El funcionario dejó en claro que la representación social siempre ha permitido que el organismo consulte averiguaciones previas, pero enfatizó que no se puede abrir todo el expediente, pues debe predominar el sigilo en las pesquisas y la presunción de inocencia de los ahí mencionados.
“Los elementos documentales que puedan existir cuando hay una averiguación previa están abiertos a la CNDH. Esto no quiere decir que todos y cada uno de los aspectos deben estar abiertos a ninguna autoridad, pues por su naturaleza (la investigación) tiene que ser reservada, precisamente para proteger la presunción de inocencia (de los mencionados) y en cumplimiento de las garantías del debido proceso que marca la Constitución”, dijo.
“En este caso hemos convenido con la CNDH, en diversas reuniones, que la información relevante para la investigación de sus quejas estará siempre disponible para los visitadores de la comisión”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske.
Medina Mora refutó también que la Ley Orgánica de la PGR, aprobada por el Congreso de la Unión, sea inconstitucional, como afirma la CNDH.
“Nosotros tenemos la obligación de respetar en nuestro quehacer las garantías individuales y los derechos humanos, y tenemos que velar por que todas las autoridades que coadyuvan con el Ministerio Público en la investigación de delitos” hagan lo mismo.
Expedientes polémicos
En junio pasado, la CNDH impugnó la Ley Orgánica de la dependencia ante el máximo tribunal. Para este organismo, dicha legislación limita la obtención de pruebas útiles para su labor. La norma impugnada condiciona la entrega de datos a que no se ponga en riesgo las pesquisas en curso o la seguridad de las personas.
En los años recientes el Ministerio Público federal ha negado a la CNDH el acceso a expedientes polémicos, como la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, y el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, ocurrido en octubre de 2006, en Oaxaca.
Del mismo modo, se ha limitado al acceso a los expedientes de la tragedia en la guardería ABC, de Sonora, que causó la muerte de 48 niños, el 5 de junio pasado, además de las detenciones de 29 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán, incluidos 10 alcaldes, ligados por la SSP federal con La Familia.
Ante la constante negativa de la PGR, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, recurrió a principios de año al presidente Felipe Calderón para que girara instrucciones al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y se atendieran sus peticiones. Sin embargo, tampoco hubo resultados por esta vía.
Ni con manotazos
El presidente de la CNDH dijo en enero pasado, en una reunión con periodistas, que sólo bastaban unos “manotazos” sobre la mesa del presidente Felipe Calderón para corregir esa situación; empero, la negativa de PGR a brindar información continuó y el pasado 29 de junio la CNDH presentó el escrito ante la Corte.
El organismo considera que si no tiene acceso a la información de la PGR para recabar pruebas y substanciar los procedimientos de queja no podrá realizar de manera eficiente su labor de protección a los derechos humanos.
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