La coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y evitar la partidización de la guerra contra la delincuencia son requisitos indispensables para enfrentar el flagelo de la delincuencia y generar confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, coincidieron gobernadores.
Al participar en el foro nacional Seguridad con Justicia: primeros logros, nuevos retos, Marcelo Ebrard, del Distrito Federal, y Enrique Peña Nieto, del Estado de México, exigieron al gobierno federal mayores recursos y coordinación para implantar la reforma constitucional de justicia.
Ebrard pidió al gobierno federal abandonar su doble discurso y dejar de partidizar el tema con fines electorales y ser serios en su tratamiento, pues, agregó, no es cierto que un solo partido represente la lucha contra el narcotráfico.
Lo más grave del crecimiento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, subrayó, es que “estamos perdiendo una generación de jóvenes” adolescentes que se dedican a la delincuencia ante la falta de alternativas, por lo que señaló que es un grave error una reforma penal sin recursos, señalamiento con el que coincidieron los demás gobernantes.
En tanto, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, subrayó la necesidad de que para impulsar la reforma constitucional debe incrementarse el presupuesto, porque recordó que el Estado está “casi en una guerra contra el crimen organizado”.
José Reyes Baeza, de Chihuahua, entidad donde ya se implantó la reforma para la realización de juicios orales, calificó de “demagógico” decir que no implica un incremento de recursos. Subrayó que en su entidad se gastaron mil 600 millones de pesos para instrumentarla.
El tema de la reforma, dijo, es recuperar la confianza, y el objetivo, despresurizar las cárceles para que estén en ellas sólo los que cometieron delitos mayores, ya que se pone mayor atención a los primodelincuentes que a secuestradores y narcotraficantes.
“La reforma no es cara”
La constante petición de los gobiernos de oposición para obtener mayores recursos para la implantación de la reforma judicial, que tiene como plazo perentorio 2012, tuvo como respuesta la participación del gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, quien expuso: “No comparto la opinión del falso debate de que la reforma es cara”, y pidió a sus homólogos que éste tema lo enfrenten con visión de Estado, porque la norma marca la pauta respecto a las facultades de cada uno de los niveles de gobierno y su jurisdicción.
No obstante, invitó a los demás mandatarios a luchar juntos en el Congreso por un mayor presupuesto en el que se pondere estímulos a quienes muestre mayor compromiso.
La respuesta de Marcelo Ebrard fue inmediata, al señalar que nunca dijo que la reforma fuera cara, por lo que se vio un momento de rispidez entre ambos gobernantes locales. Reiteró que no se puede garantizar el éxito de la reforma sin la previsión presupuestal.
A un año de la reforma constitucional del Congreso, los mandatarios hablaron de los avances en sus respectivos estados y todos se comprometieron a cumplir con los plazos establecidos por los legisladores de implementar en ocho años los juicios orales.
Prometen que cumplirán plazos
Los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León hablaron de su experiencia en el impulso de juicios orales, ya que en las dos entidades estos se pusieron en marcha antes de que se llevara acabo la reforma constitucional.
El neoleonés González Parás manifestó que en dos años se pondrá concluir con el proceso de trasformación del sistema de procuración de justicia, pero subrayó que es necesaria la alineación de esfuerzos en los ámbitos federales y locales.
La prioridad en la transformación de la procuración de justicia, señaló, debe estar basada en la prevención, porque con la crisis económica se agudizará el problema de la inseguridad.
El chihuahuense Reyes Baeza destacó que en el gobierno federal ha politizado el tratamiento de la inseguridad, por lo que consideró fundamental que se mantenga una visión de estado en su tratamiento y se cuente con los recursos políticos y económicos.
Inclusive el mexiquense Peña Nieto se refirió a la experiencia de estas dos entidades que fue la base con la cual se llevó acabo la reforma en su estado, que se inició en 2008 y concluirá en agosto de 2011.
Ebrard se comprometió a tener listo el sistema en 2012, pero insistió en que no se puede garantizar el éxito sin los recursos económicos; “esto no es una cuartada, es un requisito”, y aseguró que no es cierto que en el país haya una sola fuerza política que represente la lucha contra la delincuencia, ya que esta se lleva a cabo en todas las entidades.
Que no importen costos electorales
El mandatario del Distrito Federal exigió que la coordinación entre todos los niveles vaya más allá del 5 de julio y que no importe a los gobiernos pagar los costos en la vía electoral.
Emilio González, de Jalisco, señaló que en este momento el Congreso del estado dictamina los proyectos para la implementación de la reforma constitucional, además de que en Guadalajara ya se construye la ciudad judicial, donde se llevarán acabo los juicios orales.
Subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no debe ser un acto burocrático sino una manifestación de la voluntad política.
Los gobernadores mostraron su preocupación en la transformación del sistema de justicia penal para convertirlo en acusatorio y lograr que las cárceles sean para la delincuencia organizada. Ponderaron la necesidad de mayores recursos y de dejar atrás la partidización para que esta iniciativa tenga éxito.
“Creo que los que estamos aquí rechazamos una paz barata, una paz de componendas y de claudicación o de posiciones acomodaticias y estamos convencidos de que una paz verdadera nace con la justicia”
- Claves
Contra “la paz barata”
• El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, aseguró: “los gobernadores presentes rechazamos una paz barata, una paz de componendas y de claudicación o de posiciones acomodaticias y estamos convencidos de que una paz verdadera nace con la justicia”.
• Los gobernadores de oposición calificaron de gran error plantear una reforma judicial de gran envergadura sin la partida presupuestal correspondiente. Incluso el mandatario de Chihuahua señaló que es demagógico decir que no implica mayor presupuesto y el de Nuevo León dijo que hay casi una guerra contra los criminales.
