Las redes de corrupción en Estados Unidos además de facilitar el narcotráfico, también permiten la trata de personas y el trasiego de armas, con millonarios dividendos en ambos lados de la frontera, coincidieron José Luis Arzola, de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior.
En opinión de ambos expertos, es tiempo de que Estados Unidos reconozca la existencia de protección institucional al crimen organizado, para que se combata a funcionarios que participan de estos “negocios”.
Señalaron que sin complicidad de autoridades de EU esas bandas no podrían operar con la efectividad que lo hacen.
En entrevista, Arzola indicó que al igual que ocurre en México “siempre va a haber un precio” para comprar a servidores públicos que permitan el paso de drogas e indocumentados a Estados Unidos o que salgan de ese país cargamentos de armas hacia el sur.
“Eso siempre ha existido, aunque las autoridades de ese país no quieran reconocerlo, por eso por más muros y bardas que pongan eso no será suficiente para impedir la operación de estos grupos criminales”, aseguró.
A partir de una investigación donde EL UNIVERSAL documentó la corrupción que impera en territorio estadounidense y que permite la operación impune de narcotraficantes en la frontera, el especialista indicó que es evidente que sin la protección institucional estos delincuentes no podrían actuar y pasar por garitas cargamentos de droga o armas.
Paso franco
Villanueva consideró, por su parte, que sin la existencia de estas redes de protección no se podría explicar —por ejemplo— el paso de tráileres que transportan a cientos de indocumentados y cruzan las garitas y aduanas sin ser detectados, por lo que es necesario que se investigue la operación de las autoridades policiacas estadounidenses y de servidores públicos migratorios que permiten este tráfico ilegal de personas.
“Es un hecho que estas actividades criminales hacen que el dinero corra a granel, y una parte de los dividendos que dejan van a parar a manos de autoridades estadounidenses, y se trata de redes que van desde el empleado de escalafón menor hasta las altas esferas”, dijo Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, que aglutina a alrededor de 700 organizaciones en Estados Unidos.
Para el dirigente, es claro que la única diferencia que existe con la corrupción que se enfrenta en México, es que en Estados Unidos no se le llama así “aquí se le conoce como business”.
En opinión de ambos expertos, es tiempo de que Estados Unidos reconozca la existencia de protección institucional al crimen organizado, para que se combata a funcionarios que participan de estos “negocios”.
Señalaron que sin complicidad de autoridades de EU esas bandas no podrían operar con la efectividad que lo hacen.
En entrevista, Arzola indicó que al igual que ocurre en México “siempre va a haber un precio” para comprar a servidores públicos que permitan el paso de drogas e indocumentados a Estados Unidos o que salgan de ese país cargamentos de armas hacia el sur.
“Eso siempre ha existido, aunque las autoridades de ese país no quieran reconocerlo, por eso por más muros y bardas que pongan eso no será suficiente para impedir la operación de estos grupos criminales”, aseguró.
A partir de una investigación donde EL UNIVERSAL documentó la corrupción que impera en territorio estadounidense y que permite la operación impune de narcotraficantes en la frontera, el especialista indicó que es evidente que sin la protección institucional estos delincuentes no podrían actuar y pasar por garitas cargamentos de droga o armas.
Paso franco
Villanueva consideró, por su parte, que sin la existencia de estas redes de protección no se podría explicar —por ejemplo— el paso de tráileres que transportan a cientos de indocumentados y cruzan las garitas y aduanas sin ser detectados, por lo que es necesario que se investigue la operación de las autoridades policiacas estadounidenses y de servidores públicos migratorios que permiten este tráfico ilegal de personas.
“Es un hecho que estas actividades criminales hacen que el dinero corra a granel, y una parte de los dividendos que dejan van a parar a manos de autoridades estadounidenses, y se trata de redes que van desde el empleado de escalafón menor hasta las altas esferas”, dijo Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior, que aglutina a alrededor de 700 organizaciones en Estados Unidos.
Para el dirigente, es claro que la única diferencia que existe con la corrupción que se enfrenta en México, es que en Estados Unidos no se le llama así “aquí se le conoce como business”.
Silvia Otero, El Universal, 22 de octubre.
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