La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los recientes asesinatos en Durango de los periodistas Eliseo Barrón y Carlos Ortega, y llamó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos “de manera rápida, diligente y eficaz”, con el propósito de que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados.
Al puntualizar que estos y otros hechos reportados contra integrantes del gremio periodístico del país “resultan altamente preocupantes por el entorno en que se producen”, el organismo internacional instó al Estado mexicano “a que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo las preventivas y de protección, para que cesen las agresiones en contra de periodistas y la impunidad que le sigue.
“Dichas medidas deben atender los compromisos internacionales adoptados por México, como aquellos derivados del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que fue sometido en febrero del año pasado”, apuntó en un comunicado.
Por otro lado, ayer en la Comisión Permanente se guardó un minuto de silencio en memoria de Eliseo Barrón, y se exigió que se investigue el crimen. PRI, PAN, PRD y Convergencia lamentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya podido esclarecer uno solo de los crímenes que se han cometido en contra de los comunicadores que han sido secuestrados y asesinados.
“Récord desafortunado”
El presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, expuso en tribuna su solidaridad con el medio en el que trabajaba el reportero asesinado, y manifestó preocupación “porque ninguno de los actos denunciados contra la vida de los periodistas han sido aclarados”.
El legislador panista Gerardo Priego resaltó en tribuna que en nueve años van 50 asesinatos de periodistas en el país, “un récord desafortunado”. Tan sólo en este año van cinco crímenes, uno por mes, y la cifra sube si contamos a los desaparecidos, que son nueve, más las agresiones serias.
Por otra parte, en un foro sobre periodismo organizado a 25 años del asesinato de Manuel Buendía, académicos y organizaciones no gubernamentales coincidieron en manifestar que en materia de libertad de expresión, en los pasados cinco lustros la situación no ha cambiado para la prensa en México.
Destacaron que en el país, desde diversos frentes, se mantienen y acrecientan las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, por lo que –en su consideración– no se puede hablar de un avance real de la democracia –máxime si se presentan asesinatos– si se mantienen los ataques a la libertad de expresión.
Perla Gómez, defensora de periodistas en casos emblemáticos de violación a la libertad de expresión, afirmó que una sociedad que aspira a consolidar la democracia no se puede permitir que lo primero que se ataque sea ese derecho. Por lo que se pugna, dijo, es porque haya un periodismo responsable y evitar que a través de la ley se inhiba su ejercicio, “como ha pasado muy reciente y lamentablemente en México”.
En el encuentro denunció el “lamentable” desempeño de la Fiscalía Especial para Agresiones contra Periodistas, que en el “colmo” de sus actividades “ni siquiera tiene los insumos básicos, y los perfiles que actualmente están ahí no tienen una representatividad ni legitimidad que permita un reconocimiento”.
Al participar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que entre los elementos que inciden en la violación a la libertad de expresión están el que la propia ley permita el abuso o esté ausente en las agresiones contra integrantes del gremio periodístico.
Al puntualizar que estos y otros hechos reportados contra integrantes del gremio periodístico del país “resultan altamente preocupantes por el entorno en que se producen”, el organismo internacional instó al Estado mexicano “a que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo las preventivas y de protección, para que cesen las agresiones en contra de periodistas y la impunidad que le sigue.
“Dichas medidas deben atender los compromisos internacionales adoptados por México, como aquellos derivados del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que fue sometido en febrero del año pasado”, apuntó en un comunicado.
Por otro lado, ayer en la Comisión Permanente se guardó un minuto de silencio en memoria de Eliseo Barrón, y se exigió que se investigue el crimen. PRI, PAN, PRD y Convergencia lamentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya podido esclarecer uno solo de los crímenes que se han cometido en contra de los comunicadores que han sido secuestrados y asesinados.
“Récord desafortunado”
El presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, expuso en tribuna su solidaridad con el medio en el que trabajaba el reportero asesinado, y manifestó preocupación “porque ninguno de los actos denunciados contra la vida de los periodistas han sido aclarados”.
El legislador panista Gerardo Priego resaltó en tribuna que en nueve años van 50 asesinatos de periodistas en el país, “un récord desafortunado”. Tan sólo en este año van cinco crímenes, uno por mes, y la cifra sube si contamos a los desaparecidos, que son nueve, más las agresiones serias.
Por otra parte, en un foro sobre periodismo organizado a 25 años del asesinato de Manuel Buendía, académicos y organizaciones no gubernamentales coincidieron en manifestar que en materia de libertad de expresión, en los pasados cinco lustros la situación no ha cambiado para la prensa en México.
Destacaron que en el país, desde diversos frentes, se mantienen y acrecientan las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, por lo que –en su consideración– no se puede hablar de un avance real de la democracia –máxime si se presentan asesinatos– si se mantienen los ataques a la libertad de expresión.
Perla Gómez, defensora de periodistas en casos emblemáticos de violación a la libertad de expresión, afirmó que una sociedad que aspira a consolidar la democracia no se puede permitir que lo primero que se ataque sea ese derecho. Por lo que se pugna, dijo, es porque haya un periodismo responsable y evitar que a través de la ley se inhiba su ejercicio, “como ha pasado muy reciente y lamentablemente en México”.
En el encuentro denunció el “lamentable” desempeño de la Fiscalía Especial para Agresiones contra Periodistas, que en el “colmo” de sus actividades “ni siquiera tiene los insumos básicos, y los perfiles que actualmente están ahí no tienen una representatividad ni legitimidad que permita un reconocimiento”.
Al participar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que entre los elementos que inciden en la violación a la libertad de expresión están el que la propia ley permita el abuso o esté ausente en las agresiones contra integrantes del gremio periodístico.
Gabriel León, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de mayo.
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