El chofer de la Coordinadora Estatal de la Sierra Tarahumara, Rubén Antonio Prieto Ballesteros, de 57 años, conducía su unidad oficial por la carretera Parral-Guadalupe y Calvo, cuando fue sorprendido por asesinos profesionales mientras cruzaba un puente conocido como Río Verde, la madrugada del 9 de octubre de 2008. Él y su acompañante murieron con descargas de R-15.
En enero de este año, otro grupo armado con fusiles de asalto interceptó una camioneta de valores que trasladaba a funcionarios y dinero en efectivo del programa Oportunidades, en el municipio aledaño de Balleza. Los despojaron de 380 mil pesos.
Delincuentes organizados han consumado otros 50 atracos similares en la misma zona, entre enero de 2008 y junio de 2009, de acuerdo con informes de la delegación en Chihuahua de la Secretaría de Desarrollo Social.
La Auditoría Superior del Gobierno en ese estado abortó en mayo la fiscalización de recursos ejercidos por los ayuntamientos de Galeana y Namiquipa, en la región noroeste, al sentirse intimidados por la presencia de grupos criminales, dice un despacho del diario El Heraldo.
En Durango, la delegación de la Sedesol recurrió a estrategias para proteger a sus trabajadores. José Ángel Garrido, vocero de la dependencia, dice que las incursiones a municipios con alta presencia de narcotraficantes son custodiadas por agentes estatales y municipales desde 2007.
La custodia no garantiza seguridad, señala, y por ello redujeron el número de sedes 20% este año: de 323 puntos de visita asistencial quedan 260.
La fuerte tensión impuesta por el crimen organizado ha hecho tomar medidas precautorias en las delegaciones de Michoacán y Guerrero. En ninguno de ellos se tiene registro de ataques, pero los brigadistas exigen rótulos e identificaciones visibles para reducir esa posibilidad, refieren portavoces.
Bajo condiciones adversas, maestros y médicos de gobierno sufren agresiones y despojos en pueblos y ciudades de Sinaloa, Jalisco, Baja California y Sonora. Muchos de ellos decidieron abandonar sus funciones al verse acorralados por delincuentes sin que medie intervención de autoridades policiacas.
La recuperación de zonas bajo dominio de la delincuencia organizada fue propuesta desde septiembre por el gobierno federal, y en mayo pasado la Secretaría de Gobernación presentó el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, en el que ratifica ese compromiso. En los hechos, sin embargo, el rescate no llega.
Control criminal
Chihuahua mantiene un corredor de la droga de casi 800 kilómetros, desde el extremo sur hasta su frontera con Nuevo México y Texas. Los municipios de la Sierra Tarahumara, la alta y baja Babícora, llevan años bajo dominio de narcotraficantes y secuestradores, pero la violencia recrudeció desde 2007, dice el diputado local por el PRD, Víctor Quintana.
“El Estado mantuvo en abandono a todos estos municipios durante años; se los concesionó prácticamente al crimen organizado”, acusa.
Las consecuencias de tal olvido son graves. Chihuahua encabeza desde hace año y medio la lista de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada —casi la tercera parte del total— e igual ocurre con el secuestro y la extorsión. De acuerdo con Quintana, poblados y cabeceras municipales de la zona registran desplazamientos por el miedo de hasta 50%, y en ese contexto programas gubernamentales han sido trastocados.
“Hay municipios donde la situación es muy delicada por la presencia de los sicarios. Las zonas rurales de Madera, Namiquipa, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, en el noroeste, son un gran desafío para cualquier funcionario. Y en el sur, en Carichí, Bocoyna, Urique, Morelos, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Parral y Balleza tienen la m isma situación: hace una semana asesinaron a un compañero de la Comisión Nacional Forestal”.
