Plantea Sicilia ajustes en reparación a víctimas

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentó una propuesta al Senado para reformar la Ley de Víctimas, recientemente promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El proyecto con los cambios fue entregado al presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa, a sólo unos días de que la nueva norma entró en vigor.

Establece que en el caso de las violaciones a los derechos humanos, la ley no fijará ningún tope y el Estado quedará obligado a pagar el 100 por ciento de la reparación del daño en cada caso.

"Los montos para las víctimas de violación a derechos humanos no tiene límite porque es responsabilidad absoluta del Estado; las otras están acotadas", explicó el escritor Javier Sicilia, dirigente del Movimiento.

"El Estado quedará obligado a la reparación directa del daño cuando es proveniente de la violación de derechos humanos, ahí no hay tope es al 100 por ciento en cada caso y la entidad de la que surge la violación será la responsable de reparar el daño", expuso el abogado del Movimiento, Julio Hernández Barros.

En el documento también se propone establecer la diferencia entre las víctimas de un delito cualquiera y las víctimas de un delito grave, con violencia.

En el segundo caso, cuando se trate de delitos graves que afecten la vida, integridad corporal y la libertad, el afectado tendrá derecho a la reparación del daño hasta por un monto de 500 veces el salario mínimo mensual, lo equivale a casi 980 mil pesos.

"En estos casos lo que se busca es que siempre pague el delincuente, pero cuando no pueda ser identificado o no sea localizado o sea insolvente, entonces el Estado puede subsanar el daño", detalló el abogado.

Sicilia explicó que las modificaciones pretenden poner fin a las críticas que se han lanzado contra la Ley y perfeccionar los mecanismos que contempla para garantizar un trato adecuado a las víctimas de la crisis de inseguridad y violencia que vive el País.

"En realidad, en el fondo, es una ley de víctimas de la violencia en el delito y de la violencia en el Estado", aseguró.

Otro de los principales cambios contemplados en la reforma es la reducción del número de autoridades que participan en el Sistema Nacional, ya que inicialmente se contemplaba la participación de un total de 4 mil 500 personas, entre ediles, gobernadores y servidores públicos.

Luego del encuentro, Gamboa se comprometió a analizar la propuesta con las bancadas.

Claudia Guerrero, Reforma, 12 de febrero.

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