La organización Sin Fronteras criticó que la nueva Ley para Refugiados y Protección Complementaria no contemple alternativas a la detención de personas solicitantes de asilo, y no se establezcan de manera clara los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación para obtener o perder este beneficio; aunque aceptó que la norma representa un avance para garantizar los derechos de este sector.
El miércoles pasado el presidente Calderón promulgó la ley, que incluye aspectos novedosos como el que los perseguidos en su país de origen por cuestiones de género —como la preferencia sexual— puedan pedir asilo en México, además de que quienes no puedan recibir este beneficio ya que no serán entregados a un país donde peligre su vida o libertad.
La norma establece que no será sancionado quien sea perseguido en su país de origen e ingrese a territorio mexicano de forma irregular; así como los principios del interés superior del niño, la unidad familiar, el derecho al trabajo, acceso a la salud y a la educación.
Sin Fronteras emitió un comunicado en el que reconoce que la ley “es un paso importante para garantizar que este colectivo sea tratado como sujeto de derecho y no objeto de la compasión del estado”.
No obstante, la organización expresó: “Lamentamos que en la Ley no se contemplen de manera adecuada alternativas a la detención de personas solicitantes de asilo, y que no se establezcan de manera clara los principios del debido proceso que orientarán los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación de la condición de refugiado”
El miércoles pasado el presidente Calderón promulgó la ley, que incluye aspectos novedosos como el que los perseguidos en su país de origen por cuestiones de género —como la preferencia sexual— puedan pedir asilo en México, además de que quienes no puedan recibir este beneficio ya que no serán entregados a un país donde peligre su vida o libertad.
La norma establece que no será sancionado quien sea perseguido en su país de origen e ingrese a territorio mexicano de forma irregular; así como los principios del interés superior del niño, la unidad familiar, el derecho al trabajo, acceso a la salud y a la educación.
Sin Fronteras emitió un comunicado en el que reconoce que la ley “es un paso importante para garantizar que este colectivo sea tratado como sujeto de derecho y no objeto de la compasión del estado”.
No obstante, la organización expresó: “Lamentamos que en la Ley no se contemplen de manera adecuada alternativas a la detención de personas solicitantes de asilo, y que no se establezcan de manera clara los principios del debido proceso que orientarán los procedimientos de reconocimiento, cesación y revocación de la condición de refugiado”
Silvia Otero, EL Universal, 28 de enero.
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