Es una violencia difícil de evadir, dice Aída Holguín, vocera de la delegación estatal de la Sedesol. Brigadas de programas como Diconsa, Liconsa, Oportunidades y 70 y más, requieren custodia de militares para operar con relativa seguridad. Aún así, durante 2008 sufrieron asaltos en 33 ocasiones, y este año llevan otros 18.
Sus desplazamientos han quedado igualmente acotados por grupos criminales, informa Holguín.
“En alguna ocasión tuvimos problemas cuando empezamos con el programa Piso Firme. Para ello se requiere el levantamiento de cédulas de información socioeconómicas, y se presentó el caso de que interceptaron a parte de los promotores que andaban levantando esas cédulas. Les dijeron (los pistoleros) que de ese tramo en adelante no les permitirían pasar”.
Algunas rutas de repartición de dinero destinado para el programa 70 y más, que se otorga a adultos mayores en condiciones de miseria, también fueron modificadas por efectos de la violencia. Con ello, dice la vocera, “se perjudica al beneficiario porque tiene que trasladarse más horas a pie, o en lo que anden, porque el punto de pago obviamente les queda más lejano”.
La instrucción que se ha dado a los promotores para proteger en lo posible su integridad es que no se resistan al asalto y que entreguen el vehículo en caso de que se los exijan.
La amenaza no ocurre únicamente en zonas remotas de Chihuahua. En Ciudad Juárez, por ejemplo, una brigada del programa Oportunidades fue encañonada con fusiles AK-47, al adentrarse en una colonia popular llamada Revolución Mexicana, informó a EL UNIVERSAL en abril Salvador Escobedo Zoletto, su coordinador nacional.
Ya sea en pueblos o ciudades, la fuerza criminal impone condiciones.
Instructores huyen
La comunidad de Puertecitos, dentro del municipio de Ensenada, es un “un lugar pequeño de unos cuantos cientos de casas con una vista espectacular al mar de Cortés”, de acuerdo con la página de internet de la Secretaría de Turismo. Su realidad, empero, la domina el crimen.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la considera zona de alto riesgo para su equipo de instructores comunitarios. La razón: está dominada por narcotraficantes que los presionan y amenazan hasta adherirlos a su organización o expulsarlos del pueblo.
En abril pasado, uno de esos instructores huyó tras sentirse amenazado por los delincuentes.
“En este tipo de comunidades es muy peligroso estar como instructor comunitario porque no tienes protección, no tienes nada: no hay seguridad, no hay autoridad, ¡no hay nada!”, cuenta uno de ellos en entrevista telefónica que acepta bajo condición de anonimato.
En Puertecitos permaneció seis meses, desde octubre de 2008. El día que decidió irse fue porque hombres armados lo sacaron a él y a su grupo de estudiantes del salón de clases. “Me sacaron porque se tomaron problemas como personales, pero nosotros no teníamos nada qué ver”, dice.
Lo que los narcos tomaron como asunto personal fue la negativa del instructor para sumarse a la agrupación como vendedor de droga.
Otros municipios de Baja California ofrecen historias similares.
“Tijuana está catalogada como la ciudad de mayor riesgo. Ahí hemos tenido algunos casos como robo, asalto a mano armada y sobre todo amenaza de gente de las localidades hacia los instructores”, dice Lorena Gómez, coordinadora de logística del Conafe en la entidad.
Lo mismo sucede en Sinaloa. Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato entrañan riesgos mayores para maestros, según Alfredo López, coordinador operativo en el estado del Programa Nacional Escuela Segura.
En ellos, cuenta, se trabaja entre “pandillerismo, robo, presencia de bandas delictivas y narcomenudeo”.
El programa Escuelas Seguras tiene 15 mil 568 escuelas participantes. Dicha cobertura se planeó, según sus Reglas de Operación, considerando la ubicación de los 150 municipios de mayor incidencia delictiva dentro de las 32 entidades federativas. Se encuentran entre ellos los siete estados que el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad AC (ICESI) cataloga en su Índice Nacional de Seguridad (2009) como los más preocupantes: Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Oaxaca y estado de México.
