Tampico, Tamps., 23 de octubre. Ante rectores de todo el país, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, reconoció que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 se recortaron al menos 7 mil millones de pesos, lo que afecta tanto recursos ordinarios como extraordinarios de universidades públicas federales y estatales. Sin embargo, los llamó a mantener la unidad y la confianza, pues advirtió que en tiempos de incertidumbre la “duda es mala consejera y también causante de recelos y desencuentros”.
Tras participar en la inauguración de la cuadragésima asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que felicitó a la UNAM por la entrega del premio Príncipe de Asturias, afirmó que serán las fracciones legislativas en el Congreso de la Unión las que podrán corregir las insuficiencias presupuestales para el sector y confió en que “sabrán brindar el apoyo que requieren las instituciones de educación superior”.
Señaló que en la iniciativa presupuestal del gobierno calderonista se redujeron en 2 mil millones los fondos ordinarios a universidades públicas estatales y 5 mil millones de pesos adicionales a programas extraordinarios, a pesar de que reconoció que éstos se han traducido en “impactos importantes” para fortalecer matrícula, plantilla docente, cuerpos de investigación, gasto por alumno y sistemas de pensiones.
Le replicó Enrique del Val, coordinador de Planeación de la UNAM, al señalar que es una “contradicción decir lo valioso que son los fondos, pero no destinarles mayores recursos, por lo que nos preguntamos ¿cómo podemos hablar de confianza si le recortaron 7 mil millones de pesos a la educación superior?”
Recordó que el proyecto de presupuesto para el sector educativo lo elabora la Secretaría de Educación Pública y “lo manda a la Cámara de Diputados, pero el gobierno federal envía un presupuesto reducido, como dice el propio subsecretario. El apoyo se debe demostrar en los hechos y no en el discurso, pues por segundo año mandan un presupuesto reducido para educación superior que obliga a los rectores a tener que ir a cabildear con los diputados”.
En tanto, rectores de universidades estatales señalaron que a unos días de haber sostenido un encuentro con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, donde “se nos dijo claramente que cada quien tenía que hacer su parte en el cabildeo, nosotros en la Cámara de Diputados, y la SEP ante Hacienda, pero sin establecer ninguna solución clara”, vamos a seguir impulsando que se entreguen mayores recursos, pues, de lo contrario, “no sólo se cae una inversión de tres años; representaría que muchas instituciones simplemente se queden vegetando, sin avanzar en calidad, matrícula ni excelencia docente”.
Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, afirmó que “hoy quedó claro en la reunión que es la SEP quien presenta evidencia de que los fondos extraordinarios sí tienen resultados y no se han convertido en un barril sin fondo del presupuesto, por lo que llevaremos estos datos ante la Cámara de Diputados”.
En tanto, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, aseguró que “hemos dado muestras claras de que invertir en educación sí da resultados, pero no se ve reflejado en el presupuesto, por lo que propusimos que los rectores se organicen en cada entidad para salir a defender la educación superior pública, por lo que no descartamos ningún tipo de acción”.
Rafael López Castañares, secretario general de ANUIES, afirmó que continuarán con las acciones de cabildeo para impulsar un reajuste presupuestal por 14 mil millones de pesos para educación superior, aunque, enfatizó, “será una tarea conjunta de todas las universidades, incluida la UNAM”.
En su discurso, Tuirán Gutiérrez reconoció que cualquier reducción o eventual desaparición de los fondos ordinarios o extraordinarios “pondría en riesgo proyectos estratégicos” de las universidades públicas, y destacó que a tres años de iniciada la operación de los fondos extraordinarios se han alcanzado metas como un aumento en 35 mil espacios educativos por año con el Fondo de Ampliación de Matrícula.
El Fondo para el Modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario, conocido como Fórmula Cupia, “mejoró los indicadores de docencia e investigación, que fue de 17 y 15 por ciento, respectivamente”, en tanto que el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero, afirmó, “ayudó a cancelar cerca de 59 por ciento los pasivos de las universidades públicas estatales con subsidio federal por alumnos por debajo de la media y a reducir las brechas de financiamiento entre esas instituciones en alrededor de 10 por ciento”.
El Fondo de Apoyo a las Reformas Estructurales, agregó, también contribuyó a aplicar reformas a los sistemas de pensiones que se tradujo en una importante reducción de pasivos contingentes, de cerca de 226 mil millones de pesos, y la generación de un ahorro “considerable para las instituciones, por cerca de 336 mil millones de pesos, pues por cada peso invertido en este programa, se tuvo un ahorro promedio de 50 pesos”, mientras que el Fondo para el Reconocimiento de la plantilla docente, permitió regularizar a 25 mil trabajadores de las universidades públicas estatales, lo que les permitió reducir su gasto de operación en más de 20 por ciento.
