A fin de que no se repitan casos como el de la indígena oaxaqueña Cirila Baltazar, a quien le quitaron a su hija por ser pobre, indocumentada y no hablar inglés, para dársela a una pareja estadounidense, el gobierno de México firmó un Memorándum de Entendimiento con las autoridades de Mississippi, en el que se comprometieron a notificar a los cónsules los casos en los que se vean involucrados menores de edad de origen mexicano.
Un reporte de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala así una de las medidas que se tomaron a partir del reciente caso de la indígena, considerado como uno de los más graves de discriminación y de violación a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos.
Las autoridades consulares mexicanas desconocían la detención de la mujer y que fue separada de su hija —considerada ciudadana estadounidense por haber nacido en ese país—, hasta que en febrero pasado Cirila Baltazar pidió su apoyo.
Sin embargo, el 13 de mayo una Corte estatal de Mississippi decidió retirarle a la mujer la custodia de la menor y la concedió a una pareja estadounidense, bajo el argumento de que la indocumentada no contaba con recursos económicos para sostener a la niña.
Actualmente el gobierno mexicano y diversas organizaciones de defensa de los derechos de migrantes en Estados Unidos, trabajan en este caso y se está en espera de que se resuelva una apelación que interpusieron, para que Cirila vuelva a tener la custodia de su hija.
Ante este hecho, las autoridades mexicanas, a través del Consulado en Nueva Orleáns y el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Mississippi, firmaron un Memorándum de Entendimiento en el que éstas se comprometieron a informar a México sobre los casos en que estén implicados menores mexicanos.
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, “las partes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos para tratar con especial cuidado los casos relacionados con la custodia de mexicanos menores de edad, mediante el desarrollo de un mecanismo que facilite su identificación”.
Por ello, “el memorándum permitirá al gobierno mexicano tener una alerta temprana por parte del gobierno estatal de Mississippi para prevenir casos en los que menores mexicanos sean dados en adopción sin el sustento jurídico”.
Un reporte de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala así una de las medidas que se tomaron a partir del reciente caso de la indígena, considerado como uno de los más graves de discriminación y de violación a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos.
Las autoridades consulares mexicanas desconocían la detención de la mujer y que fue separada de su hija —considerada ciudadana estadounidense por haber nacido en ese país—, hasta que en febrero pasado Cirila Baltazar pidió su apoyo.
Sin embargo, el 13 de mayo una Corte estatal de Mississippi decidió retirarle a la mujer la custodia de la menor y la concedió a una pareja estadounidense, bajo el argumento de que la indocumentada no contaba con recursos económicos para sostener a la niña.
Actualmente el gobierno mexicano y diversas organizaciones de defensa de los derechos de migrantes en Estados Unidos, trabajan en este caso y se está en espera de que se resuelva una apelación que interpusieron, para que Cirila vuelva a tener la custodia de su hija.
Ante este hecho, las autoridades mexicanas, a través del Consulado en Nueva Orleáns y el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Mississippi, firmaron un Memorándum de Entendimiento en el que éstas se comprometieron a informar a México sobre los casos en que estén implicados menores mexicanos.
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, “las partes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos para tratar con especial cuidado los casos relacionados con la custodia de mexicanos menores de edad, mediante el desarrollo de un mecanismo que facilite su identificación”.
Por ello, “el memorándum permitirá al gobierno mexicano tener una alerta temprana por parte del gobierno estatal de Mississippi para prevenir casos en los que menores mexicanos sean dados en adopción sin el sustento jurídico”.
Silvia Otero, El Universal, 3 de octubre.
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