Aplican sanción de 657 mil 660 pesos al PAN por el caso “sopa de letras”

Con votación complicada, en la que hubo múltiples mociones, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó aplicar una multa de 657 mil 600 pesos al PAN por no retirar la propaganda denominada “sopa de letras”, en la cual vinculó al PRI con palabras como corrupción y narcotráfico, y por contratar espacios en otros medios para multiplicar la difusión del mensaje.

El IFE resolvió que el PAN incurrió en desacato, reincidencia, delito continuado y conducta pasiva y desinteresada, lo cual constituye un caso de gravedad especial.

Esto ocurrió durante la votación particular del caso ante la existencia de tres propuestas:

La del proyecto original, que incluía una sanción de 7 mil días de salario mínimo: 2 mil por incumplimiento de medidas cautelares y 5 mil por celebrar un nuevo contrato (desacato).

La del consejero Benito Nacif, que finalmente fue aprobada, quien planteó duplicar la sanción respecto del punto tercero del resolutivo, es decir, pasar de 5 mil a 10 mil días de salario mínimo por desacato (de 274 mil a 548 mil pesos). Y la del senador Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo por el PRD ante el IFE, que propuso imponer, por la misma causa, una multa de 76 mil días de salario mínimo vigente, esto es, 4.1 millones de pesos.

Cuando empezó el embrollo, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, señaló que sólo podía votarse por una de las tres propuestas. Sin embargo, el consejero Marco Baños sostuvo que primero se votara el proyecto original, luego el de Nacif, y si ésta se aprobaba no habría necesidad de votar la de Pablo Gómez; pero si no se avalaba, la del senador perredista tendría que aprobarse en forma automática.

Valdés advirtió que si ninguna de las tres propuestas lograba mayoría la falta (del PAN) quedaría sin sanción.

La postura de Baños fue apoyada por los consejeros Marco Antonio Gómez Alcántar y Virgilio Andrade, así como por el senador Pablo Gómez. En la votación, ocurrió lo que advirtió Valdés: ninguna de las propuestas obtuvo mayoría. Ante la confusión, señaló que después de las mociones propondría un receso.

Gómez Alcántar expresó: “¡a mí me parece hasta sorpresivo que por esta nueva forma innovadora de votar se generó el efecto de que yo me abstuve porque nunca me expresé en sentido contrario de la resolución y tampoco se puede inferir que por el hecho de no haber votado en contra ya me expresé en sentido contrario! (…) señores, creo que aquí hubo un error, aceptémoslo y sigamos adelante”.

No hubo receso. Valdés Zurita echó mano de las facultades que le otorga el reglamento para conducir los trabajos del Consejo General ante lo insólito: ninguna propuesta sometida a votación generó consenso ni mayoría.

Se realizó una votación en lo individual y fue aprobada la propuesta de Nacif por cinco en favor y cuatro en contra.

Cabe señalar que el caso “sopa de letras” ha sido discutido ocho veces (tanto en el IFE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF). Finalmente, ayer se aprobó una multa general de casi un millón y medio de pesos para el blanquiazul (antes de la jornada electoral se había fijado una sanción de 931 mil 600 pesos).

La representante del PAN ante el Consejo General, Lariza Montiel, solicitó copia del video de la sesión, que utilizará como prueba para llevar el caso una vez más al TEPJF, que comenzó por la denuncia que presentó el PRI en abril pasado al considerar que el desplegado del blanquiazul denigraba y calumniaba al tricolor.

La propaganda del PAN sancionada señalaba: “Busca 13 características del gobierno del PRI en esta sopa de letras. Censura, deuda, robo, atraso, impunidad, complicidad, transa, corrupción, narco, pobreza, represión, abuso y crimen”.

El IFE dejó sin sanción al senador del PVEM Arturo Escobar, quien fue denunciado por PAN y PRD por difundir propaganda electoral en tiempo prohibido. Además, acató la orden del TEPJF de dar vista al Congreso de Oaxaca para que dicte lo conducente (sanción administrativa o política) por violaciones a las normas electorales y uso de recursos públicos en propaganda ilegal por parte del gobernador Ulises Ruiz.
Fabiola Martínez, La Jornada, 29 de julio.

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