El gran reto para el IFE, corregir el mal funcionamiento administrativo

Aunque el debate sobre su transformación en instituto nacional de elecciones ha concentrado la atención, en lo inmediato el Instituto Federal Electoral (IFE) enfrenta la necesidad de una transformación en su operación administrativa.
Tanto la contraloría general del organismo como el estudio de la empresa Deloitte sobre su estructura advierten de duplicidad de funciones o un mal funcionamiento administrativo del instituto, algunas de cuyas áreas recomienda compactar o desaparecer.
En su último informe, la contraloría general realiza cuestionamientos no sólo a la operación administrativa, sino que pone en duda la información financiera del IFE: “Desafortunadamente no existe confiabilidad en la información financiera del instituto, principalmente en lo referente a sus conciliaciones bancarias y a la conciliación de los registros contables de bienes muebles e inmuebles con el inventario físico; hay carencia de avalúos actualizados de sus bienes inmuebles, y existe incumplimiento en tiempo y forma de varias de las normas”
El documento agrega que este incumplimiento de las normas “ha llevado a que por primera vez desde la creación del IFE se obtenga, por parte de sus auditores externos, una opinión con salvedad a los estados financieros al 31 de diciembre, situación que se hizo del conocimiento de la dirección ejecutiva de administración y que implica un retroceso significativa en la administración y finanzas de la institución”.
De igual forma, la contraloría encontró duplicidad de tareas entre la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica con el Centro para el Desarrollo Democrático (CDD), por lo que se plantea la necesidad de suprimir este último.
“El CDD no ha elaborado y ejecutado programas de trabajo que le permitan cumplir con las funciones asignadas. Asimismo, se determinó que no realiza actividades de planeación y diagnóstico que orienten sus actividades anuales a la atención de necesidades reales”.
Más adelante, el informe refiere que las investigaciones realizadas por el CDD, según otras áreas ejecutivas del IFE cuya versión recogió la contraloría, “no les ha permitido una mejor toma de decisiones ni resulta coadyuvante para el cumplimiento de sus responsabilidades”.
Entrevistado sobre los cambios que se pretenden en el IFE, el consejero Lorenzo Córdova sostuvo que tanto los planteamientos de la contraloría como el estudio de la empresa Deloitte pueden ser fundamentales en la restructuración o, en su caso, sustento para el rediseño del instituto en el caso en que se apruebe su transformación.
Cuestionado sobre la utilidad del estudio de la empresa –cuyo costo fue de 16 millones de pesos–, dijo que si bien fue planteado antes de que en el debate político se hablara del instituto nacional de elecciones, su utilidad se mantiene vigente en la medida en que sin duda el IFE será la estructura sobre la que eventualmente se implementaría el nuevo organismo.
Más allá de que se concrete esta transformación, Córdova mencionó que incluso el contralor, Gregorio Guerrero, ha planteado que las propuestas del estudio sean instrumentadas, pues existen coincidencias, dijo, en algunos señalamientos para adecuar la estructura. “La riqueza del diagnóstico es ver dónde tenemos áreas con exceso o falta de personal, o eventualmente una duplicación de funciones. Es lo que ha venido diciendo el contralor”.
Cuestionado sobre las recomendaciones del informe de la contraloría, Córdova senaló que “son sumamente atendibles y serán estudiadas sus consideraciones”.
El informe también cuestiona la instrumentación del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), un esquema que el IFE hasta ahora ha aplicado infructuosamente para alcanzar las metas, según lo ha señalado la propia contraloría.
“En relación con el funcionamiento del SIGA, se advirtió que a escala delegacional éste no permite la emisión de reportes presupuestales ni contables; toda la información generada es remitida a oficinas centrales para su integración final; el registro de operaciones no observa ni cumple con los momentos presupuestales y contables.”

Alonso Urrutia, La Jornada, 30 de septiembre.