Tras participar en la inauguración de la cuadragésima asamblea ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en la que felicitó a la UNAM por la entrega del premio Príncipe de Asturias, afirmó que serán las fracciones legislativas en el Congreso de la Unión las que podrán corregir las insuficiencias presupuestales para el sector y confió en que “sabrán brindar el apoyo que requieren las instituciones de educación superior”.
Señaló que en la iniciativa presupuestal del gobierno calderonista se redujeron en 2 mil millones los fondos ordinarios a universidades públicas estatales y 5 mil millones de pesos adicionales a programas extraordinarios, a pesar de que reconoció que éstos se han traducido en “impactos importantes” para fortalecer matrícula, plantilla docente, cuerpos de investigación, gasto por alumno y sistemas de pensiones.
Le replicó Enrique del Val, coordinador de Planeación de la UNAM, al señalar que es una “contradicción decir lo valioso que son los fondos, pero no destinarles mayores recursos, por lo que nos preguntamos ¿cómo podemos hablar de confianza si le recortaron 7 mil millones de pesos a la educación superior?”
Recordó que el proyecto de presupuesto para el sector educativo lo elabora la Secretaría de Educación Pública y “lo manda a la Cámara de Diputados, pero el gobierno federal envía un presupuesto reducido, como dice el propio subsecretario. El apoyo se debe demostrar en los hechos y no en el discurso, pues por segundo año mandan un presupuesto reducido para educación superior que obliga a los rectores a tener que ir a cabildear con los diputados”.
En tanto, rectores de universidades estatales señalaron que a unos días de haber sostenido un encuentro con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, donde “se nos dijo claramente que cada quien tenía que hacer su parte en el cabildeo, nosotros en la Cámara de Diputados, y la SEP ante Hacienda, pero sin establecer ninguna solución clara”, vamos a seguir impulsando que se entreguen mayores recursos, pues, de lo contrario, “no sólo se cae una inversión de tres años; representaría que muchas instituciones simplemente se queden vegetando, sin avanzar en calidad, matrícula ni excelencia docente”.
Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, afirmó que “hoy quedó claro en la reunión que es la SEP quien presenta evidencia de que los fondos extraordinarios sí tienen resultados y no se han convertido en un barril sin fondo del presupuesto, por lo que llevaremos estos datos ante la Cámara de Diputados”.
En tanto, Raúl Arias Lovillo, rector de la Universidad Veracruzana, aseguró que “hemos dado muestras claras de que invertir en educación sí da resultados, pero no se ve reflejado en el presupuesto, por lo que propusimos que los rectores se organicen en cada entidad para salir a defender la educación superior pública, por lo que no descartamos ningún tipo de acción”.
Rafael López Castañares, secretario general de ANUIES, afirmó que continuarán con las acciones de cabildeo para impulsar un reajuste presupuestal por 14 mil millones de pesos para educación superior, aunque, enfatizó, “será una tarea conjunta de todas las universidades, incluida la UNAM”.
En su discurso, Tuirán Gutiérrez reconoció que cualquier reducción o eventual desaparición de los fondos ordinarios o extraordinarios “pondría en riesgo proyectos estratégicos” de las universidades públicas, y destacó que a tres años de iniciada la operación de los fondos extraordinarios se han alcanzado metas como un aumento en 35 mil espacios educativos por año con el Fondo de Ampliación de Matrícula.
El Fondo para el Modelo de Asignación al Subsidio Federal Ordinario, conocido como Fórmula Cupia, “mejoró los indicadores de docencia e investigación, que fue de 17 y 15 por ciento, respectivamente”, en tanto que el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero, afirmó, “ayudó a cancelar cerca de 59 por ciento los pasivos de las universidades públicas estatales con subsidio federal por alumnos por debajo de la media y a reducir las brechas de financiamiento entre esas instituciones en alrededor de 10 por ciento”.
El Fondo de Apoyo a las Reformas Estructurales, agregó, también contribuyó a aplicar reformas a los sistemas de pensiones que se tradujo en una importante reducción de pasivos contingentes, de cerca de 226 mil millones de pesos, y la generación de un ahorro “considerable para las instituciones, por cerca de 336 mil millones de pesos, pues por cada peso invertido en este programa, se tuvo un ahorro promedio de 50 pesos”, mientras que el Fondo para el Reconocimiento de la plantilla docente, permitió regularizar a 25 mil trabajadores de las universidades públicas estatales, lo que les permitió reducir su gasto de operación en más de 20 por ciento.
Laura Poy Solano, La Jornada, 24 de octubre.
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