La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debido a que le impide tener acceso a información del Ministerio Público federal.
Para la CNDH, esa legislación limita la obtención de pruebas útiles para su labor. La norma impugnada condiciona la entrega de información solicitada por la comisión a que la PGR considere que no se ponen en riesgo las investigaciones en curso y la seguridad de las personas.
En años recientes, la PGR ha negado de manera r eiterada a la CNDH acceso a los expedientes de alto impacto en la opinión pública. Destacan los casos de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 trabajadores quedaron sepultados en febrero de 2006, y el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, ocurrido en Oaxaca, en octubre de ese mismo año.
Asimismo, está la tragedia en la guardería ABC, de Sonora, que causó la muerte de 48 niños, el pasado 26 de junio, y la detención (el 27 de mayo de 2009) de 29 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán, incluidos 10 alcaldes.
Ante la constante negativa de la PGR, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, recurrió a principios de año al presidente Felipe Calderón para que diera instrucciones al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y se atendieran las peticiones de la CNDH.
En enero pasado, en una reunión con reporteros, el presidente del organismo consideró que sólo bastaban “algunos manotazos sobre la mesa” del jefe del Ejecutivo para corregir esa situación.
Sin embargo, la negativa de la PGR a proporcionar la información continúo, por lo que el pasado 29 de junio, la CNDH presentó el escrito de impugnación ante la Corte.
La comisión asegura en el documento que sin acceso a la información de la PGR es imposible recabar pruebas, fortelecer los procedimientos de queja y, por tanto, realizar de manera eficiente su labor de protección de los derechos humanos, pues estará impedida para determinar si dichas garantías son respetadas por las autoridades.
La comisión aclara que en esta demanda de inconstitucionalidad no se impugna la secrecía de las investigaciones ni el derecho de las personas a la seguridad, sino la decisión de reservar información fundamental para la defensa de las garantías individuales.
“La cruenta lucha que hoy se libra en el país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública no puede ganarse a través de la opacidad y menos aún violando derechos humanos, al impedir a través de la restricción discrecional, que prevé el artículo 5° de la ley, el acceso a las pruebas necesarias para la determinación de si se han respetado o no los derechos humanos”, dijo la CNDH.
La CNDH promovió en febrero pasado la acción de inconstitucionalidad 26/2008 contra del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva la información relacionada con las averiguaciones previas.
Para la CNDH, esa legislación limita la obtención de pruebas útiles para su labor. La norma impugnada condiciona la entrega de información solicitada por la comisión a que la PGR considere que no se ponen en riesgo las investigaciones en curso y la seguridad de las personas.
En años recientes, la PGR ha negado de manera r eiterada a la CNDH acceso a los expedientes de alto impacto en la opinión pública. Destacan los casos de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 trabajadores quedaron sepultados en febrero de 2006, y el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, ocurrido en Oaxaca, en octubre de ese mismo año.
Asimismo, está la tragedia en la guardería ABC, de Sonora, que causó la muerte de 48 niños, el pasado 26 de junio, y la detención (el 27 de mayo de 2009) de 29 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán, incluidos 10 alcaldes.
Ante la constante negativa de la PGR, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, recurrió a principios de año al presidente Felipe Calderón para que diera instrucciones al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y se atendieran las peticiones de la CNDH.
En enero pasado, en una reunión con reporteros, el presidente del organismo consideró que sólo bastaban “algunos manotazos sobre la mesa” del jefe del Ejecutivo para corregir esa situación.
Sin embargo, la negativa de la PGR a proporcionar la información continúo, por lo que el pasado 29 de junio, la CNDH presentó el escrito de impugnación ante la Corte.
La comisión asegura en el documento que sin acceso a la información de la PGR es imposible recabar pruebas, fortelecer los procedimientos de queja y, por tanto, realizar de manera eficiente su labor de protección de los derechos humanos, pues estará impedida para determinar si dichas garantías son respetadas por las autoridades.
La comisión aclara que en esta demanda de inconstitucionalidad no se impugna la secrecía de las investigaciones ni el derecho de las personas a la seguridad, sino la decisión de reservar información fundamental para la defensa de las garantías individuales.
“La cruenta lucha que hoy se libra en el país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública no puede ganarse a través de la opacidad y menos aún violando derechos humanos, al impedir a través de la restricción discrecional, que prevé el artículo 5° de la ley, el acceso a las pruebas necesarias para la determinación de si se han respetado o no los derechos humanos”, dijo la CNDH.
La CNDH promovió en febrero pasado la acción de inconstitucionalidad 26/2008 contra del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva la información relacionada con las averiguaciones previas.
Eugenia Jiménez, Milenio, 27 de julio.
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