Sinaloa, según una encuesta realizada por la coordinación estatal de Escuela Segura, muestra que de mil 926 expedientes, 858 (44.54%) considera que la zona donde se ubica su escuela es no segura, 792 (41.12%) regularmente segura y 235 (12.20%) como segura.
La percepción de inseguridad no es gratuita. Y eso lo saben médicos y practicantes que se adentran en esas zonas sin control del gobierno.
Visitas de doctor
En Sinaloa hay 250 comunidades de difícil acceso. Casi todas con alta presencia de delincuencia organizada. La cobertura médica, afirma Olga Martínez Sandoval, subdirectora de prevención de enfermedades de la entidad, es total, aunque ello conlleva muchos riesgos.
A las zonas de alta presencia delictiva ingresan por helicóptero. El personal de salud llega a su servicio, termina y aborda nuevamente la aeronave. “Tratan de permanecer el menor tiempo posible dentro de esas localidades”, señala Martínez Sandoval.
La enfermera de Campañas de Salud en Sinaloa, Benita Muñoz, refiere que acuden a dichas comunidades con todas las precauciones debidas: cuidan de ir perfectamente identificados con insignias y colores de la Secretaría de Salud, porque es la única forma, sostiene, en que se les respeta y cuida.
En Michoacán, autoridades médicas tomaron la decisión de evitar municipios con alta presencia del crimen organizado. De ellas se encarga el Ejército, dice Cirilo Pineda, coordinador de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia en ese estado.
Zitácuaro, Apatzingán y Tierra Caliente, afirma, “son zonas tan peligrosas que resulta difícil adivinar cómo es que hay gente viviendo ahí”.
Focos amarillos
En Chihuahua la amenaza del crimen organizado trasciende programas de salud, educación y desarrollo social. El diputado Víctor Quintana dice que los ciudadanos se mantendrán en casa el 5 de julio, no por un desencanto por la política, sino por miedo.
La manifestación del “Estado fallido” puede verse en buena parte de los municipios del noroeste y el suroeste, afirma el legislador. Y en ellos, por lo tanto, es difícil proceder no solamente con ayudas gubernamentales, sino con ejercicios estratégicos como los conteos del INEGI o la capacitación de funcionarios electorales, por ejemplo.
“Ahí, la presencia de gente externa es vista de una manera hosca por los operadores de los cárteles”, resume.
El IFE lo niega
“No hay zonas en las que digamos que va a pasar algo: no tenemos una situación así”, sostiene Marco Antonio Baños Martínez, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Admite que el panorama real sólo se apreciará en toda su dimensión el 5 de julio, y que en todo caso hoy sólo puede hablarse de “focos amarillos” en aquellos lugares en los que los propios ciudadanos capacitados conocen muy bien su entorno y saben cómo están las cosas.
En ese caso, dice, “les hemos instruido para estar en contacto permanente y que nos reporten en todo momento cómo van las cosas, y si llegara a haber problemas nos coordinaremos para tomar las decisiones correspondientes”.
En mayo, Edmundo Jacobo Molina entregó al IFE un informe sobre las acciones para blindar el proceso electoral federal 2008-2009.
En él se reportaba “un total de 7 mil 351 secciones consideradas por el IFE como de atención especial”.
El documento indicaba que entre las causas para considerar a las secciones como de “atención especial”, figuraban las relacionadas con problemas asociados a la seguridad pública, “que ponen en riesgo la integridad física del capacitador electoral o que afectan las actividades de los ciudadanos insaculados”.
