En la pasada sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) previa a los próximos comicios, el PRI acusó al PAN de iniciar una campaña gubernamental con abiertos fines electorales, al distribuir una carta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que atribuye al presidente Felipe Calderón lograr que desempleados puedan tomar un mayor porcentaje de su fondo de retiro.
A su vez el PAN descalificó al PRI por utilizar aeronaves oficiales en Sonora para apuntalar al tricolor, y enviar misivas a domicilio de su lideresa nacional, Beatriz Paredes, con propaganda electoral.
La sesión sirvió de desahogo a los partidos para recriminarse comportamientos ilegales, como hizo el PRD contra el PVEM por su “burda” violación a la ley al aparecer en espacios televisivos, lo que motivó la reacción de los ecologistas, quienes cuestionaron la situación que prevalece en Iztapalapa con la candidata perredista a delegada. Fue también el foro para que el Partido Social Demócrata (PSD) insistiera en el vacío en que el IFE deja a sus quejas contra la Iglesia y el Presidente.
Todo ello en el contexto de la presentación del informe sobre quejas y denuncias, según el cual, de las mil 102 que se han presentado desde 2006 a la fecha, mil 55 han sido “resueltas”, y permanecen por resolver sólo 47. Sin embargo, el informe revela más adelante que casi la mitad –520– fueron sobreseídas –buena parte de ellas por acuerdos entre el PRI, PAN y PRD–, en tanto que otras 307 se declararon infundadas.
Sólo poco más de 10 por ciento –134– fueron declaradas fundadas o parcialmente fundadas. Asimismo se da cuenta de 192 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 41 se trataban de presunta promoción personalizada de servidores públicos; 34 por denigración o calumnia; 27 por actos anticipados de campaña; 23 por presunta contratación indebida de promocionales en radio y televisión, y 20 por difusión de propaganda gubernamental en etapa de campaña electoral.
Durante el debate, el panista Roberto Gil exigió a los consejeros resolver las quejas relacionadas con el proceso antes del 5 de julio, y aprovechó para lanzarse contra el PRI. En esta ocasión acusó al gobierno de Sonora de ceder las aeronaves oficiales para ponerlas a disposición del PRI y, al mismo tiempo, a la dirigente del tricolor, Beatriz Paredes, de enviar cartas a domicilios de los ciudadanos sugiriendo que ese partido tendría acceso a padrones específicos.
La respuesta del priísta Sebastián Lerdo de Tejada aludió a la distribución de una carta promovida por el IMSS, en la que atribuye al presidente Felipe Calderón lograr que se permita a quienes hayan perdido su empleo acceder a un mayor monto de su fondo de retiro. Subrayó que se trataba de una clarísima propaganda gubernamental, utilizando programas sociales con intención electoral.
Tras la denuncia, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, sostuvo que se tomarían “cartas en el asunto”, y señaló que esto no se había hecho porque no se tenía conocimiento de su existencia
A su vez, el perredista Pablo Gómez comenzó las alusiones sobre el rumbo de la campaña actual, al acusar al PVEM de ir más allá de un fraude a la ley, pues en este caso –con la difusión de promocionales de la revista Cambio puestos al aire unas horas después de que se les multara con 4 millones de pesos por la aparición de mensajes en la revista Tv y Novelas– es una “violación ahora sí burda de la Constitución y la ley”.
La respuesta del ecologista Arturo Escobar fue “deslindarse” de los promocionales de Cambio, pero arremetió contra el perredismo y el caso Iztapalapa, por generar confusión y causar impacto en el proceso electoral. En su afán de defender a su partido, acusó al candidato panista a diputado federal César Nava de apoyar su campaña en secretarios de Estado.
En su oportunidad, el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, destacó que el tema central de las quejas durante el actual proceso electoral se refiere a las violaciones a la reforma electoral en materia de radio y televisión. Responsabilizó a las dos grandes televisoras de manipular la propaganda electoral y otorgar beneficios al PVEM.
A su vez el PAN descalificó al PRI por utilizar aeronaves oficiales en Sonora para apuntalar al tricolor, y enviar misivas a domicilio de su lideresa nacional, Beatriz Paredes, con propaganda electoral.
La sesión sirvió de desahogo a los partidos para recriminarse comportamientos ilegales, como hizo el PRD contra el PVEM por su “burda” violación a la ley al aparecer en espacios televisivos, lo que motivó la reacción de los ecologistas, quienes cuestionaron la situación que prevalece en Iztapalapa con la candidata perredista a delegada. Fue también el foro para que el Partido Social Demócrata (PSD) insistiera en el vacío en que el IFE deja a sus quejas contra la Iglesia y el Presidente.
Todo ello en el contexto de la presentación del informe sobre quejas y denuncias, según el cual, de las mil 102 que se han presentado desde 2006 a la fecha, mil 55 han sido “resueltas”, y permanecen por resolver sólo 47. Sin embargo, el informe revela más adelante que casi la mitad –520– fueron sobreseídas –buena parte de ellas por acuerdos entre el PRI, PAN y PRD–, en tanto que otras 307 se declararon infundadas.
Sólo poco más de 10 por ciento –134– fueron declaradas fundadas o parcialmente fundadas. Asimismo se da cuenta de 192 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 41 se trataban de presunta promoción personalizada de servidores públicos; 34 por denigración o calumnia; 27 por actos anticipados de campaña; 23 por presunta contratación indebida de promocionales en radio y televisión, y 20 por difusión de propaganda gubernamental en etapa de campaña electoral.
Durante el debate, el panista Roberto Gil exigió a los consejeros resolver las quejas relacionadas con el proceso antes del 5 de julio, y aprovechó para lanzarse contra el PRI. En esta ocasión acusó al gobierno de Sonora de ceder las aeronaves oficiales para ponerlas a disposición del PRI y, al mismo tiempo, a la dirigente del tricolor, Beatriz Paredes, de enviar cartas a domicilios de los ciudadanos sugiriendo que ese partido tendría acceso a padrones específicos.
La respuesta del priísta Sebastián Lerdo de Tejada aludió a la distribución de una carta promovida por el IMSS, en la que atribuye al presidente Felipe Calderón lograr que se permita a quienes hayan perdido su empleo acceder a un mayor monto de su fondo de retiro. Subrayó que se trataba de una clarísima propaganda gubernamental, utilizando programas sociales con intención electoral.
Tras la denuncia, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, sostuvo que se tomarían “cartas en el asunto”, y señaló que esto no se había hecho porque no se tenía conocimiento de su existencia
A su vez, el perredista Pablo Gómez comenzó las alusiones sobre el rumbo de la campaña actual, al acusar al PVEM de ir más allá de un fraude a la ley, pues en este caso –con la difusión de promocionales de la revista Cambio puestos al aire unas horas después de que se les multara con 4 millones de pesos por la aparición de mensajes en la revista Tv y Novelas– es una “violación ahora sí burda de la Constitución y la ley”.
La respuesta del ecologista Arturo Escobar fue “deslindarse” de los promocionales de Cambio, pero arremetió contra el perredismo y el caso Iztapalapa, por generar confusión y causar impacto en el proceso electoral. En su afán de defender a su partido, acusó al candidato panista a diputado federal César Nava de apoyar su campaña en secretarios de Estado.
En su oportunidad, el representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, destacó que el tema central de las quejas durante el actual proceso electoral se refiere a las violaciones a la reforma electoral en materia de radio y televisión. Responsabilizó a las dos grandes televisoras de manipular la propaganda electoral y otorgar beneficios al PVEM.
Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de junio.
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