Desde la primera parte de este seguimiento periodístico, dimos cuenta de que el tema de la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) era uno de los más controvertidos. En esta etapa, sesenta comentarios dan cuenta de sus propósitos, de las dudas sobre su aplicación, de las implicaciones para diversas empresas y pretende responder a preguntas como: ¿Elimina los privilegios? ¿Atenta contra la creación de empleos?
El doble plano obligado para negociar una reforma fiscal, aun la muy constreñida del gobierno, implica resolver oposiciones políticas de diversa índole. De cara al empresariado, la estructural reticencia política a pagar impuestos, sobredeterminada por las condiciones de inequidad, ventaja y complacencia para la evasión y la elusión. La reforma propuesta acaso incide limitadamente en el último aspecto. Si bien la CETU aparece como control y, a la larga, reemplazo del ISR que progresivamente tiende a bajar sus tasas, al final se aproxima al famoso flax tax, que mantiene los privilegios fiscales de los más ricos. El sistema impositivo no aspira a ninguna equidad legitimadora. El empresariado, a regañadientes, irá aceptando la propuesta, presionando ajustes a la tasa de la CETU e insistiendo en la progresividad del ISR. El cobro a dividendos intocado e intocable.
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
Para aclarar mucho de lo que se ha señalado en fechas recientes en torno a la reforma fiscal, estuvo en La Entrevista con Sarmiento el coordinador de asesores del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Como se esperaba, uno de los temas que acaparó las preguntas de Sergio Sarmiento fue el impacto que tendrá la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU). Pues bien, Meade detalló que ese gravamen, de aprobarse, pretende, entre otras cosas, definir una base que ayude a la autoridad fiscal a determinar cuál es el valor de la producción de una empresa, cuál es la capacidad de generar valor y sus alcances para el pago de impuestos. Por lo que toca a la base de cálculo de la CETU, donde ha habido críticas por el hecho que no podrá deducirse la nómina, Meade puntualizó que ahora las empresas podrán deducir compras, arrendamientos y la prestación de servicios que contratan con otras empresas, lo que se espera abra espacios para evitar una carga tributaria que pudiera resultar excesiva.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 4 de julio.
La CETU tiene como propósito, si no eliminar, sí reducir la elusión, con el objetivo de que, sobre todo, las empresas tributen más, por lo menos el 16 por ciento, aumento en el pago de impuestos que, según la versión de muchos empresarios, y de no pocos fiscalistas, las pondrá en una situación difícil, en algunos casos al borde de la quiebra, lo cual quiere decir que cada una de ellas logró un cierto grado de productividad gracias a las exenciones, reducciones y desgravaciones a las que, con la legislación actual, tienen derecho, y que les permiten pagar menos del 16 por ciento que pagarían si se aprobase la CETU. Es más, muchos de esos privilegios tributarios fueron diseñados, ¡precisamente!, para que las empresas alcanzaran una mayor productividad que, ¡por favor!, no confundamos con competitividad.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Detrás de cada uno de esos privilegios se encuentra, entre otras muchas cosas, la aceptación implícita de que la tasa “normal” que pagarían las empresas es muy elevada, razón por la cual se otorgan las dispensas, que, según los datos proporcionados por Adriana Merchant, hacen posible que, en promedio, las empresas paguen el 13.7 por ciento. Ante esta situación, ¿cuál debe ser el reto? ¿Eliminar los privilegios, para que todo el que deba hacerlo pague el 28 por ciento? No, e insisto en la pregunta: ¿qué justifica que el gobierno cobre, independientemente de qué se grave, el 28 por ciento? Entonces, ¿cuál debe ser el reto? Eliminar los privilegios y reducir la tasa, para que todos paguen el mismo porcentaje ¡¡¡bajo!!! La CETU apunta a lo primero, acotar privilegios y reducir la elusión, pero no a lo segundo: reducir la tasa que, de aprobarse, será del 16 por ciento en 2008, y de 19 puntos porcentuales a partir del 2009, porcentaje muy elevado, ¡independientemente de cuánto se cobre en otros países! Mal de muchos…
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Si, en promedio, las empresas pagan el 13.7 por ciento, para todo efecto práctico el que puedan llegar a pagar el 19 por ciento supondría un aumento del 38.7 por ciento, ante el cual debemos preguntarnos: ¿cuántas pueden pagarlo? La virtud de la CETU es que es un impuesto de tasa pareja. El defecto es que la tasa es elevada, y lo es porque el gobierno necesita más recursos, y los necesita porque gasta en muchas cosas en las que, simple y sencillamente, no debería gastar.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Pero de lo que no hay duda es que es evidente la superlativa concentración de la riqueza en México.
