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