ONG critican que México ignore consejos de ONU

Un colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron que el gobierno federal no cumpla con ocho de las más de 90 recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar temas como jurisdicción militar; abolir la práctica del arraigo y adecuar la definición de delincuencia organizada a estándares internacionales, entre otras.

Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez piden restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar.

Aseguran que así se manifiesta la falta de voluntad para abordar temas torales en materia de derechos humanos.

En el posicionamiento político de las organizaciones civiles a propósito del Examen Periódico Universal (EPU) al que acudirá México por segunda ocasión este 11 de junio tendrá que informar del cumplimiento de dichas recomendaciones.

En febrero, nuestro país se presentó por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el contexto del EPU.

Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Red Todos los Derechos para Todas y Todos, manifiestan la urgente necesidad de poner en marcha acciones concretas y efectivas para combatir la impunidad y eliminar la figura de arraigo que contraviene a las recomendaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas.

Juan Carlos Gutiérrez, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que se ha hecho un uso excesivo de la figura del arraigo ya que no se respetan los derechos humanos de los detenidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Detalló que en este año han sido arraigados 500 personas en diversos centros de los cuales sus familiares no tienen conocimiento ni de su estado de salud, además de que se dificulta su defensa.

Urgieron a garantizar que la justicia civil conozca de los casos de violaciones a los derechos cometidos por elementos militares.

Piden “reforzar las medidas y acciones para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres. En particular, en el caso de los feminicidios se recomendó continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables”.

Noemí Gutiérrez, El Universal, 10 de junio.


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