En este contexto, el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, discutieron por teléfono el acuerdo militar entre Bogotá y Washington para colocar tres bases militares en Colombia. Además, Chile expresó preocupación por el tema de las bases militares, al tiempo que España y Brasil anunciaron por separado que pedirán explicaciones al presidente estadunidense Barack Obama.
La cancillería venezolana expresó su “indignación” por las acusaciones de Bogotá, de que incautó tres lanzacohetes adquiridos en 1988 por Venezuela a una empresa sueca y que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ratificó su rechazo a “esta grosera campaña” y advirtió que “cada agresión del gobierno colombiano será respondida con medidas muy firmes”.
En un comunicado, difundido dos días después de que el presidente Chávez anunció que congelaba las relaciones con Colombia y retiraba a su embajador en Bogotá, resaltó que las acusaciones del vecino país “son la ilustración de la hipocresía con la cual actúan las autoridades colombianas cuando se trata de justificar la locura guerrerista que desarrollan”.
Apuntó que con esta actitud el gobierno colombiano “quiere justificar la instalación en su territorio de hasta cinco bases militares de la principal potencia bélica mundial”, refiriéndose al acuerdo que actualmente negocian Bogotá y Washington para el uso controlado de bases colombianas por parte de Estados Unidos para “el combate al narcotráfico y contra el terrorismo”.
“El gobierno colombiano no explica cómo circulan en su territorio miles de armas en manos de grupos irregulares, sino que exige cínicamente al de Venezuela explicar el origen de tres de ellas”, de acuerdo con el texto, considerando que Bogotá culpa a otros países de su guerra interna, particularmente a sus vecinos “gobernados por fuerzas de izquierda”.
Venezuela pidió al gobierno colombiano que “exija a Estados Unidos o a Israel” una explicación sobre cómo armas fabricadas en esos países están en manos de la guerrilla colombiana.
La declaración subrayó que “si la oligarquía colombiana, ante su fracaso histórico de construir un país viable, ha tomado la deshonrosa decisión de entregarlo en comodato a Estados Unidos, debe asumirla con claridad frente al pueblo de Colombia antes que escudarse detrás de pretextos absurdos”.
“Apelando a gobiernos y pueblos de la región a “detener esta política belicista que pretende convertir a Sudamérica en un área de violencia”, el comunicado de la cancillería venezolana concluyó que “la Colombia de hoy, ocupada militarmente y regentada por una elite belicista, se ha constituido en un peligro latente para la región entera”.
A su vez, el ministro venezolano de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, informó que su país revisará los acuerdos de suministro de gasolina a Colombia y extremará la seguridad para impedir el contrabando de combustible hacia el país vecino.
Por lo demás, la Cancillería confirmó una conversación telefónica en que Chávez comentó a Lula “acerca del peligro y la amenaza que representa el intento de colocar bases estadunidenses en Colombia”. El canciller brasileño, Celso Amorim, pidió ayer a Colombia “transparencia” sobre el acuerdo militar que negocia con Washington.
A su vez, Amorim y su colega español Miguel Ángel Moratinos anunciaron en Brasilia que pedirán explicaciones a Estados Unidos sobre la nueva apertura de bases militares en América Latina, y alertaron contra una militarización en la zona.
Lula y la mandataria chilena, Michelle Bachelet, pidieron este jueves que sea convocado el Consejo Sudamericano de Defensa para el próximo 10 de agosto en Quito, cuando está prevista una reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas, para debatir la instalación de bases militares en Colombia ya que hay “inquietud” entre algunos países.
En otro orden, el gobierno colombiano decomisó este jueves casi una tonelada de explosivos a las FARC, informó el ejército.
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