Presentan las FARC 10 propuestas agrarias ante el gobierno colombiano

La Habana, 18 de febrero. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentaron hoy 10 propuestas sobre el tema agrario para “garantizar la soberanía alimentaria y el bien vivir de la población”, al iniciar aquí la sexta ronda del diálogo de paz iniciado hace más de tres meses.
Las FARC plantearon el diseño de un Programa Especial de Hambre Cero con recursos del presupuesto, equivalente al uno por ciento del producto interno bruto y proveniente de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa.
Con el programa, “la erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza se convertirán de inmediato en política prioritaria del Estado”, explicaron las FARC en un comunicado.
Indicaron que el programa debe partir de la definición de una canasta básica de alimentos, del estímulo a la producción y de la adjudicación gratuita de tierra a campesinos.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo rebelde discuten cinco grandes temas, de los cuales el agrario es el primero de la agenda, que incluye además garantías para la participación en política, fin del conflicto, lucha contra el narcotráfico y la compensación a las víctimas.
El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, reiteró anoche que “para lograr el fin del conflicto armado en Colombia es fundamental el tema del campo y su transformación”, como lo ha dicho el presidente Santos.
La delegación del gobierno no emitió declaraciones en cuanto a la propuesta agraria.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que mantiene en su poder al ingeniero canadiense Jernoc Wobert, capturado el 18 de enero junto a dos peruanos y tres colombianos durante una incursión en la compañía minera Geo Explorer, de capital canadiense, en la serranía de San Lucas, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar.
En un comunicado divulgado en su página de Internet, los rebeldes señalaron que la decisión se tomó tras liberar el pasado viernes a un grupo de trabajadores peruanos y colombianos, y lamentaron que títulos de esa región colombiana, que originalmente fueron concedidos a las comunidades de mineros tradicionales que viven allí, hayan terminado, por medio de la corrupción, “en manos” de la empresa canadiense, con sede en Toronto, que empleó al ingeniero y lo envió a Colombia.

La Jornada, 19 de febrero.