Los entrevistados coinciden en que el aumento del poder del crimen organizado es consecuencia de una estrategia de gobierno equivocada para hacer frente al crimen organizado, “porque los soldados no están garantizando seguridad, sino aterrorizando a la gente, que se llevan sin orden de aprehensión… Y así no se recuperan las zonas perdidas”. (Con información de Alonso Pérez, Sara Arellano y Evangelina Hernández)
En enero de este año, otro grupo armado con fusiles de asalto interceptó una camioneta de valores que trasladaba a funcionarios y dinero en efectivo del programa Oportunidades, en el municipio aledaño de Balleza. Los despojaron de 380 mil pesos.
Delincuentes organizados han consumado otros 50 atracos similares en la misma zona, entre enero de 2008 y junio de 2009, de acuerdo con informes de la delegación en Chihuahua de la Secretaría de Desarrollo Social.
La Auditoría Superior del Gobierno en ese estado abortó en mayo la fiscalización de recursos ejercidos por los ayuntamientos de Galeana y Namiquipa, en la región noroeste, al sentirse intimidados por la presencia de grupos criminales, dice un despacho del diario El Heraldo.
En Durango, la delegación de la Sedesol recurrió a estrategias para proteger a sus trabajadores. José Ángel Garrido, vocero de la dependencia, dice que las incursiones a municipios con alta presencia de narcotraficantes son custodiadas por agentes estatales y municipales desde 2007.
La custodia no garantiza seguridad, señala, y por ello redujeron el número de sedes 20% este año: de 323 puntos de visita asistencial quedan 260.
La fuerte tensión impuesta por el crimen organizado ha hecho tomar medidas precautorias en las delegaciones de Michoacán y Guerrero. En ninguno de ellos se tiene registro de ataques, pero los brigadistas exigen rótulos e identificaciones visibles para reducir esa posibilidad, refieren portavoces.
Bajo condiciones adversas, maestros y médicos de gobierno sufren agresiones y despojos en pueblos y ciudades de Sinaloa, Jalisco, Baja California y Sonora. Muchos de ellos decidieron abandonar sus funciones al verse acorralados por delincuentes sin que medie intervención de autoridades policiacas.
La recuperación de zonas bajo dominio de la delincuencia organizada fue propuesta desde septiembre por el gobierno federal, y en mayo pasado la Secretaría de Gobernación presentó el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, en el que ratifica ese compromiso. En los hechos, sin embargo, el rescate no llega.
Control criminal
Chihuahua mantiene un corredor de la droga de casi 800 kilómetros, desde el extremo sur hasta su frontera con Nuevo México y Texas. Los municipios de la Sierra Tarahumara, la alta y baja Babícora, llevan años bajo dominio de narcotraficantes y secuestradores, pero la violencia recrudeció desde 2007, dice el diputado local por el PRD, Víctor Quintana.
“El Estado mantuvo en abandono a todos estos municipios durante años; se los concesionó prácticamente al crimen organizado”, acusa.
Las consecuencias de tal olvido son graves. Chihuahua encabeza desde hace año y medio la lista de asesinatos relacionados con la delincuencia organizada —casi la tercera parte del total— e igual ocurre con el secuestro y la extorsión. De acuerdo con Quintana, poblados y cabeceras municipales de la zona registran desplazamientos por el miedo de hasta 50%, y en ese contexto programas gubernamentales han sido trastocados.
“Hay municipios donde la situación es muy delicada por la presencia de los sicarios. Las zonas rurales de Madera, Namiquipa, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, en el noroeste, son un gran desafío para cualquier funcionario. Y en el sur, en Carichí, Bocoyna, Urique, Morelos, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Parral y Balleza tienen la m isma situación: hace una semana asesinaron a un compañero de la Comisión Nacional Forestal”.
Es una violencia difícil de evadir, dice Aída Holguín, vocera de la delegación estatal de la Sedesol. Brigadas de programas como Diconsa, Liconsa, Oportunidades y 70 y más, requieren custodia de militares para operar con relativa seguridad. Aún así, durante 2008 sufrieron asaltos en 33 ocasiones, y este año llevan otros 18.
Sus desplazamientos han quedado igualmente acotados por grupos criminales, informa Holguín.
