Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue postulado para ocupar la presidencia de la CNDH en el periodo 2009-2014.
Recibió el respaldo de 70 organizaciones civiles de las alrededor de 20 mil registradas en el país, aunque adelantó que hará una gira para sumar adeptos. De hecho, invitó a grupos académicos y sociales a unirse a su candidatura.
Propuso una revisión de las atribuciones e instrumentos jurídicos del organismo, más allá de las recomendaciones, a fin de que los violadores a derechos humanos sufran consecuencias:
“El concepto de derechos humanos no debe verse como estorbo, sino como fortaleza de la transición democrática”, dijo.
Habló también de la necesidad de implantar mecanismos de vigilancia para frenar a dependencias con el mayor número de quejas.
Pidió al Senado de la República, encargado de la designación, jugar un rol de Estado y generar un proceso transparente, “alejado de cuotas, opacidad, discrecionalidad y repartición de fichas”.
Como aspirante a la Comisión Nacional, dijo con relación al aborto:
“Mi agenda no es de promoción al aborto, tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, lo que deseamos es evitarlos y que haya educación sexual, son temas que se tienen que dialogar. Estamos en contra del aborto, el asunto es cómo generamos condiciones para tutelar derechos”.
Ante la posibilidad de ser rechazado por los senadores panistas, indicó: “Mi posición fue validada por la Corte. No podría acompañar que por el ejercicio de mis atribuciones pretendiesen implementar un veto”.
La mayoría de las 70 organizaciones postulantes tienen poco renombre y escasa presencia en la agenda de los derechos humanos en México, aunque ayer sus representantes fueron generosos en loas y aplausos —hasta de medio minuto— para Álvarez Icaza.
El candidato fue cuestionado sobre el riesgo de ser abanderado por ONG’s que, en muchos de los casos, operan como grupos de presión, con la intención de obtener plazas, recursos e influencia política.
Aludió a las reglas del juego, porque es el Senado el que estipula que las organizaciones sociales son las que deben presentar las postulaciones.
Sobre las 70 que lo acompañaron, expresó: “Me siento orgulloso de ellas, porque han contribuido a la democracia. No son partidistas, aunque participan en el escenario público, son plurales y de amplio espectro ideológico”.
Carlos Heredia, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo Democrático, alertó: “Vamos a tocar la puerta de los 128 senadores, de las comisiones que conducen el proceso, no somos ingenuos, conocemos cómo operan ellos y sus partidos políticos”.
Nashelli Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló: “Jugamos a la vida institucional, pero vamos a pedir cuentas”.
Miguel Concha, del Centro Fray Francisco de Vitoria, dijo: “Defenderemos a capa y espada el procedimiento, no vamos a aceptar acuerdos tras bambalinas o negociaciones vergonzantes”.
¿Cuál es su opinión sobre el fuero militar?, se preguntó a Álvarez Icaza.
“El ejército es la institución pública más confiable del país, hay que revisar las condiciones de justicia militar.
¿Y sobre los candidatos que en apariencia ya andan en negociaciones con los partidos?
“Mis respetos y consideraciones”.
Como temas prioritarios en su agenda, citó la agresión a periodistas, la trata de personas, el comercio sexual y prostitución infantil y las violaciones a jornaleros agrícolas e inmigrantes mexicanos y centroamericanos.
También la seguridad pública y los derechos económicos, “porque cada vez hay más personas que comen menos, que dejan de ir a la escuela por falta de recursos, que ya no tienen trabajo, que siguen emigrando a Estados Unidos por falta de oportunidad”.
Recibió el respaldo de 70 organizaciones civiles de las alrededor de 20 mil registradas en el país, aunque adelantó que hará una gira para sumar adeptos. De hecho, invitó a grupos académicos y sociales a unirse a su candidatura.
Propuso una revisión de las atribuciones e instrumentos jurídicos del organismo, más allá de las recomendaciones, a fin de que los violadores a derechos humanos sufran consecuencias:
“El concepto de derechos humanos no debe verse como estorbo, sino como fortaleza de la transición democrática”, dijo.
Habló también de la necesidad de implantar mecanismos de vigilancia para frenar a dependencias con el mayor número de quejas.
Pidió al Senado de la República, encargado de la designación, jugar un rol de Estado y generar un proceso transparente, “alejado de cuotas, opacidad, discrecionalidad y repartición de fichas”.
Como aspirante a la Comisión Nacional, dijo con relación al aborto:
“Mi agenda no es de promoción al aborto, tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, lo que deseamos es evitarlos y que haya educación sexual, son temas que se tienen que dialogar. Estamos en contra del aborto, el asunto es cómo generamos condiciones para tutelar derechos”.
Ante la posibilidad de ser rechazado por los senadores panistas, indicó: “Mi posición fue validada por la Corte. No podría acompañar que por el ejercicio de mis atribuciones pretendiesen implementar un veto”.
La mayoría de las 70 organizaciones postulantes tienen poco renombre y escasa presencia en la agenda de los derechos humanos en México, aunque ayer sus representantes fueron generosos en loas y aplausos —hasta de medio minuto— para Álvarez Icaza.
El candidato fue cuestionado sobre el riesgo de ser abanderado por ONG’s que, en muchos de los casos, operan como grupos de presión, con la intención de obtener plazas, recursos e influencia política.
Aludió a las reglas del juego, porque es el Senado el que estipula que las organizaciones sociales son las que deben presentar las postulaciones.
Sobre las 70 que lo acompañaron, expresó: “Me siento orgulloso de ellas, porque han contribuido a la democracia. No son partidistas, aunque participan en el escenario público, son plurales y de amplio espectro ideológico”.
Carlos Heredia, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo Democrático, alertó: “Vamos a tocar la puerta de los 128 senadores, de las comisiones que conducen el proceso, no somos ingenuos, conocemos cómo operan ellos y sus partidos políticos”.
Nashelli Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló: “Jugamos a la vida institucional, pero vamos a pedir cuentas”.
Miguel Concha, del Centro Fray Francisco de Vitoria, dijo: “Defenderemos a capa y espada el procedimiento, no vamos a aceptar acuerdos tras bambalinas o negociaciones vergonzantes”.
¿Cuál es su opinión sobre el fuero militar?, se preguntó a Álvarez Icaza.
“El ejército es la institución pública más confiable del país, hay que revisar las condiciones de justicia militar.
¿Y sobre los candidatos que en apariencia ya andan en negociaciones con los partidos?
“Mis respetos y consideraciones”.
Como temas prioritarios en su agenda, citó la agresión a periodistas, la trata de personas, el comercio sexual y prostitución infantil y las violaciones a jornaleros agrícolas e inmigrantes mexicanos y centroamericanos.
También la seguridad pública y los derechos económicos, “porque cada vez hay más personas que comen menos, que dejan de ir a la escuela por falta de recursos, que ya no tienen trabajo, que siguen emigrando a Estados Unidos por falta de oportunidad”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 2 de octubre.
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