El Instituto Federal Electoral (IFE) no tiene capacidad para monitorear al ciento por ciento el manejo de las campañas en los noticiarios y, en consecuencia, sólo ha entregado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –para su análisis– 86 por ciento del material respectivo, advirtió el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, integrado por medio centenar de analistas y organizaciones civiles que dan seguimiento a las actividades de las autoridades en la materia.
En el periodo del 3 al 31 de mayo, la UNAM reportó que estuvo en posibilidad de analizar 316 noticiarios –de 365 pactados originalmente–, “es decir, el IFE solamente entregó 86 por ciento de las grabaciones originadas por su propio monitoreo, lo que indica que la cobertura que hace de las campañas no se encuentra al ciento por ciento”, señaló el comité.
El organismo ciudadano realizó también un estudio con base en el cual afirma que los nueve consejeros electorales se han dividido en dos grupos al interior del máximo órgano de decisión del instituto, para emitir sus votos con esa tendencia.
En el bloque del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, están algunos que, en el proceso de selección que realizó la Cámara de Diputados, fueron vinculados con la decisión del PAN, como Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Arturo Sánchez (quien desde el proceso anterior pertenecía al Consejo General).
En un análisis factorial, el comité detectó los dos patrones de votación. “Encontramos 16 procesos en los que los grupos votan de manera completamente contraria, lo que significa que mientras un o aprueba unánimemente, el otro rechaza, y viceversa”, principalmente en procedimientos sancionadores. Por ejemplo –señala–, en las recientes resoluciones sobre promocionales del Partido Verde (colocados como informe de labores de diputados) y el relativo a un proceso contra el PAN por el desplegado conocido como sopa de letras, en el que vinculaba al PRI con las palabras corrupción y narcotráfico.
Informó además que la difusión de plataformas de candidatos y partidos políticos en canales de televisión y periódicos es marginal, cercana a uno por ciento, lo cual repercute negativamente en el voto razonado de los ciudadanos.
Los integrantes del comité conciudadano señalaron que es necesario hacer una revisión de la reciente reforma electoral para fortalecer la capacidad institucional del IFE, en particular sus consejos distritales.
En un informe preliminar, al término de la primera mitad del lapso de campañas proselitistas, destacaron que el Consejo General del instituto ha dedicado la mayor parte de sus sesiones a discutir procesos sancionadores y pugnas entre partidos.
“La reforma cargó el trabajo del Consejo General. La arquitectura del IFE no estaba preparada para nuevas tareas”, dijo Clara Jusidman.
En ese análisis de la operación del árbitro electoral, Eduardo Huchim, también integrante del organismo civil y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, se refirió a la respuesta del IFE ante la creciente campaña en favor de la anulación del voto; dijo que el árbitro electoral fue “un poco sorprendido” por ese movimiento. “No está haciendo lo suficiente (…), porque el éxito o fracaso de este proceso electoral tendrá que ver con el porcentaje de participación ciudadana y de votos anulados”, opinó.
En el periodo del 3 al 31 de mayo, la UNAM reportó que estuvo en posibilidad de analizar 316 noticiarios –de 365 pactados originalmente–, “es decir, el IFE solamente entregó 86 por ciento de las grabaciones originadas por su propio monitoreo, lo que indica que la cobertura que hace de las campañas no se encuentra al ciento por ciento”, señaló el comité.
El organismo ciudadano realizó también un estudio con base en el cual afirma que los nueve consejeros electorales se han dividido en dos grupos al interior del máximo órgano de decisión del instituto, para emitir sus votos con esa tendencia.
En el bloque del consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, están algunos que, en el proceso de selección que realizó la Cámara de Diputados, fueron vinculados con la decisión del PAN, como Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Arturo Sánchez (quien desde el proceso anterior pertenecía al Consejo General).
En un análisis factorial, el comité detectó los dos patrones de votación. “Encontramos 16 procesos en los que los grupos votan de manera completamente contraria, lo que significa que mientras un o aprueba unánimemente, el otro rechaza, y viceversa”, principalmente en procedimientos sancionadores. Por ejemplo –señala–, en las recientes resoluciones sobre promocionales del Partido Verde (colocados como informe de labores de diputados) y el relativo a un proceso contra el PAN por el desplegado conocido como sopa de letras, en el que vinculaba al PRI con las palabras corrupción y narcotráfico.
Informó además que la difusión de plataformas de candidatos y partidos políticos en canales de televisión y periódicos es marginal, cercana a uno por ciento, lo cual repercute negativamente en el voto razonado de los ciudadanos.
Los integrantes del comité conciudadano señalaron que es necesario hacer una revisión de la reciente reforma electoral para fortalecer la capacidad institucional del IFE, en particular sus consejos distritales.
En un informe preliminar, al término de la primera mitad del lapso de campañas proselitistas, destacaron que el Consejo General del instituto ha dedicado la mayor parte de sus sesiones a discutir procesos sancionadores y pugnas entre partidos.
“La reforma cargó el trabajo del Consejo General. La arquitectura del IFE no estaba preparada para nuevas tareas”, dijo Clara Jusidman.
En ese análisis de la operación del árbitro electoral, Eduardo Huchim, también integrante del organismo civil y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, se refirió a la respuesta del IFE ante la creciente campaña en favor de la anulación del voto; dijo que el árbitro electoral fue “un poco sorprendido” por ese movimiento. “No está haciendo lo suficiente (…), porque el éxito o fracaso de este proceso electoral tendrá que ver con el porcentaje de participación ciudadana y de votos anulados”, opinó.
Fabiola Martínez y ALonso Urrutia, La Jornada, 19 de junio.
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