BOGOTA.- El asesinato de ocho colombianos en Venezuela reactivó ayer la tensión en las deterioradas relaciones diplomáticas de Bogotá y Caracas, con cruces de mensajes entre los dos Gobiernos, incluyendo acusaciones de espionaje.
El sábado, 10 personas -ocho colombianas- fueron halladas asesinadas en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, por un grupo hasta el momento desconocido, por lo que ayer el Gobierno de Bogotá envió un avión oficial para repatriar a los cuerpos. Sin embargo, su contraparte venezolana negó el permiso para que la aeronave militar colombiana aterrizara porque supuestamente ya se había puesto en marcha un operativo terrestre. Posteriormente Venezuela acusó a las autoridades de ese país de realizar labores de espionaje en la zona, en una nota de protesta presentada en la televisión estatal.
"Escudados en las presuntas investigaciones sobre este lamentable suceso (las ejecuciones) han sido detectados (los agentes de la Policía secreta colombiana) ejecutando labores de espionaje", indicó un comunicado venezolano.
Además, las autoridades de Caracas sugirieron que los autores de la matanza podrían ser paramilitares colombianos.
Asimismo, las autoridades del Gobierno de Hugo Chávez señalaron que los cadáveres serían entregados en uno de los puentes viales que une a Venezuela con Colombia debido a que, según las mismas fuentes, el cónsul colombiano Carlos Alberto Barrios informó a Caracas que su país no contaba con recursos para la repatriación de los ejecutados Hasta el cierre de esta edición la entrega no se había realizado.
Por otro lado, el Gobernador del estado de Táchira, César Pérez Vivas, admitió la presencia de hombres armados en su jurisdicción y acusó al Gobierno de Chávez de no hacer nada para combatirlos, mientras que el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, hizo un llamado a su par venezolano para asegurar la frontera.
La matanza se produjo en momentos en que las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países atraviesan una crisis por la oposición de Chávez a la decisión de Uribe de permitir a Estados Unidos el uso de siete instalaciones militares en territorio colombiano.
El sábado, 10 personas -ocho colombianas- fueron halladas asesinadas en el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, por un grupo hasta el momento desconocido, por lo que ayer el Gobierno de Bogotá envió un avión oficial para repatriar a los cuerpos. Sin embargo, su contraparte venezolana negó el permiso para que la aeronave militar colombiana aterrizara porque supuestamente ya se había puesto en marcha un operativo terrestre. Posteriormente Venezuela acusó a las autoridades de ese país de realizar labores de espionaje en la zona, en una nota de protesta presentada en la televisión estatal.
"Escudados en las presuntas investigaciones sobre este lamentable suceso (las ejecuciones) han sido detectados (los agentes de la Policía secreta colombiana) ejecutando labores de espionaje", indicó un comunicado venezolano.
Además, las autoridades de Caracas sugirieron que los autores de la matanza podrían ser paramilitares colombianos.
Asimismo, las autoridades del Gobierno de Hugo Chávez señalaron que los cadáveres serían entregados en uno de los puentes viales que une a Venezuela con Colombia debido a que, según las mismas fuentes, el cónsul colombiano Carlos Alberto Barrios informó a Caracas que su país no contaba con recursos para la repatriación de los ejecutados Hasta el cierre de esta edición la entrega no se había realizado.
Por otro lado, el Gobernador del estado de Táchira, César Pérez Vivas, admitió la presencia de hombres armados en su jurisdicción y acusó al Gobierno de Chávez de no hacer nada para combatirlos, mientras que el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, hizo un llamado a su par venezolano para asegurar la frontera.
La matanza se produjo en momentos en que las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países atraviesan una crisis por la oposición de Chávez a la decisión de Uribe de permitir a Estados Unidos el uso de siete instalaciones militares en territorio colombiano.
Reforma, 27 de octubre.
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