Este mes los partidos deben definir a las y los candidatos para los cargos de elección popular en juego en los comicios del próximo 1 de julio.
De acuerdo con la resolución 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las instituciones políticas están obligadas a postular, sin pretextos, 40 por ciento de candidatas, tal y como lo establece el Cofipe.
El TEPJF resolvió en noviembre pasado que los partidos deben registrar —cada uno— a 120 candidatas a diputadas federales y 26 a senadoras por el principio de mayoría relativa.
En el caso de las aspirantes por el principio de representación proporcional, las titulares y suplentes deben ser mujeres a fin de evitar que se repitan los casos en que legisladoras dejaron su curul para favorecer a sustitutos varones.
A pesar de este blindaje de la cuota, militantes de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) advierten que aún no está garantizada la plena participación de las mujeres como candidatas.
Las encuestas
La Coalición Movimiento Progresista, integrada por el MC, PT y PRD, estableció que un porcentaje de sus candidaturas se elegirá por medio de encuestas.
La coalición informó que en el caso de las candidaturas para delegados y asambleístas en el DF, algunas postulaciones se definirían por “acuerdos políticos” a partir de la presencia territorial de cada corriente interna otribu.
La precandidata al Senado por el MC Martha Tagle alerta que las encuestas no son suficientes para garantizar la presencia de las mujeres en las boletas electorales, ya que aquí no se valora la trayectoria de las aspirantes.
“Al final, quienes tienen mayor capacidad mediática y de propaganda son los hombres; en cambio, aunque las mujeres tienen un trabajo consistente, es hormiga porque no se nota y no es tan visible como en los carteles (publicitarios)”, explica.
La diputada local del PRD Maricela Contreras explica que si en las encuestas para definir candidaturas a jefaturas delegacionales las mujeres no resultan beneficiadas, se tendrá que “buscar en las otras delegaciones, por acción afirmativa, a quienes tengan la mayor puntuación para representar a la demarcación”.
En este proceso electoral, todos los partidos —principalmente PAN y PRD— están recurriendo a las llamadas candidaturas ciudadanas.
El PRD tiene entre sus precandidatas a la defensora de la diversidad sexual Lol Kin Castañeda, a la activista contra la trata de personas Teresa Ulloa, a la feminista Daptnhe Cuevas, y a la defensora de los pueblos indígenas Martha Sánchez.
Pretextos
La secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN, Guadalupe Suárez, señala que hasta ahora el blanquiazul no ha definido el mecanismo por el cual cumplirá la cuota 60-40.
La panista afirma que su partido está en una “disyuntiva”, ya que en un fallo de diciembre pasado el TEPJF revocó procesos de designación directa de candidaturas en el blanquiazul, ante la inconformidad de un grupo de militantes que denunciaron supuestas violaciones a sus derechos político-electorales.
Suárez precisa que el PAN aprobó vía “dedazo” postulaciones para diputaciones federales y senadurías para cumplir la cuota 60-40, y así garantizar un “piso mínimo” de 58 candidatas a diputadas y una “proporción similar” para senadoras.
Según la panista, el tribunal resolvió que “el cumplimiento de la cuota de género no justifica la designación directa”, por lo que —dice— su partido ya consultó al IFE para saber cómo acatar la sentencia a favor de los militantes y empatarla con la sentencia 12624, que obliga a registrar 40 por ciento de candidatas.
Ambos fallos “son contradictorios uno de otro”, afirma Suárez, aunque en la revocación de los procesos de designación el TEPJF no se refiere a la cuota de género.
“Por designación quisimos cumplir la cuota, pero nos dicen que no se puede. Luego llega la sentencia 12624 después de haber hecho las convocatorias para las y los candidatos”, justifica la panista.
En el PRI, lo mismo
La senadora del PRI María de los Ángeles Moreno celebra que su partido ya tiene “un avance” a escala federal de 97 por ciento en los nombres de candidatas a puestos de elección.
Sin embargo, el pasado 23 de diciembre un grupo de militantes priistas impugnó ante el TEPJF las reglas de registro de postulaciones que modificó el IFE, para obligar el cumplimiento de la cuota de género.
Los priistas señalaron que se afectaba su derecho a ser registrados como candidatos a diputados o senadores. Al final, sus argumentos fueron desechados por el tribunal.
Así, mientras los partidos aún no definen las candidaturas, la organización civil Mujeres en Plural —instancia que impulsa la participación política femenina— advierte que los partidos deben registrar más de mil 300 candidaturas propietarias de mujeres al Congreso, y un número igual de suplentes del mismo sexo.
“Ése es un número histórico”, destaca la agrupación y confía en el cumplimiento cabal de la sentencia 12624, la cual “marca un parte aguas en los derechos político-electorales de las mujeres”.
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