“En alguna ocasión tuvimos problemas cuando empezamos con el programa Piso Firme. Para ello se requiere el levantamiento de cédulas de información socioeconómicas, y se presentó el caso de que interceptaron a parte de los promotores que andaban levantando esas cédulas. Les dijeron (los pistoleros) que de ese tramo en adelante no les permitirían pasar”.
Algunas rutas de repartición de dinero destinado para el programa 70 y más, que se otorga a adultos mayores en condiciones de miseria, también fueron modificadas por efectos de la violencia. Con ello, dice la vocera, “se perjudica al beneficiario porque tiene que trasladarse más horas a pie, o en lo que anden, porque el punto de pago obviamente les queda más lejano”.
La instrucción que se ha dado a los promotores para proteger en lo posible su integridad es que no se resistan al asalto y que entreguen el vehículo en caso de que se los exijan.
La amenaza no ocurre únicamente en zonas remotas de Chihuahua. En Ciudad Juárez, por ejemplo, una brigada del programa Oportunidades fue encañonada con fusiles AK-47, al adentrarse en una colonia popular llamada Revolución Mexicana, informó a EL UNIVERSAL en abril Salvador Escobedo Zoletto, su coordinador nacional.
Ya sea en pueblos o ciudades, la fuerza criminal impone condiciones.
Instructores huyen
La comunidad de Puertecitos, dentro del municipio de Ensenada, es un “un lugar pequeño de unos cuantos cientos de casas con una vista espectacular al mar de Cortés”, de acuerdo con la página de internet de la Secretaría de Turismo. Su realidad, empero, la domina el crimen.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la considera zona de alto riesgo para su equipo de instructores comunitarios. La razón: está dominada por narcotraficantes que los presionan y amenazan hasta adherirlos a su organización o expulsarlos del pueblo.
En abril pasado, uno de esos instructores huyó tras sentirse amenazado por los delincuentes.
“En este tipo de comunidades es muy peligroso estar como instructor comunitario porque no tienes protección, no tienes nada: no hay seguridad, no hay autoridad, ¡no hay nada!”, cuenta uno de ellos en entrevista telefónica que acepta bajo condición de anonimato.
En Puertecitos permaneció seis meses, desde octubre de 2008. El día que decidió irse fue porque hombres armados lo sacaron a él y a su grupo de estudiantes del salón de clases. “Me sacaron porque se tomaron problemas como personales, pero nosotros no teníamos nada qué ver”, dice.
Lo que los narcos tomaron como asunto personal fue la negativa del instructor para sumarse a la agrupación como vendedor de droga.
Otros municipios de Baja California ofrecen historias similares.
“Tijuana está catalogada como la ciudad de mayor riesgo. Ahí hemos tenido algunos casos como robo, asalto a mano armada y sobre todo amenaza de gente de las localidades hacia los instructores”, dice Lorena Gómez, coordinadora de logística del Conafe en la entidad.
Lo mismo sucede en Sinaloa. Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato entrañan riesgos mayores para maestros, según Alfredo López, coordinador operativo en el estado del Programa Nacional Escuela Segura.
En ellos, cuenta, se trabaja entre “pandillerismo, robo, presencia de bandas delictivas y narcomenudeo”.
El programa Escuelas Seguras tiene 15 mil 568 escuelas participantes. Dicha cobertura se planeó, según sus Reglas de Operación, considerando la ubicación de los 150 municipios de mayor incidencia delictiva dentro de las 32 entidades federativas. Se encuentran entre ellos los siete estados que el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad AC (ICESI) cataloga en su Índice Nacional de Seguridad (2009) como los más preocupantes: Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Oaxaca y estado de México.
Sinaloa, según una encuesta realizada por la coordinación estatal de Escuela Segura, muestra que de mil 926 expedientes, 858 (44.54%) considera que la zona donde se ubica su escuela es no segura, 792 (41.12%) regularmente segura y 235 (12.20%) como segura.
