IFE arma plan contra dinero sucio

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó un acuerdo para blindar las elecciones frente al crimen organizado.

El documento compromete a los partidos a eliminar el uso del dinero en efectivo en las campañas y a informar “oportunamente” a la Unidad de Fiscalización los nombres de los aportantes de recursos o los propietarios de los bienes recibidos en especie, el origen y flujo del dinero, y el listado de proveedores contratados en el proceso electoral.

Como lo prevé la normatividad electoral, los partidos también estarán obligados a entregar al IFE el listado de personas políticamente expuestas y toda la información que se les requiera en materia de fiscalización. 

A su vez, publicitarán la trayectoria profesional de quienes aspiren a un precandidatura o candidatura, así como las operaciones financieras que realicen en el transcurso de las precampañas y campañas. 

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que es “responsabilidad intransferible” de los partidos seleccionar candidatos comprometidos con la democracia y agregó: “Ni el gobierno federal debe revisar los gastos de campaña de los partidos ni el IFE asumir labores de Ministerio Público”. 

Rechazan polígrafo

El instituto rechazó incluir en el acuerdo la posibilidad de aplicar el polígrafo, exámenes toxicológicos y psicológicos a los candidatos. 

“Esta autoridad no tendría ningún fundamento para sugerir medidas extralegales de evaluación que además después no sabríamos que hacer con ellas”, puntualizó la consejera María Marván. 

Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, sugirió al PAN: “Instalen el polígrafo en su patio”. 

Su homólogo del PAN Guillermo Bustamante le respondió en entrevista: “Lo que sucede en nuestra casa no nos preocupa. Nos preocupa (lo que pasa en) el PRI”. 

Además, el proyecto de acuerdo originalmente planteado comprometía a los partidos a no utilizar elementos que hicieran “apología de la violencia, que provocaran o incitaran al odio o animadversión en contra de las instituciones o en contra de un partido político o candidato”. 

A petición de Pablo Gómez Álvarez, consejero del Poder Legislativo por el PRD, la redacción fue retirada. 

En su lugar se incluyó la prohibición de “difundir propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religiosa que constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona”.

Nayeli Cortés, La Crónica, 9 de febrero.