Representantes de PRD y PRI responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón por el retraso de un año que se ha registrado en la implementación de la reforma en materia de seguridad y justicia penal.
Durante el foro nacional Seguridad con Justicia, organizado por el empresario Alejandro Martí, al que fueron convocados los dirigentes de los tres principales partidos y al que sólo asistió Jesús Ortega, se criticó la lucha emprendida por el gobierno federal contra el crimen organizado.
Ante la cancelación de última hora de los dirigentes de PRI y PAN, el líder perredista tuvo en debate sobre la aplicación de la reforma con el representante del tricolor, el senador Jesús Murillo Karam, y el del blanquiazul, César Nava.
En su oportunidad, el ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, y ahora candidato a diputado federal consideró injusto juzgar el avance de la reforma por la instalación del consejo.
En el debate, en el que también se criticó el combate al narcotráfico, Nava expuso que “pretender posponer o subordinar el combate al narcotráfico es dejar de ver y olvidar una situación. El narcotráfico no solamente se ha apoderado de la función administrativa, sino materialmente de la función legislativa en algunas partes del territorio, materialmente ejerce la función judicial, la función fiscal y la función policiaca, de manera tal que cerrar los ojos ante esta realidad y pretender subordinarlo a otros temas a la agenda, pareciera cerrar los ojos ante esta realidad”.
Ortega y Murillo coincidieron en que es fundamental encontrar una forma de autonomía del Ejecutivo para los sistemas de justicia.
“Procurador de justicia de la Federación o de los estados, que en lugar de perseguir delincuentes, persigue votos, eso se convierte en un desastre para el país, y eso está sucediendo; vinculando estrechamente la responsabilidad a una lucha política electoral”, afirmó Ortega.
En respuesta, Nava consideró que darle autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República entrañaría la imposibilidad de exigirle cuentas al jefe del Ejecutivo del tema más importante para los mexicanos, que es la seguridad pública y la justicia penal.
“Soltar de la esfera del Ejecutivo la procuraduría y darle autonomía constitucional plena implicaría correr ese riesgo enorme y sería una irresponsabilidad política”, afirmó.
El presidente del PRD aclaró que ese partido no está contra los operativos de seguridad, pero sí en favor de una actuación “que debiera ser seria y eficaz de la PGR para perseguir delincuentes”.
En tanto, el priista Jesús Murillo planteó la necesidad de una cultura de respeto al pacto social que nos hemos dado, porque ha sido roto y hay que restablecerlo.
El legislador consideró que “deberíamos sentarnos a hablar con la razón, con el choque fuerte, contundente, enérgico de la razón de cada quien, para encontrar la razón de todos”.
- Claves
Caso Michoacán
• El panista César Nava señaló que “no fue el presidente Calderón quien dividió a Michoacán, ni tampoco Leonel Godoy (el gobernador); fue el narco, el crimen organizado, y no hay color partidista”.
• Recordó que dos de los tres alcaldes panistas más importantes en Michoacán también fueron consignados y puestos a disposición de un juez competente, representante de otro poder distinto al Ejecutivo.
• “No hay complot, es una acción sin colores, oportuna, que esperemos se repita en otros estados”, apuntó Nava.
Durante el foro nacional Seguridad con Justicia, organizado por el empresario Alejandro Martí, al que fueron convocados los dirigentes de los tres principales partidos y al que sólo asistió Jesús Ortega, se criticó la lucha emprendida por el gobierno federal contra el crimen organizado.
Ante la cancelación de última hora de los dirigentes de PRI y PAN, el líder perredista tuvo en debate sobre la aplicación de la reforma con el representante del tricolor, el senador Jesús Murillo Karam, y el del blanquiazul, César Nava.
En su oportunidad, el ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, y ahora candidato a diputado federal consideró injusto juzgar el avance de la reforma por la instalación del consejo.
En el debate, en el que también se criticó el combate al narcotráfico, Nava expuso que “pretender posponer o subordinar el combate al narcotráfico es dejar de ver y olvidar una situación. El narcotráfico no solamente se ha apoderado de la función administrativa, sino materialmente de la función legislativa en algunas partes del territorio, materialmente ejerce la función judicial, la función fiscal y la función policiaca, de manera tal que cerrar los ojos ante esta realidad y pretender subordinarlo a otros temas a la agenda, pareciera cerrar los ojos ante esta realidad”.
Ortega y Murillo coincidieron en que es fundamental encontrar una forma de autonomía del Ejecutivo para los sistemas de justicia.
“Procurador de justicia de la Federación o de los estados, que en lugar de perseguir delincuentes, persigue votos, eso se convierte en un desastre para el país, y eso está sucediendo; vinculando estrechamente la responsabilidad a una lucha política electoral”, afirmó Ortega.
En respuesta, Nava consideró que darle autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República entrañaría la imposibilidad de exigirle cuentas al jefe del Ejecutivo del tema más importante para los mexicanos, que es la seguridad pública y la justicia penal.
“Soltar de la esfera del Ejecutivo la procuraduría y darle autonomía constitucional plena implicaría correr ese riesgo enorme y sería una irresponsabilidad política”, afirmó.
El presidente del PRD aclaró que ese partido no está contra los operativos de seguridad, pero sí en favor de una actuación “que debiera ser seria y eficaz de la PGR para perseguir delincuentes”.
En tanto, el priista Jesús Murillo planteó la necesidad de una cultura de respeto al pacto social que nos hemos dado, porque ha sido roto y hay que restablecerlo.
El legislador consideró que “deberíamos sentarnos a hablar con la razón, con el choque fuerte, contundente, enérgico de la razón de cada quien, para encontrar la razón de todos”.
- Claves
Caso Michoacán
• El panista César Nava señaló que “no fue el presidente Calderón quien dividió a Michoacán, ni tampoco Leonel Godoy (el gobernador); fue el narco, el crimen organizado, y no hay color partidista”.
• Recordó que dos de los tres alcaldes panistas más importantes en Michoacán también fueron consignados y puestos a disposición de un juez competente, representante de otro poder distinto al Ejecutivo.
• “No hay complot, es una acción sin colores, oportuna, que esperemos se repita en otros estados”, apuntó Nava.
Raquel Fernández y Mauricio Pérez, Milenio, 26 de junio.
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