El presidente Felipe Calderón propondrá al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas y reformas para fomentar la inversión privada en infraestructura, donde se plantea que los fondos de ahorro para el retiro puedan ser invertidos, “sin riesgo para los trabajadores”, en acciones colocadas por empresas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Dicha iniciativa forma parte de un paquete de cuatro medidas que su gobierno presentará en los próximos días al Legislativo. Incluye una ley para flexibilizar las “asociaciones público-privadas” en la construcción de infraestructura, la extensión de los plazos de concesión de obras hasta por 60 años y la creación de fondos de capital especializados en el sector.
Al defender este paquete legislativo que busca “multiplicar” por tres los recursos del sector, Calderón aseguró que la “mayoría de las economías avanzadas” permiten que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) inviertan en instrumentos colocados por empresas de infraestructura en la bolsa, y a propósito de ello saludó a Luis Téllez, presidente de la BMV, uno de sus invitados al acto efectuado en Los Pinos.
Tras hacer un llamado a los legisladores a analizar su propuesta con “altitud de miras y con rectitud de intención”, ofreció ayer que si se usan los fondos de ahorro para financiar infraestructura se obtendrán hasta 80 mil millones de pesos en 2010, más otros 45 mil millones que sumarán 125 mil millones de pesos en 2012.
En su intento por convencer al Legislativo, afirmó que no hay comparación entre las tasas “muy bajas” que pagan los instrumentos de renta fija, con las tasas de rendimiento mucho más altas y atractivas que obtendrían los trabajadores por medio de las Afore.
“Todo mundo podrá ganar”: los trabajadores, al tener fondos de retiro más sólidos; las inversiones colocadas en infraestructura, al contar con un mecanismo más ágil y sólido, y el país, en competitividad y empleo.
Ofreció que los recursos de los trabajadores estarán seguros, porque los proyectos financiados deberán cumplir con medidas rigurosas propias de un gobierno corporativo y con estándares de transparencia que permitan acceder a la información de los proyectos de obras, de su manejo operativo y financiero.
Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, lo secundó al señalar que si se flexibilizan las Afore habrá una situación de “ganar, ganar”, porque se obtendrá un “cuantioso caudal” de financiamiento, al tiempo que los trabajadores recibirán rendimientos de “varios puntos por arriba de los títulos de emisión del gobierno”.
Se trata, según dijo, de un instrumento “muy seguro”, ya que los ingresos estarán plenamente respaldados por los ingresos que van a generar las obras.
Al preguntarle si una caída de estos títulos puede derivar en una pérdida en los ahorros de los trabajadores, respondió: “La verdad es que no, porque son instrumentos de muy largo plazo; no habría ninguna afectación, al contrario, pienso que de manera moderna, efectiva y garantizada aumentarán los rendimientos de las Afore”.
La iniciativa plantea que los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en el que hay más de 39 millones de cuentas, se inviertan en dos modalidades: instrumentos estructurados, que representan aportaciones de capital en proyectos específicos de infraestructura y productivos, así como en acciones fuera de índices, para que las Afore participen en ofertas públicas iniciales de empresas con gran potencial de crecimiento.
Más capital privado en obras
En cuanto a las otras tres medidas, Calderón no dio muchos detalles en su discurso y se limitó a decir que la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas dará “certeza jurídica” a los inversionistas en el sector, ya que flexibilizar los proyectos agilizará su asignación y establecerá una prórroga o extensión de los plazos de concesión.
Los plazos de concesión o de permisos se podrán ampliar hasta por 60 años (actualmente son de 30 años en el caso de carreteras), explicó Luis Zárate Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, quien se congratuló con la propuesta.
Si se aprueba esta ley, explicó el Presidente, más de la mitad de los proyectos de comunicaciones y transportes previstos en el programa de infraestructura del próximo año se realizarán bajo el esquema de asociaciones público-privadas y habrá una inversión total de 100 mil millones de pesos.
El otro punto que impulsará el gobierno incluye la creación de fondos de capital especializados en infraestructura, con la intención de asegurar la disponibilidad de financiamiento en las licitaciones de proyectos prioritarios.
Sin aclarar en qué consiste la última propuesta, Calderón indicó que empujarán modificaciones en por lo menos seis ordenamientos del sector de infraestructura para incrementar la velocidad, el número y monto de inversiones.
Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, también celebró este paquete al señalar que atiende una condición puesta por los inversionistas para aumentar su participación: la simplificación administrativa, lo que permitirá realizar 14 de los más grandes proyectos que requieren de la participación privada.
