El Instituto Federal Electoral (IFE) multó al Partido Nueva Alianza (Panal) con 602 mil 220 pesos por haber entregado 3 millones de pesos a una fundación privada para la realización de mamografías, “donación” considerada ilegal respecto del uso que los partidos deben dar a los recursos públicos (prerrogativas) que reciben.
El caso provocó largo debate sobre el monto de la sanción a imponer (la propuesta original era de 101 mil 210 pesos), pero los consejeros reconocieron que no tienen criterios claros para aplicar la función sancionadora que les otorgó la reforma electoral de 2007 y, por tanto, las atribuciones que tienen tras la creación de la Unidad Fiscalizadora, en enero de 2008.
“No vengan a esta mesa del Consejo General con ocurrencias (…) Se está discutiendo la forma de mover sistemáticamente para arriba o para abajo las sanciones propuestas”, señaló el consejero Marco Baños.
El consejero Benito Nacif destacó que esto ocurre porque no tienen conocimiento previo de las propuestas de multas que envía la Unidad de Fiscalización. Su par Marco Gómez precisó que se requiere integrar un esquema de análisis previo sin improvisaciones ni ocurrencias.
La representante del PAN, Lariza Montiel, manifestó a los consejeros que debería darles vergüenza determinar multas al calor del debate, sin sostener reuniones previas.
Otros integrantes del Consejo General manifestaron que el IFE decide el monto de las sanciones sin criterios específicos.
Cascada de quejas
Al inicio de la sesión, que duró casi 10 horas, se dieron a conocer informes de la situación que guarda el IFE, en especial sobre la cascada de quejas y procedimientos que debe atender.
La recepción de quejas aumentó 80 por ciento, mientras los procedimientos sancionadores se incrementaron 64 por ciento, al pasar de 192, en el informe anterior, a 313 en el actual.
Hay 125 procedimientos pendientes que se desahogarán en agosto, de acuerdo con las previsiones de la secretaría ejecutiva. Cabe precisar que para cumplir la labor sancionadora el IFE tiene un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos para este año.
Sin embargo, en la sesión de ayer se votaron dos procedimientos de 2004 y otros de 2005, trámites que el consejero Arturo Sánchez calificó de “rezago natural”, debido a los periodos legales de fiscalización del gasto de los partidos políticos.
Acerca del Panal y la donación de más de 3 millones de pesos a la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, que tuvo como propósito la realización de mamografías en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, entidades en las que hubo elecciones en 2007, el consejero Alfredo Figueroa propuso duplicar la multa propuesta originalmente, para inhibir la conducta de desviar los recursos públicos que gastan los partidos políticos.
El senador Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo por el PRD, propuso que el Panal reintegrara los 3 millones de pesos, porque los partidos, argumentó, no son instituciones filantrópicas. Puso como ejemplo el caso Pemexgate, cuando se impuso al PRI una multa de mil millones de pesos, equivalente al doble de los recursos públicos desviados en favor del tricolor.
El representante del Panal, Luis Antonio González, justificó el gasto al decir que fue para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y aseveró que la detección del cáncer de mama no se contrapone a eso.
Nacif coincidió con el senador Gómez al señalar que lo que donó el Panal constituye un gasto ilegal. “Si un partido político destina sus prerrogativas a un fin distinto al que marca la ley, esas prerrogativas no son estrictamente suyas. No puede saludar con sombrero ajeno”, afirmó.
Los procedimientos sancionadores que resolvió ayer el IFE no merecieron, salvo el caso del Panal, castigo económico. Incluso, una violación del senador Gustavo Madero a la ley, por recibir una aportación en especie de una editorial extranjera, mereció sólo una “amonestación pública”
En otro tema, el IFE presentó un informe sobre el nuevo modelo de comunicación política y aseveró que hubo “cumplimiento generalizado” por parte de los 2 mil 43 concesionarios y permisionarios de radio y televisión en la difusión de promocionales de los partidos y de la autoridad electoral.
“Más de 90 por ciento de las piezas informativas transmitidas en radio y televisión no tuvieron adjetivos ni calificaciones”, señala el informe.
Fueron más de 23 millones de espots, derivados de las pautas delineadas por el IFE. Este organismo recibió 2 mil 314 materiales de partidos y aprobó mil 993; el monitoreo fue posible mediante la operación de un cenro nacional y 150 centros de verificación en todo el país, para supervisar la transmisión de los promocionales durante dos meses.
