Los militares también se quejan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones cometidas por el propio Ejército...
Traslados a plazas peligrosas y anomalías en los servicios médicos, son sus principales denuncias.
“Elementos castrenses se han quejado ante la Visitaduría; reprochan que los manden a determinados lugares o carencias en los servicios médicos, aunque hasta ahora no hemos tenido conocimiento de agresiones físicas”, señala Mauricio Ibarra, segundo visitador de la comisión y quien se encarga de los casos relacionados con la milicia.
Más allá de los números, abre para Crónica los expedientes de la CNDH, detalla sus puntos finos y ofrece ejemplos, tras una semana caracterizada por la discusión en torno a los beneficios o perjuicios de utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Sobre el porqué sólo el 1.3% de las quejas contra el Ejército terminan en recomendaciones, Ibarra ofrece pistas: en más de la mitad de los casos los quejosos se desisten u ofrecen datos falsos.
“Muchos no continúan con la queja. En Chihuahua, por ejemplo, la mitad se desiste. Al preguntarles por qué no siguen, dicen: ya no me interesa o ya apareció mi familiar y no le hicieron nada. Sucede también que una vez que la autoridad responde, se llama al quejoso y nada; mandamos visitadores a los domicilios y son casas abandonadas. Eran datos falsos”.
Se han corroborado, además, quejas en las que ciudadanos refieren que entraron a su domicilio hombres con vestimenta militar, pero éstos, en realidad, eran integrantes de la delincuencia organizada.
Entre los archivos, hay casos de policías que son rafagueados por militares... “Como el de tres agentes de Ciudad Juárez que acuden a un llamado sobre robo a un comercio, en el camino se cruzan con un convoy militar desde donde les disparan: a uno lo dejan malherido y a los otros dos los detienen y se los llevan al cuartel”.
—¿Qué pasa ahí, en los cuarteles?
—Se dan amenazas, tratos crueles, golpes, toques eléctricos en partes sensibles del cuerpo, lo peor son las desapariciones. Han habido casos en Sinaloa en los que se meten pedazos de madera en las uñas de torturados. A las mujeres casi no se les toca, se da más la tortura psicológica: las amenazan u obligan a presenciar las agresiones contra sus maridos.
Y al vuelo, un caso más, en Ixtlán del Río, Nayarit...
“Una pareja se cruza con una base de operaciones conformada por militares, afis y judiciales... Los registran, pero no les encuentran nada. El hombre se hace de palabras con el jefe militar: le dan un cachazo y a su acompañante la jalonean, la maltratan. Los obligan a conducir de regreso a casa. Entran al domicilio, sin orden de cateo y se llevan dinero, joyas, y los amenazan: si denuncian, los vamos a matar”.
Pese a la intimidación, acuden a la Comisión de Derechos Humanos local. “La CNDH atrajo el expediente y solicitó información a la Sedena, pero ésta negó los hechos; fue con datos de la PGR que se comprobó: militares y judiciales habían saqueado la casa de estas personas”.
—¿Cuál es el perfil de quienes presentan las quejas? —se le pregunta.
—En general son mujeres, por algo que ocurrió contra un familiar: padre, hermano o esposo.
La Segunda Visitaduría ha confirmado también tretas diseñadas por el personal médico de la Sedena.
“A los presuntos responsables de delitos se los llevan a cuarteles donde les practican certificados médicos. El médico militar omite las condiciones físicas del interrogado, registra buen estado de salud y en el mejor de los casos reporta lesiones leves... Pero cuando la persona es puesta a disposición del MP está como santo cristo; algunas de las quejas vienen de los propios defensores de oficio, alarmados por las golpizas, la sangre”.
A manera de conclusión, Ibarra lanza una reflexión: “El costo de haber dejado crecer el narcotráfico, por complicidad, porque se pensaba que el problema era de Estados Unidos o por lo que sea, ha degradado la convivencia social. Hubo un gran descuido en la administración anterior: en el 2000 ya se contaba con la PFP, pero nunca se fortaleció y por eso hoy se debe acudir al Ejército, aún con los riesgos que esto implica”...