Dicha iniciativa forma parte de un paquete de cuatro medidas que su gobierno presentará en los próximos días al Legislativo. Incluye una ley para flexibilizar las “asociaciones público-privadas” en la construcción de infraestructura, la extensión de los plazos de concesión de obras hasta por 60 años y la creación de fondos de capital especializados en el sector.
Al defender este paquete legislativo que busca “multiplicar” por tres los recursos del sector, Calderón aseguró que la “mayoría de las economías avanzadas” permiten que las administradoras de fondos para el retiro (Afore) inviertan en instrumentos colocados por empresas de infraestructura en la bolsa, y a propósito de ello saludó a Luis Téllez, presidente de la BMV, uno de sus invitados al acto efectuado en Los Pinos.
Tras hacer un llamado a los legisladores a analizar su propuesta con “altitud de miras y con rectitud de intención”, ofreció ayer que si se usan los fondos de ahorro para financiar infraestructura se obtendrán hasta 80 mil millones de pesos en 2010, más otros 45 mil millones que sumarán 125 mil millones de pesos en 2012.
En su intento por convencer al Legislativo, afirmó que no hay comparación entre las tasas “muy bajas” que pagan los instrumentos de renta fija, con las tasas de rendimiento mucho más altas y atractivas que obtendrían los trabajadores por medio de las Afore.
“Todo mundo podrá ganar”: los trabajadores, al tener fondos de retiro más sólidos; las inversiones colocadas en infraestructura, al contar con un mecanismo más ágil y sólido, y el país, en competitividad y empleo.
Ofreció que los recursos de los trabajadores estarán seguros, porque los proyectos financiados deberán cumplir con medidas rigurosas propias de un gobierno corporativo y con estándares de transparencia que permitan acceder a la información de los proyectos de obras, de su manejo operativo y financiero.
Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, lo secundó al señalar que si se flexibilizan las Afore habrá una situación de “ganar, ganar”, porque se obtendrá un “cuantioso caudal” de financiamiento, al tiempo que los trabajadores recibirán rendimientos de “varios puntos por arriba de los títulos de emisión del gobierno”.
Se trata, según dijo, de un instrumento “muy seguro”, ya que los ingresos estarán plenamente respaldados por los ingresos que van a generar las obras.
Al preguntarle si una caída de estos títulos puede derivar en una pérdida en los ahorros de los trabajadores, respondió: “La verdad es que no, porque son instrumentos de muy largo plazo; no habría ninguna afectación, al contrario, pienso que de manera moderna, efectiva y garantizada aumentarán los rendimientos de las Afore”.
La iniciativa plantea que los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en el que hay más de 39 millones de cuentas, se inviertan en dos modalidades: instrumentos estructurados, que representan aportaciones de capital en proyectos específicos de infraestructura y productivos, así como en acciones fuera de índices, para que las Afore participen en ofertas públicas iniciales de empresas con gran potencial de crecimiento.
Más capital privado en obras
En cuanto a las otras tres medidas, Calderón no dio muchos detalles en su discurso y se limitó a decir que la iniciativa de ley de asociaciones público-privadas dará “certeza jurídica” a los inversionistas en el sector, ya que flexibilizar los proyectos agilizará su asignación y establecerá una prórroga o extensión de los plazos de concesión.
Los plazos de concesión o de permisos se podrán ampliar hasta por 60 años (actualmente son de 30 años en el caso de carreteras), explicó Luis Zárate Rocha, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, quien se congratuló con la propuesta.
Si se aprueba esta ley, explicó el Presidente, más de la mitad de los proyectos de comunicaciones y transportes previstos en el programa de infraestructura del próximo año se realizarán bajo el esquema de asociaciones público-privadas y habrá una inversión total de 100 mil millones de pesos.
El otro punto que impulsará el gobierno incluye la creación de fondos de capital especializados en infraestructura, con la intención de asegurar la disponibilidad de financiamiento en las licitaciones de proyectos prioritarios.
Sin aclarar en qué consiste la última propuesta, Calderón indicó que empujarán modificaciones en por lo menos seis ordenamientos del sector de infraestructura para incrementar la velocidad, el número y monto de inversiones.
Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, también celebró este paquete al señalar que atiende una condición puesta por los inversionistas para aumentar su participación: la simplificación administrativa, lo que permitirá realizar 14 de los más grandes proyectos que requieren de la participación privada.
Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, 2 de octubre.
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