Y lo que nadie puede negar es que muchas de esas fortunas se han acumulado a calor de la estructura monopólica que privó y sigue privando en el país.
Tanto como a la estructura fiscal que ha favorecido a los capitanes del dinero.
La Reforma Hacendaria Integral que entregó al Congreso de la Unión el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, implícitamente así lo reconoce.
De hecho, el objetivo fundamental de la Contribución Empresarial a Tasa Única es precisamente el de aplicar un impuesto de control que elimine, o por lo menos reduzca la elevada evasión y elusiones fiscales que realizan los grandes corporativos del país.
Por eso, la Reforma Hacendaria es un paso trascendental para comenzar a eliminar el esquema fiscal de privilegio en el que los contribuyentes cautivos aportan y los grandes corporativos eluden o simplemente evaden.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, Crónica, 4 de julio.
Pienso que los legisladores o la propia Secretaría de Hacienda deberían considerar la posibilidad de eliminar el intento por hacer de la CETU una especie de inspector fiscal y convertirlo en un verdadero impuesto de tasa única. Esto implicaría tener la tasa más baja posible y un sistema sencillo de deducciones que permitiera descontar todos los gastos indispensables para la realización de una determinada actividad, pero nada más. El problema es que pretender que los salarios de los empleados no son un gasto indispensable, y después tratar de compensar el daño a la creación de empleos generado por esta medida a través de una serie de complicadas medidas de ajuste, sería absurdo. Permitamos la deducción de los salarios y dejémosle a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de encontrar y castigar a quienes, tras retener los impuestos de sus trabajadores, no los enteran al fisco.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 4 de julio.
El que estuvo ayer en San Lázaro con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue el subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte. Como se esperaba, uno de los tópicos que ocupó buena parte de la encerrona fue explicar a los legisladores los alcances de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), dejando en claro que permitirá simplificar el cobro de impuestos entre empresas cerrando espacios a la elusión. Y bueno, Sánchez Ugarte dijo a los diputados del PRI que el ejecutivo no considera enviar una iniciativa para modificar el régimen fiscal de Pemex, lo que de alguna forma se veía como una letra de cambio del tricolor para apoyar la reforma fiscal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 6 de julio.
La Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) es un impuesto que grava el valor de la producción y para efectos bancarios éste se cobraría sobre el margen financiero neto de los bancos.
Hace unos días les comenté que se habían iniciado negociaciones entre la Asociación de Bancos de México, que encabeza Enrique Castillo, y la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Agustín Carstens.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 6 de julio.
La CETU es un impuesto que va en contra de la consolidación fiscal y de los regímenes especiales.
Dicen que no quieren impuestos nuevos. La CETU no es, en estricto sentido, un impuesto nuevo, sino un mecanismo de control que busca aumentar el pago del impuesto sobre la renta. Una empresa tendría que pagar lo que resulte más alto entre CETU e ISR, con lo que se cierran huecos.
Les preocupa el impacto que podría tener sobre el empleo, pero en lugar de rechazarlo deberían tener una posición constructiva, como la de la IP, que dice que la propuesta es viable pero necesita realizar precisiones. El equipo de Agustín Carstens ha mostrado una gran capacidad para ajustar todo lo que sea necesario.
Tienen dudas sobre la aplicación de un impuesto a los depósitos por 20 mil pesos. Este es un gravamen en contra de la gente que no tiene RFC y no paga impuestos, porque es acreditable con otros gravámenes.
