Guanajuato, Gto., 2 de octubre. El noveno Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores de Justicia del país acordó trabajar de manera conjunta e “intensificar la colaboración”; sin embargo, procuradores e impartidores de justicia del país reclamaron al gobierno federal la falta de apoyos económicos para poner en marcha proyectos como el nuevo sistema penal y también la infraestructura necesaria para los juicios por narcomenudeo en los estados.
El procurador de Hidalgo, Renato Sales, informó que durante el encuentro, tanto los procuradores de justicia como los presidentes de tribunales hicieron hincapié en la necesidad de contar con recursos para aplicar las reformas en materia de justicia, debido a que a las autoridades de los estados se les han agregado nuevas responsabilidades, pero no se les ha apoyado para crear la infraestructura.
José Castillo Ambriz, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, reconoció que durante esta reunión los encargados de impartir justicia consideraron que “no es posible que tengamos las facultades para conocer en este momento” de delitos como el narcomenudeo.
El también presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México señaló que “hay una falta de interpretación de la norma”, pues aseguró que los artículos transitorios dan plazo hasta de un año para que las autoridades locales adecuen sus legislaciones para perseguir y sancionar a quienes cometan delitos en materia de venta de drogas al menudeo.
Durante la lectura de conclusiones se informó que los procuradores e impartidores de justicia consideraron necesario que se generen “consensos sobre la competencia de tribunales locales en materia de narcomenudeo”, expresaron que existe la necesidad de contar “con la infraestructura necesaria y la utilización de la mejor tecnología para afrontar los nuevos retos”.
Entre los acuerdos alcanzados está el planteamiento de elaborar un “código modelo en materia de juicios orales, que sustente el sistema procesal penal acusatorio”, crear una “comisión para la preparación de un plan general de acción que permita instrumentar las recientes reformas en materia de narcomenudeo”; y antes de poner en marcha los llamados Centro de Operación Estratégica, se van a “conformar grupos interinstitucionales de trabajo en cada estado”, para que se “establezcan criterios homogéneos de actuación ministerial y judicial en materia de narcomenudeo”.
La magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, señaló que se envió un exhorto al Congreso de la Unión para que expida la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y mencionó, sin dar cifras específicas, que “hay una preocupante incidencia de los adolescentes en delitos relacionados con los grupos de la delincuencia organizada, y por ello la demanda de todos los tribunales superiores y de las procuradurías es que esto sea atendido legislativamente para tener una justicia más eficaz, más efectiva y evitar estas expresiones de impunidad que en muchas ocasiones se generan”.
El procurador de Hidalgo, Renato Sales, informó que durante el encuentro, tanto los procuradores de justicia como los presidentes de tribunales hicieron hincapié en la necesidad de contar con recursos para aplicar las reformas en materia de justicia, debido a que a las autoridades de los estados se les han agregado nuevas responsabilidades, pero no se les ha apoyado para crear la infraestructura.
José Castillo Ambriz, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, reconoció que durante esta reunión los encargados de impartir justicia consideraron que “no es posible que tengamos las facultades para conocer en este momento” de delitos como el narcomenudeo.
El también presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México señaló que “hay una falta de interpretación de la norma”, pues aseguró que los artículos transitorios dan plazo hasta de un año para que las autoridades locales adecuen sus legislaciones para perseguir y sancionar a quienes cometan delitos en materia de venta de drogas al menudeo.
Durante la lectura de conclusiones se informó que los procuradores e impartidores de justicia consideraron necesario que se generen “consensos sobre la competencia de tribunales locales en materia de narcomenudeo”, expresaron que existe la necesidad de contar “con la infraestructura necesaria y la utilización de la mejor tecnología para afrontar los nuevos retos”.
Entre los acuerdos alcanzados está el planteamiento de elaborar un “código modelo en materia de juicios orales, que sustente el sistema procesal penal acusatorio”, crear una “comisión para la preparación de un plan general de acción que permita instrumentar las recientes reformas en materia de narcomenudeo”; y antes de poner en marcha los llamados Centro de Operación Estratégica, se van a “conformar grupos interinstitucionales de trabajo en cada estado”, para que se “establezcan criterios homogéneos de actuación ministerial y judicial en materia de narcomenudeo”.
La magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, señaló que se envió un exhorto al Congreso de la Unión para que expida la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y mencionó, sin dar cifras específicas, que “hay una preocupante incidencia de los adolescentes en delitos relacionados con los grupos de la delincuencia organizada, y por ello la demanda de todos los tribunales superiores y de las procuradurías es que esto sea atendido legislativamente para tener una justicia más eficaz, más efectiva y evitar estas expresiones de impunidad que en muchas ocasiones se generan”.
Gustavo Castillo y Carlos García, La Jornada, 3 de octubre.
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