El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dijo ante el Congreso que hay resistencia en servidores públicos para reconocer que han violado derechos humanos, aun cuando se les involucra en hechos verificados ya que están acostumbrados a recibir sólo reconocimiento.
“Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del Estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país”, añadió el ombudsman ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, al presentar el primer informe anual de su gestión en la CNDH.
Destacó que la resistencia a aceptar recomendaciones, en la mayoría de los casos se ha dado por parte de la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, así como Petróleos Mexicanos, además de gobiernos estatales y municipales.
En ese sentido señaló que esas “instituciones de gobierno están acostumbradas a recibir sólo reconocimientos, no aceptan fácilmente observaciones, ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública”.
Dijo que cuando la autoridad no acepta recomendaciones, ello “equivale a asumir una actitud de desprecio por la cultura de la legalidad y de falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores de la democracia moderna”.
El ombudsman informó al Congreso que en 2010 perdieron la vida 111 personas inocentes en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada.
“La inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno, aún aguardan a que se haga justicia”, afirmó el funcionario.
Urgió a que se evalúen las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de determinar, dijo, su funcionalidad y conveniencia. “El recuento de los logros y los desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas”, planteó.
La lista de dependencias con mayor número de quejas la encabezan las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina, además del IMSS en el área de salud.
Otro frente es el de los migrantes. En ese tema adelantó que la CNDH documenta con trabajo de campo, 20 mil secuestros de extranjeros indocumentados ocurridos en 2010 el territorio nacional.
También los casos de trata de personas van en ascenso.
El ombudsman entregó su primer informe de labores al presidente de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien envió copias a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores.
En su mensaje a los legisladores, Raúl Plascencia Villanueva dio cuenta de la situación de los derechos humanos en reclusorios, de grupos vulnerables como homosexuales, ancianos e indígenas, y señaló la creciente necesidad de brindar atención a las víctimas de delitos, entre ellos el de secuestro.
“Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del Estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país”, añadió el ombudsman ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, al presentar el primer informe anual de su gestión en la CNDH.
Destacó que la resistencia a aceptar recomendaciones, en la mayoría de los casos se ha dado por parte de la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, así como Petróleos Mexicanos, además de gobiernos estatales y municipales.
En ese sentido señaló que esas “instituciones de gobierno están acostumbradas a recibir sólo reconocimientos, no aceptan fácilmente observaciones, ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública”.
Dijo que cuando la autoridad no acepta recomendaciones, ello “equivale a asumir una actitud de desprecio por la cultura de la legalidad y de falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores de la democracia moderna”.
El ombudsman informó al Congreso que en 2010 perdieron la vida 111 personas inocentes en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada.
“La inmensa mayoría de los casos de personas asesinadas no vinculadas a delito alguno, aún aguardan a que se haga justicia”, afirmó el funcionario.
Urgió a que se evalúen las estrategias en materia de seguridad pública, a fin de determinar, dijo, su funcionalidad y conveniencia. “El recuento de los logros y los desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas”, planteó.
La lista de dependencias con mayor número de quejas la encabezan las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina, además del IMSS en el área de salud.
Otro frente es el de los migrantes. En ese tema adelantó que la CNDH documenta con trabajo de campo, 20 mil secuestros de extranjeros indocumentados ocurridos en 2010 el territorio nacional.
También los casos de trata de personas van en ascenso.
El ombudsman entregó su primer informe de labores al presidente de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien envió copias a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores.
En su mensaje a los legisladores, Raúl Plascencia Villanueva dio cuenta de la situación de los derechos humanos en reclusorios, de grupos vulnerables como homosexuales, ancianos e indígenas, y señaló la creciente necesidad de brindar atención a las víctimas de delitos, entre ellos el de secuestro.
Juan Arvizu y Andrea Merlos, El Universal, 27 de enero.
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