El caso provocó largo debate sobre el monto de la sanción a imponer (la propuesta original era de 101 mil 210 pesos), pero los consejeros reconocieron que no tienen criterios claros para aplicar la función sancionadora que les otorgó la reforma electoral de 2007 y, por tanto, las atribuciones que tienen tras la creación de la Unidad Fiscalizadora, en enero de 2008.
“No vengan a esta mesa del Consejo General con ocurrencias (…) Se está discutiendo la forma de mover sistemáticamente para arriba o para abajo las sanciones propuestas”, señaló el consejero Marco Baños.
El consejero Benito Nacif destacó que esto ocurre porque no tienen conocimiento previo de las propuestas de multas que envía la Unidad de Fiscalización. Su par Marco Gómez precisó que se requiere integrar un esquema de análisis previo sin improvisaciones ni ocurrencias.
La representante del PAN, Lariza Montiel, manifestó a los consejeros que debería darles vergüenza determinar multas al calor del debate, sin sostener reuniones previas.
Otros integrantes del Consejo General manifestaron que el IFE decide el monto de las sanciones sin criterios específicos.
Cascada de quejas
Al inicio de la sesión, que duró casi 10 horas, se dieron a conocer informes de la situación que guarda el IFE, en especial sobre la cascada de quejas y procedimientos que debe atender.
La recepción de quejas aumentó 80 por ciento, mientras los procedimientos sancionadores se incrementaron 64 por ciento, al pasar de 192, en el informe anterior, a 313 en el actual.
Hay 125 procedimientos pendientes que se desahogarán en agosto, de acuerdo con las previsiones de la secretaría ejecutiva. Cabe precisar que para cumplir la labor sancionadora el IFE tiene un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos para este año.
Sin embargo, en la sesión de ayer se votaron dos procedimientos de 2004 y otros de 2005, trámites que el consejero Arturo Sánchez calificó de “rezago natural”, debido a los periodos legales de fiscalización del gasto de los partidos políticos.
Acerca del Panal y la donación de más de 3 millones de pesos a la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, que tuvo como propósito la realización de mamografías en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, entidades en las que hubo elecciones en 2007, el consejero Alfredo Figueroa propuso duplicar la multa propuesta originalmente, para inhibir la conducta de desviar los recursos públicos que gastan los partidos políticos.
El senador Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo por el PRD, propuso que el Panal reintegrara los 3 millones de pesos, porque los partidos, argumentó, no son instituciones filantrópicas. Puso como ejemplo el caso Pemexgate, cuando se impuso al PRI una multa de mil millones de pesos, equivalente al doble de los recursos públicos desviados en favor del tricolor.
El representante del Panal, Luis Antonio González, justificó el gasto al decir que fue para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y aseveró que la detección del cáncer de mama no se contrapone a eso.
Nacif coincidió con el senador Gómez al señalar que lo que donó el Panal constituye un gasto ilegal. “Si un partido político destina sus prerrogativas a un fin distinto al que marca la ley, esas prerrogativas no son estrictamente suyas. No puede saludar con sombrero ajeno”, afirmó.
Los procedimientos sancionadores que resolvió ayer el IFE no merecieron, salvo el caso del Panal, castigo económico. Incluso, una violación del senador Gustavo Madero a la ley, por recibir una aportación en especie de una editorial extranjera, mereció sólo una “amonestación pública”
En otro tema, el IFE presentó un informe sobre el nuevo modelo de comunicación política y aseveró que hubo “cumplimiento generalizado” por parte de los 2 mil 43 concesionarios y permisionarios de radio y televisión en la difusión de promocionales de los partidos y de la autoridad electoral.
“Más de 90 por ciento de las piezas informativas transmitidas en radio y televisión no tuvieron adjetivos ni calificaciones”, señala el informe.
Fueron más de 23 millones de espots, derivados de las pautas delineadas por el IFE. Este organismo recibió 2 mil 314 materiales de partidos y aprobó mil 993; el monitoreo fue posible mediante la operación de un cenro nacional y 150 centros de verificación en todo el país, para supervisar la transmisión de los promocionales durante dos meses.
Fabiola Martínez, La Jornada, 31 de julio.
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