El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, afirmó que el instituto no presionó a nadie para cancelar el debate entre los dirigentes nacionales de PAN y PRI, Germán Martínez Cázares y Beatriz Paredes, respectivamente, que había sido pactado para hoy miércoles e indicó que sólo manifestó el riesgo de violar la ley con su realización.
Entrevistado tras encabezar una reunión de consejeros en un hotel del sur de la ciudad de México, Valdés dijo que optó por manifestar a PAN y PRI, así como a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que si no se tenía claridad sobre el mecanismo que se utilizaría, se podía incurrir en una violación a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíben a los partidos comprar espacios en medios electrónicos o recibirlo como una donación.
“Quiero ser muy enfático, el IFE no presiona nunca a nadie. El IFE, de manera respetuosa, turnó un oficio a los partidos Revolucionario Institucional y a Acción Nacional para darles a conocer la inquietud que otro partido había planteado, el viernes el Partido de la Revolución Democrática y ayer (lunes) el Partido Socialdemócrata. Lo mismo hicimos con la CIRT, pero siempre muy respetuosos de las facultades que cada actor tiene en un proceso electoral, pero sí señalando que podía haber riesgos de una violación a la legislación”, afirmó.
Luego de que el lunes el IFE envió al PAN y PRI una misiva donde alertó que la realización del debate podía generar “inequidad”, Valdés expresó que con esa posición no se pretendió bloquear la discusión de propuestas entre los partidos y prueba de ello, agregó, son los seis foros de debate de contraste de plataformas que realizó con los ocho partidos políticos en semanas anteriores.
“La preocupación central del IFE, y por eso es que instruí al secretario Ejecutivo para hacer la gestión que realizamos, fue que un uso en radio y televisión pudiera caer en el marco de una violación a la Constitución y a la ley que, como ustedes sabes, se reformó en 2007, justamente para que ni los partidos políticos ni los particulares pudieran comprar o recibir en donación tiempo en radio y televisión”, subrayó.
Descontento de consejeros
Sin embargo, algunos consejeros electorales se manifestaron contra la decisión y mostraron su descontento por no haber sido consultados sobre la posición de no dar el visto bueno al debate entre PRI y PAN y pidieron una explicación del por qué no fueron tomados en cuenta.
Tras señalar que faltó una deliberación previa entre los consejeros para fijar una posición sobre el tema, Marco Antonio Gómez y Marco Antonio Baños consideraron que no existían problemas para realizar el debate, pues no se habría vulnerado alguna disposición normativa.
“En rigor, está ocurriendo con esta solicitud, exactamente lo mismo que pasa con algunos noticieros o algunos medios de comunicación, que convocan dentro de sus espacios, a candidatos o personas representativas de los partidos para que intercambien puntos de vista sobre sus temas”, acotó.
Marco Antonio Gómez Alcántar, sostuvo que urge que el IFE dé la certeza necesaria para la realización de un debate y “resolver los problemas, y no entorpecerlos” e indicó que corresponde al consejero presidente explicar por qué se viola la equidad con su realización.
Entrevistado tras encabezar una reunión de consejeros en un hotel del sur de la ciudad de México, Valdés dijo que optó por manifestar a PAN y PRI, así como a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que si no se tenía claridad sobre el mecanismo que se utilizaría, se podía incurrir en una violación a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíben a los partidos comprar espacios en medios electrónicos o recibirlo como una donación.
“Quiero ser muy enfático, el IFE no presiona nunca a nadie. El IFE, de manera respetuosa, turnó un oficio a los partidos Revolucionario Institucional y a Acción Nacional para darles a conocer la inquietud que otro partido había planteado, el viernes el Partido de la Revolución Democrática y ayer (lunes) el Partido Socialdemócrata. Lo mismo hicimos con la CIRT, pero siempre muy respetuosos de las facultades que cada actor tiene en un proceso electoral, pero sí señalando que podía haber riesgos de una violación a la legislación”, afirmó.
Luego de que el lunes el IFE envió al PAN y PRI una misiva donde alertó que la realización del debate podía generar “inequidad”, Valdés expresó que con esa posición no se pretendió bloquear la discusión de propuestas entre los partidos y prueba de ello, agregó, son los seis foros de debate de contraste de plataformas que realizó con los ocho partidos políticos en semanas anteriores.
“La preocupación central del IFE, y por eso es que instruí al secretario Ejecutivo para hacer la gestión que realizamos, fue que un uso en radio y televisión pudiera caer en el marco de una violación a la Constitución y a la ley que, como ustedes sabes, se reformó en 2007, justamente para que ni los partidos políticos ni los particulares pudieran comprar o recibir en donación tiempo en radio y televisión”, subrayó.
Descontento de consejeros
Sin embargo, algunos consejeros electorales se manifestaron contra la decisión y mostraron su descontento por no haber sido consultados sobre la posición de no dar el visto bueno al debate entre PRI y PAN y pidieron una explicación del por qué no fueron tomados en cuenta.
Tras señalar que faltó una deliberación previa entre los consejeros para fijar una posición sobre el tema, Marco Antonio Gómez y Marco Antonio Baños consideraron que no existían problemas para realizar el debate, pues no se habría vulnerado alguna disposición normativa.
“En rigor, está ocurriendo con esta solicitud, exactamente lo mismo que pasa con algunos noticieros o algunos medios de comunicación, que convocan dentro de sus espacios, a candidatos o personas representativas de los partidos para que intercambien puntos de vista sobre sus temas”, acotó.
Marco Antonio Gómez Alcántar, sostuvo que urge que el IFE dé la certeza necesaria para la realización de un debate y “resolver los problemas, y no entorpecerlos” e indicó que corresponde al consejero presidente explicar por qué se viola la equidad con su realización.
Susana Hernández, Milenio, 17 de junio.
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