Traslados a plazas peligrosas y anomalías en los servicios médicos, son sus principales denuncias.
“Elementos castrenses se han quejado ante la Visitaduría; reprochan que los manden a determinados lugares o carencias en los servicios médicos, aunque hasta ahora no hemos tenido conocimiento de agresiones físicas”, señala Mauricio Ibarra, segundo visitador de la comisión y quien se encarga de los casos relacionados con la milicia.
Más allá de los números, abre para Crónica los expedientes de la CNDH, detalla sus puntos finos y ofrece ejemplos, tras una semana caracterizada por la discusión en torno a los beneficios o perjuicios de utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Sobre el porqué sólo el 1.3% de las quejas contra el Ejército terminan en recomendaciones, Ibarra ofrece pistas: en más de la mitad de los casos los quejosos se desisten u ofrecen datos falsos.
“Muchos no continúan con la queja. En Chihuahua, por ejemplo, la mitad se desiste. Al preguntarles por qué no siguen, dicen: ya no me interesa o ya apareció mi familiar y no le hicieron nada. Sucede también que una vez que la autoridad responde, se llama al quejoso y nada; mandamos visitadores a los domicilios y son casas abandonadas. Eran datos falsos”.
Se han corroborado, además, quejas en las que ciudadanos refieren que entraron a su domicilio hombres con vestimenta militar, pero éstos, en realidad, eran integrantes de la delincuencia organizada.
Entre los archivos, hay casos de policías que son rafagueados por militares... “Como el de tres agentes de Ciudad Juárez que acuden a un llamado sobre robo a un comercio, en el camino se cruzan con un convoy militar desde donde les disparan: a uno lo dejan malherido y a los otros dos los detienen y se los llevan al cuartel”.
—¿Qué pasa ahí, en los cuarteles?
—Se dan amenazas, tratos crueles, golpes, toques eléctricos en partes sensibles del cuerpo, lo peor son las desapariciones. Han habido casos en Sinaloa en los que se meten pedazos de madera en las uñas de torturados. A las mujeres casi no se les toca, se da más la tortura psicológica: las amenazan u obligan a presenciar las agresiones contra sus maridos.
Y al vuelo, un caso más, en Ixtlán del Río, Nayarit...
“Una pareja se cruza con una base de operaciones conformada por militares, afis y judiciales... Los registran, pero no les encuentran nada. El hombre se hace de palabras con el jefe militar: le dan un cachazo y a su acompañante la jalonean, la maltratan. Los obligan a conducir de regreso a casa. Entran al domicilio, sin orden de cateo y se llevan dinero, joyas, y los amenazan: si denuncian, los vamos a matar”.
Pese a la intimidación, acuden a la Comisión de Derechos Humanos local. “La CNDH atrajo el expediente y solicitó información a la Sedena, pero ésta negó los hechos; fue con datos de la PGR que se comprobó: militares y judiciales habían saqueado la casa de estas personas”.
—¿Cuál es el perfil de quienes presentan las quejas? —se le pregunta.
—En general son mujeres, por algo que ocurrió contra un familiar: padre, hermano o esposo.
La Segunda Visitaduría ha confirmado también tretas diseñadas por el personal médico de la Sedena.
“A los presuntos responsables de delitos se los llevan a cuarteles donde les practican certificados médicos. El médico militar omite las condiciones físicas del interrogado, registra buen estado de salud y en el mejor de los casos reporta lesiones leves... Pero cuando la persona es puesta a disposición del MP está como santo cristo; algunas de las quejas vienen de los propios defensores de oficio, alarmados por las golpizas, la sangre”.
A manera de conclusión, Ibarra lanza una reflexión: “El costo de haber dejado crecer el narcotráfico, por complicidad, porque se pensaba que el problema era de Estados Unidos o por lo que sea, ha degradado la convivencia social. Hubo un gran descuido en la administración anterior: en el 2000 ya se contaba con la PFP, pero nunca se fortaleció y por eso hoy se debe acudir al Ejército, aún con los riesgos que esto implica”...
Blanca Botello y Daniel Blancas, Crónica, 27 de julio.
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