Pegan a Santos pactos con FARC

La propuesta del Presidente Juan Manuel Santos de someter un eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a referendo popular el año que viene pone en riesgo sus posibilidades de ser reelecto.

La caída del respaldo popular a Santos, de 48 a 21 por ciento desde junio hasta septiembre, sorprende al Mandatario presionado por violentas protestas campesinas, debilitado por un diálogo estancado con la guerrilla y apremiado por una precampaña que él mismo supeditó al fin del conflicto armado.

El politólogo e internacionalista colombiano Vicente Torrijos opina que la iniciativa del Mandatario colombiano conlleva un contrasentido democrático.

Esto porque propone darle legitimidad popular a un pacto que desconoce dos exigencias fundamentales de la sociedad civil: juzgar a los guerrilleros por crímenes de lesa humanidad y exigir que entreguen de inmediato las armas.

Ambas condiciones han sido rechazadas reiteradamente por las FARC en la mesa de conversaciones.

"Si Santos logra firmar el acuerdo en noviembre, la guerrilla seguiría armada al menos hasta marzo. En este escenario, a Colombia le esperarían cuatro meses de gran tensión social, con unas FARC que usarían las armas veladamente a través de la sociedad, como lo hicieron en las protestas campesinas.

"El problema real es que el Gobierno asume esta perversión como un costo político más de la negociación", afirmó el experto.

En vista de que la guerrilla se niega a someterse a la justicia, Torrijos apunta que Santos tiene dos opciones: firmar el pacto sólo bajo la condición de que las FARC entreguen las armas y se comprometan a cesar las hostilidades, o levantarse lo antes posible de la mesa de negociaciones en Cuba para resguardar su capital político.

"Si Santos sigue negociando en estas condiciones, asistiremos a unas elecciones profundamente polarizadas entre quienes votarán en contra del Presidente porque lo ven como un protector de las FARC, y quienes defienden su posición porque consideran que es la única forma de lograr la paz", explicó el analista.

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, envió una nota a la Corte Constitucional de Colombia en la que califica como una decisión inadecuada que se suspendan las penas contra perpetradores de crímenes de guerra.

La prensa local colombiana ha informado que Santos tiene previsto defender las virtudes del modelo de justicia transicional que pretende aplicar con las FARC ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de este mes en Nueva York, para limitar la posibilidad de que la CPI intervenga en la negociación con el grupo armado.

Aunque los conservadores aglutinados en torno a la figura del ex Presidente Álvaro Uribe aún no tienen un candidato consolidado para los próximos comicios presidenciales, Torrijos aseguró que el uribismo es la plataforma política con mayores opciones de capitalizar el descontento con el diálogo con la guerrilla.

"Álvaro Uribe empezó con 4 por ciento de aceptación popular cuando se desarrollaban los diálogos del Caguán y en 4 meses alcanzó una votación que le dio el triunfo en la primera vuelta", advirtió.

El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para convocar el referendo el mismo día en que se celebren las elecciones legislativas del 9 de marzo o las presidenciales del 25 de mayo, dado que las leyes colombianas prohíben hacer consultas paralelas a cualquier votación.

ASÍ LO DIJO
 
"Si Santos logra firmar el acuerdo en noviembre, la guerrilla seguiría armada al menos hasta marzo. En este escenario, a Colombia le esperarían cuatro meses de gran tensión social, con unas FARC que usarían las armas veladamente a través de la sociedad, como lo hicieron en las protestas campesinas".

Vicente Torrijos, Analista político de Colombia

Valentina Oropeza, Reforma, 19 de septiembre.