Hasta hoy, sin indicios de candidatos ligados al narco

En medio de las investigaciones al diputado federal electo Julio César Godoy Toscano, acusado de tener nexos con el cártel de La Familia michoacana, y cuya constancia de mayoría se entregó la víspera, el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Kristalinas Kaulitz, aseguró que no han identificado nada ilegal, vinculado con el narcotráfico o lavado de dinero, en las auditorías que se realizan a quienes contendieron en los comicios del pasado 5 de julio.

En entrevista con MILENIO, el encargado de la recién creada Unidad de Fiscalización para vigilar el buen uso de los recursos de precandidatos y candidatos y con casi cinco meses en el puesto, reconoció que no cuenta con los mecanismos necesarios para impedir que candidatos con recursos de dudosa procedencia lleguen a los cargos por los que compiten, pues el informe final sobre las auditorías de gastos se dará a conocer hasta julio de 2010.

De manera preliminar, ¿qué se ha encontrado en esta fiscalización de candidatos y partidos en el reciente proceso electoral en cuanto a dinero del narcotráfico?
Son observaciones diversas, pero no hemos encontrado nada ilegal, eso es muy importante establecer: nada de lavado de dinero, narcotráfico ni mucho menos. No en primer instancia, pero se siguen haciendo auditorías. Se trata de cuestiones de gasto que tendrán que venir reportados en los informes de campaña.

¿Con este informe preliminar se encontró rebase en los topes de campaña?
No se han encontrado rebase de topes de gastos de campaña, pero continuamos haciendo revisiones. En el caso de las campañas no hay un procedimiento expedito de revisión, como sí lo hubo en precampaña, pero nosotros continuamos con la revisión de los informes.

En los preliminares, el gasto fue menor. Hay que recordar que la campaña se divide en dos partes para los efectos de informe. La primera parte es realmente el arranque de las campañas, en las que el recurso es menor, la segunda parte de las campañas y básicamente las dos últimas semanas de la campaña previas a la jornada electoral, que es cuando los partidos aplican mayores recursos y es ese informe final el que vamos a recibir a finales de septiembre y principios de octubre, en el que ya podremos establecer si hay rebase de topes.

Los partidos nos tienen que entregar los informes de campaña a finales de septiembre o principios de octubre y la Unidad de Fiscalización emite su propuesta de resolución al Consejo General los primeros días de julio, pero de 2010.

¿Quedó coja la fiscalización en cuanto a los tiempos que se manejan para entregas de informes y detectar a tiempo posibles violaciones a la ley?
Son los tiempos que dispuso el Consejo General y el Legislativo en relación con las campañas. Se pueden ajustar, pero hoy jugamos con esas reglas.

¿Debe ser uno de los temas que se analice a la luz de la reforma que ya estudia en el Senado?
Es uno de los temas que se deben abordar, pero la Unidad de Fiscalización opera, no puedo decirte si los tiempos son buenos o malos, pero hay que cumplir.

Pero hay que revisar los tiempos, para que la resolución de los gastos de campaña no se vaya hasta un año después de que se erogaron.

Es una tarea de rendición de cuentas en la que la única situación que yo objetaría es la temporalidad con que se presenta el informe, pero la rendición de cuentas la hacen en tiempo, los candidatos tienen que presentar su informe de gastos en septiembre, dos meses después de que llevaron a cabo el gasto.

El problema no está en los partidos o en los candidatos, sino en los tiempos que le han dado a la Unidad de Fiscalización para la revisión y para la resolución, por lo que tienen que ser revisados.

¿Qué reto representó esta nueva manera de fiscalizar campañas?
Nosotros hicimos un ejercicio novedoso en materia de fiscalización con motivo de las atribuciones que otorgó el nuevo código y el reglamento a la Unidad de Fiscalización, que es autónoma, que fue que los auditores de ésta pudieran ir a campo en días de campaña. De hecho hubo personas con cierre de campaña en algunos estados.

Es un ejercicio de fiscalización preventiva, esto es, esas verificaciones no tienen en este momento un carácter sancionador, sino de identificación y levantamiento de referencias o bien de información que debe venir contenida en el informe de campaña que me van a presentar a finales de septiembre o principios de octubre todos y cada uno de los partidos respecto a sus
candidatos.

Este primer ejercicio es inédito en el país y tiene qué ver con que la Unidad de Fiscalización esté directamente fiscalizando, en el momento en que se estén erogando los gastos, porque el problema no es lo que venga contenido en los informes, sino lo que no viene en ellos y esta fiscalización preventiva lo que hace es alertar o establecer dentro del partido de cumplir correctamente sus obligaciones.

Este ejercicio lo hicimos en tres etapas, en total cubrimos todas las entidades del país, los 31 estados y el Distrito Federal, 44 institutos electorales, a cada distrito electoral al que fuimos fiscalizamos todas las fórmulas de ese distrito para establecer principios de equidad y conseguimos una cobertura de 298 fórmulas en todo el país, con resultados importantes.

Lo que quizá nos ponga un poco en desventaja es la entrega de este informe hasta julio del año que entra en relación con las posibilidades que pudiera tener la fiscalización en materia de evitar que candidatos (con recursos ilícitos) lleguen a los escaños.

Pero eso no es una cuestión que nosotros hayamos puesto, finalmente está en el código y en los reglamentos, nos ceñimos a ello y el ejercicio como tal ha sido muy importante.

Susana Hernández, Milenio, 27 de julio.