La querella, de la cual tiene copia La Jornada, es contra Ernesto Cordero Arroyo, titular de la Sedeso, y contra otros funcionarios de esa dependencia, entre ellos Humberto Aldaz, delegado en Oaxaca.
También implica a Martha Joaquín Rojas, candidata a diputada federal suplente postulada por el PAN en el distrito electoral 10, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz.
En la denuncia, el representante del IFE refiere que se dijo a los beneficiarios del programa social, promovido por el gobierno federal para ayudar a ancianos por conducto de la Sedeso, que Cordero y Aldaz “dieron instrucciones precisas para bajar los apoyos de este programa a los beneficiarios”.
El denunciante refirió que el pasado 22 de mayo, en el auditorio municipal del centro de la ciudad de Miahuatlán, “se llevó a cabo un evento de carácter oficial, convocado por la delegación de la Sedeso en Oaxaca, dirigido a los beneficiarios del programa Setenta y Más”. Agregó que allí “se pidió el voto a favor de los candidatos del PAN”.
Cortés López pidió a la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que inicie una averiguación previa contra los presuntos responsables y en su momento ejercite acción penal contra ellos.
Estos delitos electorales, que constan en los artículos 403 y 407 del Código Penal Federal, señalan penalidades de entre seis meses y nueve años de prisión, además de la inhabilitación hasta por cinco años para ocupar cargos públicos a los funcionarios que resulten culpables.
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