La percepción de inseguridad no es gratuita. Y eso lo saben médicos y practicantes que se adentran en esas zonas sin control del gobierno.
Visitas de doctor
En Sinaloa hay 250 comunidades de difícil acceso. Casi todas con alta presencia de delincuencia organizada. La cobertura médica, afirma Olga Martínez Sandoval, subdirectora de prevención de enfermedades de la entidad, es total, aunque ello conlleva muchos riesgos.
A las zonas de alta presencia delictiva ingresan por helicóptero. El personal de salud llega a su servicio, termina y aborda nuevamente la aeronave. “Tratan de permanecer el menor tiempo posible dentro de esas localidades”, señala Martínez Sandoval.
La enfermera de Campañas de Salud en Sinaloa, Benita Muñoz, refiere que acuden a dichas comunidades con todas las precauciones debidas: cuidan de ir perfectamente identificados con insignias y colores de la Secretaría de Salud, porque es la única forma, sostiene, en que se les respeta y cuida.
En Michoacán, autoridades médicas tomaron la decisión de evitar municipios con alta presencia del crimen organizado. De ellas se encarga el Ejército, dice Cirilo Pineda, coordinador de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia en ese estado.
Zitácuaro, Apatzingán y Tierra Caliente, afirma, “son zonas tan peligrosas que resulta difícil adivinar cómo es que hay gente viviendo ahí”.
Focos amarillos
En Chihuahua la amenaza del crimen organizado trasciende programas de salud, educación y desarrollo social. El diputado Víctor Quintana dice que los ciudadanos se mantendrán en casa el 5 de julio, no por un desencanto por la política, sino por miedo.
La manifestación del “Estado fallido” puede verse en buena parte de los municipios del noroeste y el suroeste, afirma el legislador. Y en ellos, por lo tanto, es difícil proceder no solamente con ayudas gubernamentales, sino con ejercicios estratégicos como los conteos del INEGI o la capacitación de funcionarios electorales, por ejemplo.
“Ahí, la presencia de gente externa es vista de una manera hosca por los operadores de los cárteles”, resume.
El IFE lo niega
“No hay zonas en las que digamos que va a pasar algo: no tenemos una situación así”, sostiene Marco Antonio Baños Martínez, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Admite que el panorama real sólo se apreciará en toda su dimensión el 5 de julio, y que en todo caso hoy sólo puede hablarse de “focos amarillos” en aquellos lugares en los que los propios ciudadanos capacitados conocen muy bien su entorno y saben cómo están las cosas.
En ese caso, dice, “les hemos instruido para estar en contacto permanente y que nos reporten en todo momento cómo van las cosas, y si llegara a haber problemas nos coordinaremos para tomar las decisiones correspondientes”.
En mayo, Edmundo Jacobo Molina entregó al IFE un informe sobre las acciones para blindar el proceso electoral federal 2008-2009.
En él se reportaba “un total de 7 mil 351 secciones consideradas por el IFE como de atención especial”.
El documento indicaba que entre las causas para considerar a las secciones como de “atención especial”, figuraban las relacionadas con problemas asociados a la seguridad pública, “que ponen en riesgo la integridad física del capacitador electoral o que afectan las actividades de los ciudadanos insaculados”.
Los entrevistados coinciden en que el aumento del poder del crimen organizado es consecuencia de una estrategia de gobierno equivocada para hacer frente al crimen organizado, “porque los soldados no están garantizando seguridad, sino aterrorizando a la gente, que se llevan sin orden de aprehensión… Y así no se recuperan las zonas perdidas”. (Con información de Alonso Pérez, Sara Arellano y Evangelina Hernández)
Ignacio Alvarado Álvarez, El Universal, 29 de junio.
0 Responses to "Las “zonas en guerra”, reto del proceso 2009"
Publicar un comentario