Al participar en el foro nacional Seguridad con Justicia: primeros logros, nuevos retos, Marcelo Ebrard, del Distrito Federal, y Enrique Peña Nieto, del Estado de México, exigieron al gobierno federal mayores recursos y coordinación para implantar la reforma constitucional de justicia.
Ebrard pidió al gobierno federal abandonar su doble discurso y dejar de partidizar el tema con fines electorales y ser serios en su tratamiento, pues, agregó, no es cierto que un solo partido represente la lucha contra el narcotráfico.
Lo más grave del crecimiento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, subrayó, es que “estamos perdiendo una generación de jóvenes” adolescentes que se dedican a la delincuencia ante la falta de alternativas, por lo que señaló que es un grave error una reforma penal sin recursos, señalamiento con el que coincidieron los demás gobernantes.
En tanto, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, subrayó la necesidad de que para impulsar la reforma constitucional debe incrementarse el presupuesto, porque recordó que el Estado está “casi en una guerra contra el crimen organizado”.
José Reyes Baeza, de Chihuahua, entidad donde ya se implantó la reforma para la realización de juicios orales, calificó de “demagógico” decir que no implica un incremento de recursos. Subrayó que en su entidad se gastaron mil 600 millones de pesos para instrumentarla.
El tema de la reforma, dijo, es recuperar la confianza, y el objetivo, despresurizar las cárceles para que estén en ellas sólo los que cometieron delitos mayores, ya que se pone mayor atención a los primodelincuentes que a secuestradores y narcotraficantes.
“La reforma no es cara”
La constante petición de los gobiernos de oposición para obtener mayores recursos para la implantación de la reforma judicial, que tiene como plazo perentorio 2012, tuvo como respuesta la participación del gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, quien expuso: “No comparto la opinión del falso debate de que la reforma es cara”, y pidió a sus homólogos que éste tema lo enfrenten con visión de Estado, porque la norma marca la pauta respecto a las facultades de cada uno de los niveles de gobierno y su jurisdicción.
No obstante, invitó a los demás mandatarios a luchar juntos en el Congreso por un mayor presupuesto en el que se pondere estímulos a quienes muestre mayor compromiso.
La respuesta de Marcelo Ebrard fue inmediata, al señalar que nunca dijo que la reforma fuera cara, por lo que se vio un momento de rispidez entre ambos gobernantes locales. Reiteró que no se puede garantizar el éxito de la reforma sin la previsión presupuestal.
A un año de la reforma constitucional del Congreso, los mandatarios hablaron de los avances en sus respectivos estados y todos se comprometieron a cumplir con los plazos establecidos por los legisladores de implementar en ocho años los juicios orales.
Prometen que cumplirán plazos
Los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León hablaron de su experiencia en el impulso de juicios orales, ya que en las dos entidades estos se pusieron en marcha antes de que se llevara acabo la reforma constitucional.
El neoleonés González Parás manifestó que en dos años se pondrá concluir con el proceso de trasformación del sistema de procuración de justicia, pero subrayó que es necesaria la alineación de esfuerzos en los ámbitos federales y locales.
La prioridad en la transformación de la procuración de justicia, señaló, debe estar basada en la prevención, porque con la crisis económica se agudizará el problema de la inseguridad.
El chihuahuense Reyes Baeza destacó que en el gobierno federal ha politizado el tratamiento de la inseguridad, por lo que consideró fundamental que se mantenga una visión de estado en su tratamiento y se cuente con los recursos políticos y económicos.
Inclusive el mexiquense Peña Nieto se refirió a la experiencia de estas dos entidades que fue la base con la cual se llevó acabo la reforma en su estado, que se inició en 2008 y concluirá en agosto de 2011.
Ebrard se comprometió a tener listo el sistema en 2012, pero insistió en que no se puede garantizar el éxito sin los recursos económicos; “esto no es una cuartada, es un requisito”, y aseguró que no es cierto que en el país haya una sola fuerza política que represente la lucha contra la delincuencia, ya que esta se lleva a cabo en todas las entidades.
Que no importen costos electorales
El mandatario del Distrito Federal exigió que la coordinación entre todos los niveles vaya más allá del 5 de julio y que no importe a los gobiernos pagar los costos en la vía electoral.
Emilio González, de Jalisco, señaló que en este momento el Congreso del estado dictamina los proyectos para la implementación de la reforma constitucional, además de que en Guadalajara ya se construye la ciudad judicial, donde se llevarán acabo los juicios orales.
Subrayó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno no debe ser un acto burocrático sino una manifestación de la voluntad política.
Los gobernadores mostraron su preocupación en la transformación del sistema de justicia penal para convertirlo en acusatorio y lograr que las cárceles sean para la delincuencia organizada. Ponderaron la necesidad de mayores recursos y de dejar atrás la partidización para que esta iniciativa tenga éxito.
“Creo que los que estamos aquí rechazamos una paz barata, una paz de componendas y de claudicación o de posiciones acomodaticias y estamos convencidos de que una paz verdadera nace con la justicia”
- Claves
Contra “la paz barata”
• El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, aseguró: “los gobernadores presentes rechazamos una paz barata, una paz de componendas y de claudicación o de posiciones acomodaticias y estamos convencidos de que una paz verdadera nace con la justicia”.
• Los gobernadores de oposición calificaron de gran error plantear una reforma judicial de gran envergadura sin la partida presupuestal correspondiente. Incluso el mandatario de Chihuahua señaló que es demagógico decir que no implica mayor presupuesto y el de Nuevo León dijo que hay casi una guerra contra los criminales.
Georgina Morett y Silvia Arellano, Milenio, 26 de junio.
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