El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no quiso abordar el tema con la prensa al asistir aquí a la cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en relación a este nuevo diferendo con Venezuela luego de que el presidente Hugo Chávez anunció que ordenó “congelar” las relaciones diplomáticas y comerciales bilaterales.
Sin embargo, el gobierno colombiano emitió un comunicado en el cual señaló que desde el 2 de junio su canciller Jaime Bermúdez entregó a su par venezolano, Nicolás Maduro, durante una reunión privada en San Pedro de Sula, Honduras, un documento en “el cual se evidencia la posesión de esos lanzacohetes” por las FARC, de un lote “vendido por el gobierno de Suecia al gobierno de Venezuela en 1988”.
El caso salió a la luz pública luego que el domingo la revista Semana lo divulgó, el propio Uribe lo confirmó y denunció el apoyo de Caracas a las FARC, y que Suecia pidió explicaciones a Venezuela por la transferencia de esas armas a los guerrilleros. Todo esto en el contexto de un acuerdo entre Washington y Bogotá para el despliegue de soldados estadunidenses en cinco bases colombianas.
En respuesta, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó el martes “congelar” las relaciones de su país con Colombia y advirtió que ante nuevas imputaciones rompería definitivamente con Bogotá. Más aún, retiró a su embajador y a otros diplomáticos, y pidió a sus ministros sustituir las importaciones desde la nación vecina y estudiar la posible cancelación de proyectos conjuntos, como un gasoducto.
Bermúdez dijo haber entregado también información documental, en la cual dos líderes de las FARC mencionan la colaboración de tres altos funcionarios del gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la fuerza pública colombiana en La Macarena, y que no ha obtenido respuesta alguna pese a reiterada disposición de diálogo.
Al inicio de la cumbre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, hizo un llamado a la cordura de las partes involucradas y expresó su preocupación porque no es la primera vez que en la región “al menor problema empezamos por retirar embajadores, y nos quedamos sin diálogo directo”. Expresó además su disposición a ejercer sus buenos oficios si se lo solicitan, pero insistió que lo peor son los esquemas de confrontación entre los países.
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez, respondió desde Caracas que “hay que ser muy cínico y caradura” para hacer esa acusación a su país, en torno a unas granadas y material que en algún momento pudieron haber sido extraviadas en la frontera común a causa del conflicto interno colombiano, como ocurrió en un ataque rebelde al puesto fluvial de Cararabo en 1995 en que la guerrilla mató a varios infantes de marina y se apoderó de un conjunto de armas.
Carrizalez, según agencias de prensa, descartó que “por ahora” se hayan dado instrucciones de cerrar la frontera con Colombia o impedido el paso de mercancías, en medio de este conflicto. Por lo demás, dijo que si aparecieron unas granadas, “cosa que nosotros dudamos porque estamos acostumbrados a las mentiras y manipulaciones del gobierno de Colombia”, añadió que para eso existen los canales para notificarlo.
El funcionario venezolano, que además ejerce como ministro de Defensa, recordó que existe un intenso tráfico de armas que “es un problema mundial”. Indicó que el hecho de que se incauten armas estadunidenses o israelíes no implica que “se va a culpar al gobierno de Estados Unidos o de Israel”.
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