El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, rechazó ayer las críticas del ombusdman nacional, José Luis Soberanes, quien impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva Ley Orgánica de esa dependencia, por considerarla inconstitucional.
“La PGR no comparte el criterio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que las disposiciones de la Ley Orgánica sean contrarias a la Constitución”, expuso Medina Mora durante una conferencia de prensa conjunta con el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske.
“Nosotros tenemos claramente la obligación de respetar las garantías individuales y los derechos humanos, y tenemos que apelar porque todas las autoridades que coadyuvan en la investigación de los delitos “los respeten”, agregó.
Por otra parte, los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en el Senado consideraron que la nueva Ley Orgánica de la PGR, que impugna la CNDH, “no es un obstáculo para las investigaciones del órgano nacional de defensa de las garantías”.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que “es factible que podamos en el Senado revisar esa ley en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre próximo, porque la CNDH ha denunciado que la PGR no le ha permitido revisar expedientes en varios casos, entre ellos el del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora”.
A su vez, el procurador Medina Mora sostuvo que la dependencia a su cargo está abierta a entregar la información relacionada con las quejas que se tramitan ante la CNDH, siempre y cuando no se trate de expedientes que, por formar parte de averiguaciones previas en curso, la legislación penal mexicana obliga al sigilo de sus contenidos.
“Esto no quiere decir que (se entregue información) en todos y cada uno de los aspectos de una averiguación previa que por naturaleza tienen que ser reservados por la presunción de inocencia, en cumplimiento de las garantías del debido proceso que marca nuestra Constitución”, destacó el procurador.
En la demanda de acción de inconstitucionalidad del ombudsman se asienta que el derecho a la prueba es de carácter fundamental y pilar de un debido proceso, y su existencia es en razón de aquella persona encargada de establecer la verdad jurídica.
La CNDH presentó la impugnación ante la SCJN el 29 de junio pasado, y en la demanda se especifica que el artículo 5, fracción quinta, inciso c de la ley de referencia, contiene un amplio margen de discrecionalidad que violenta el título primero y los artículos 1, 14 y 102, apartado B de la Constitución federal.
Mientras, para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro Gónzalez Alcocer, “habría que revisar dónde indica la Ley Orgánica de la PGR eso que la CNDH denuncia, porque lo que sí se protegió en la transparencia fue la información de las averiguaciones previas”.
El panista explicó: “no lo veo así; se protegieron las averiguaciones cuando están en curso; eso es lo que se protegió, no creo que pueda tenerse acceso fácilmente, porque pudiera generarse otro tipo de problemas, como filtraciones de información”.
Mientras, el senador del PRD Tomás Torres señaló que la CNDH “actuó tardíamente en el proceso de reforma de la Ley Orgánica de la PGR; el coordinador de asesores de la CNDH me plantó en dos ocasiones y un punto era pedirle un pronunciamiento sobre esos temas”.
Destacó que “no es verdad que la secrecía sea un obstáculo para conocer los asuntos. Se le obstaculizará si va sola, si oficiosamente se quiere integrar un expediente sin solicitud de ayuda de los acusados, pero si una víctima va y pide a la PGR copia del expediente, y ésta le dice que no, se puede ir al amparo”.
El senador del PRI Adolfo Toledo manifestó que “sí, hay cerrazón de la PGR; nosotros habremos de revisar y ver que se modifique lo que tenga que modificarse para que no haya esas actitudes en la procuraduría”.
“La PGR no comparte el criterio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que las disposiciones de la Ley Orgánica sean contrarias a la Constitución”, expuso Medina Mora durante una conferencia de prensa conjunta con el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske.
“Nosotros tenemos claramente la obligación de respetar las garantías individuales y los derechos humanos, y tenemos que apelar porque todas las autoridades que coadyuvan en la investigación de los delitos “los respeten”, agregó.
Por otra parte, los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en el Senado consideraron que la nueva Ley Orgánica de la PGR, que impugna la CNDH, “no es un obstáculo para las investigaciones del órgano nacional de defensa de las garantías”.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional manifestó que “es factible que podamos en el Senado revisar esa ley en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre próximo, porque la CNDH ha denunciado que la PGR no le ha permitido revisar expedientes en varios casos, entre ellos el del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora”.
A su vez, el procurador Medina Mora sostuvo que la dependencia a su cargo está abierta a entregar la información relacionada con las quejas que se tramitan ante la CNDH, siempre y cuando no se trate de expedientes que, por formar parte de averiguaciones previas en curso, la legislación penal mexicana obliga al sigilo de sus contenidos.
“Esto no quiere decir que (se entregue información) en todos y cada uno de los aspectos de una averiguación previa que por naturaleza tienen que ser reservados por la presunción de inocencia, en cumplimiento de las garantías del debido proceso que marca nuestra Constitución”, destacó el procurador.
En la demanda de acción de inconstitucionalidad del ombudsman se asienta que el derecho a la prueba es de carácter fundamental y pilar de un debido proceso, y su existencia es en razón de aquella persona encargada de establecer la verdad jurídica.
La CNDH presentó la impugnación ante la SCJN el 29 de junio pasado, y en la demanda se especifica que el artículo 5, fracción quinta, inciso c de la ley de referencia, contiene un amplio margen de discrecionalidad que violenta el título primero y los artículos 1, 14 y 102, apartado B de la Constitución federal.
Mientras, para el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro Gónzalez Alcocer, “habría que revisar dónde indica la Ley Orgánica de la PGR eso que la CNDH denuncia, porque lo que sí se protegió en la transparencia fue la información de las averiguaciones previas”.
El panista explicó: “no lo veo así; se protegieron las averiguaciones cuando están en curso; eso es lo que se protegió, no creo que pueda tenerse acceso fácilmente, porque pudiera generarse otro tipo de problemas, como filtraciones de información”.
Mientras, el senador del PRD Tomás Torres señaló que la CNDH “actuó tardíamente en el proceso de reforma de la Ley Orgánica de la PGR; el coordinador de asesores de la CNDH me plantó en dos ocasiones y un punto era pedirle un pronunciamiento sobre esos temas”.
Destacó que “no es verdad que la secrecía sea un obstáculo para conocer los asuntos. Se le obstaculizará si va sola, si oficiosamente se quiere integrar un expediente sin solicitud de ayuda de los acusados, pero si una víctima va y pide a la PGR copia del expediente, y ésta le dice que no, se puede ir al amparo”.
El senador del PRI Adolfo Toledo manifestó que “sí, hay cerrazón de la PGR; nosotros habremos de revisar y ver que se modifique lo que tenga que modificarse para que no haya esas actitudes en la procuraduría”.
Alfredo Méndez y Vïctor Ballinas, La Jornada, 28 de julio.
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