Antes de salir del país, De la Rosa Hickerson dijo que a principios de septiembre un automóvil se estacionó junto al suyo y de él bajó un individuo, pensó que lo iban a matar, pero “sólo me dijo: ‘ya bájale, porque te vamos a matar cabrón’, y se fue”.
Tiempo después en una gasolinera “entré al baño y tras de mí entró un hombre que me dijo: ‘yo de veras lo estimo mucho, lo aprecio mucho, pero cállese, porque lo van a matar’”.
Mencionó que funcionarios de muy alto nivel le han dicho que debe protegerse.
“Las amenazas iniciaron desde que empecé a defender a familias afectadas por abusos policiacos y militares”, manifestó De la Rosa.
Activistas de derechos humanos y de organizaciones no gubernamentales de esta frontera manifestaron su solidaridad con De la Rosa Hickerson y exigieron al Estado mexicano que lo proteja a él y su familia.
En un documento piden a los gobiernos estatal y federal, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se tomen y se garanticen las medidas cautelares que protejan la integridad física de Gustavo de la Rosa, su familia y colaboradores locales en la CEDH.
Asimismo, que se reasigne a De la Rosa a la investigación y seguimiento de los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por parte del Ejército Mexicano y que se hagan efectivas las las garantías constitucionales para los habitantes de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua.
El documento fue enviado al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta; al gobernador José Reyes Baeza Terrazas, y al presidente de la CEDH, José Luis Armendáriz.
En el escrito señala: “el licenciado De la Rosa ha sido citado frecuentemente en medios locales, nacionales y extranjeros, convirtiéndose en la principal voz crítica de la estrategia militar puesta en marcha por el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa para combatir el tráfico de drogas”. “Ello ha colocado a su persona y su familia en una situación de extrema vulnerabilidad”, dijo Héctor Padilla, uno de los firmantes.
Indicó “que la situación llegó a su punto culminante el lunes 21 de septiembre, cuando, a pesar del inminente peligro contra su integridad física y ante la reiterada petición de garantías de protección, De la Rosa Hickerson fue prácticamente despedido al removerlo de la investigación de las denuncias por violación a los derechos humanos por parte de elementos militares, y al negarle la protección para su persona y familia que la gravedad de su caso ameritaba, lo que lo forzó a exiliarse temporalmente en los Estados Unidos”.
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