La ampliación de la Iniciativa Mérida impondrá candados en derechos humanos aún más duros al Gobierno de Felipe Calderón, consideró ayer en Washington el ex Canciller Jorge G. Castañeda.
Luego de que la semana pasada Estados Unidos y México anunciaran su intención de aumentar los años y recursos dedicados a apoyar la lucha antidrogas, Castañeda advirtió que ello provocará que el Capitolio sea más vigilante de los abusos que se den en el marco del combate al narco.
"Si se quiere más dinero -que es lo que significa ahora la situación 'post-Mérida'- esto va a hacer aún más difícil (que el Gobierno de México) se salga con la suya", apuntó Castañeda durante una charla en la sede de la New American Foundation.
Apenas para sus dos primeros años, el Congreso de EU ha aprobado más de mil 100 millones de dólares en ayuda antidrogas a México de los alrededor de mil 400 millones de dólares acordados originalmente por los dos países en el 2007 para tres años.
"(México) quiere ampliarla, profundizarla y alargarla y quieren más dinero. Pues todo eso quizá sea posible y deseable, pero los condicionamientos de derechos humanos serán más y más duros. Y creo que correctamente", añadió Castañeda.
Según el lenguaje legislativo de la Iniciativa Mérida acordado por el Capitolio, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, debe entregar un reporte sobre los derechos humanos en México antes de que se libere el 15 por ciento de cada partida.
Sin embargo, Castañeda fue enfático en recalcar que a pesar de las quejas de la Administración del Presidente Calderón contra ellos, la redacción de los candados de derechos humanos en la Iniciativa Mérida fueron negociados por ellos mismos.
"Esto no fue impuesto por los estadounidenses a Calderón. Fue algo que de una manera libre fue aceptado por el Gobierno mexicano", añadió Castañeda resaltando la paradoja de las quejas de México sobre el monitoreo de los abusos.
"Ellos no quieren la vigilancia de derechos humanos desde el exterior. Ellos quieren el dinero, pero sin vigilancia. No es que vayan en contra de los derechos humanos, pero son un Gobierno mucho más priista", calificó el también analista.
Apenas en julio, organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) llamaron a Clinton a parar la entrega del reporte para liberar el 15 por ciento ante las denuncias de abusos por militares.
Reunidas en Nueva York en ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 26 de septiembre pasado, la Secretaria Clinton y la Canciller mexicana Patricia Espinosa, exploraron las formas en que la Iniciativa Mérida puede ser ampliada.
Luego de que la semana pasada Estados Unidos y México anunciaran su intención de aumentar los años y recursos dedicados a apoyar la lucha antidrogas, Castañeda advirtió que ello provocará que el Capitolio sea más vigilante de los abusos que se den en el marco del combate al narco.
"Si se quiere más dinero -que es lo que significa ahora la situación 'post-Mérida'- esto va a hacer aún más difícil (que el Gobierno de México) se salga con la suya", apuntó Castañeda durante una charla en la sede de la New American Foundation.
Apenas para sus dos primeros años, el Congreso de EU ha aprobado más de mil 100 millones de dólares en ayuda antidrogas a México de los alrededor de mil 400 millones de dólares acordados originalmente por los dos países en el 2007 para tres años.
"(México) quiere ampliarla, profundizarla y alargarla y quieren más dinero. Pues todo eso quizá sea posible y deseable, pero los condicionamientos de derechos humanos serán más y más duros. Y creo que correctamente", añadió Castañeda.
Según el lenguaje legislativo de la Iniciativa Mérida acordado por el Capitolio, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, debe entregar un reporte sobre los derechos humanos en México antes de que se libere el 15 por ciento de cada partida.
Sin embargo, Castañeda fue enfático en recalcar que a pesar de las quejas de la Administración del Presidente Calderón contra ellos, la redacción de los candados de derechos humanos en la Iniciativa Mérida fueron negociados por ellos mismos.
"Esto no fue impuesto por los estadounidenses a Calderón. Fue algo que de una manera libre fue aceptado por el Gobierno mexicano", añadió Castañeda resaltando la paradoja de las quejas de México sobre el monitoreo de los abusos.
"Ellos no quieren la vigilancia de derechos humanos desde el exterior. Ellos quieren el dinero, pero sin vigilancia. No es que vayan en contra de los derechos humanos, pero son un Gobierno mucho más priista", calificó el también analista.
Apenas en julio, organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) llamaron a Clinton a parar la entrega del reporte para liberar el 15 por ciento ante las denuncias de abusos por militares.
Reunidas en Nueva York en ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas el 26 de septiembre pasado, la Secretaria Clinton y la Canciller mexicana Patricia Espinosa, exploraron las formas en que la Iniciativa Mérida puede ser ampliada.
José Díaz Briseño corresponsal, Reforma, 2 de octubre.
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