Están en contra de que los gobiernos de los estados cobren un impuesto sobre ventas finales a los productos que tienen IEPS, pero sólo hablan de la gasolina y omiten alcohol y tabaco. Si estuvieran en la mesa de negociación podrían decir que no poner impuestos a combustible, pero sí al vicio.
Los legisladores del Frente Amplio Progresista deberían darse cuenta de que son partidos políticos y no una secta.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de julio.
La CETU no es un mal impuesto. Va en contra de la consolidación fiscal y hace que los que más tienen más paguen, sin embargo, es víctima de la incomprensión.
Por un lado, la izquierda que no puede o no quiere ver que es una de las propuestas de campaña del PRD.
Por otra parte, de grupos empresariales que no quieren perder privilegios o que le están tratando de cobrar facturas al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes.
Desde el primer momento le hemos comentando en esta columna que la Secretaría de Hacienda, encabezada por Agustín Carstens, ha cambiado la manera de negociar y están dispuestos a realizar los ajustes que sean necesarios en la Contribución Empresarial de Tasa Única.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de julio.
Por un lado, la clase empresarial y diversos sectores de la misma han pintado su firme raya ante la propuesta de reforma fiscal de Agustín Carstens, en la cual se pretende gravar más, inventando un frankenstein como la CETU que nomás no termina de resbalar en los ánimos, mientras el gobierno federal despilfarra recursos sin dar visos de fajarse el cinturón.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de julio.
Las autoridades hacendarias se han cansado de decir que su propuesta de reforma fiscal es, como debe ser, neutral, sobre todo en el caso de la CETU, lo cual quiere decir que el controvertido impuesto no influirá en las decisiones de los agentes económicos, sobre todo empresarios e inversionistas. ¿Y por qué no lo hará? Porque no beneficiará a unos ni perjudicará a otros, tratando a todos por igual, tal y como, sobre todo en materia de impuestos, debe ser. l cobro de impuestos debe ser neutral, los funcionarios de Hacienda aseguran que, sobre todo la CETU, lo será, quedando por responder lo siguiente: ¿realmente lo será?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
De entrada, en los comunicados de Hacienda encontramos contradicciones, ya que, después de afirmarse cosas como la siguiente: “La CETU es un impuesto neutral que no distorsiona negativamente las decisiones de inversión de las empresas”, se hacen afirmaciones como ésta: “La CETU favorece la inversión y la productividad (ya que) la deducibilidad de las inversiones reforzará los incentivos para elevar el acervo de capital de las empresas y con ello la productividad de la mano de obra”, lo cual pone en duda que, efectivamente, se trate de un impuesto neutral (independientemente del asunto de si puede haber distorsiones positivas de las decisiones de los agentes económicos).
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Que un impuesto sea neutral quiere decir, insisto, que el mismo no influye, ni para bien ni para mal, en las decisiones y elecciones de los agentes económicos. Los mismos funcionarios de Hacienda reconocen que no es el caso de la CETU, ya que, según ellos, la misma creará incentivos para aumentar la inversión, lo cual me lleva a otro pregunta: ¿deben los impuestos usarse para incentivar determinadas conductas de los agentes económicos: ahorrar, invertir, trabajar, consumir o las contrarias: no ahorrar, no invertir, no trabajar, no consumir?, cuestionamiento que, suponiendo respuesta afirmativa, me genera la siguiente duda: ¿son eficientes los impuestos para tales fines?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Suponiendo la aprobación de la CETU tal y como la ha propuesto Hacienda, ¿veremos un aumento importante en la inversión en terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo? La lógica de quienes la defienden afirma que sí, ya que esas inversiones se podrán deducir de la CETU, lo cual supone que los empresarios dirán algo más o menos así: “Para pagar menos impuestos invirtamos más”, incremento en las inversiones que, ¡ojo!, no solamente depende, y quizá ni siquiera principalmente, de los impuestos que, por tal motivo, se puedan dejar de pagar, sin olvidar un pequeño detalle: esas inversiones se podrán deducir el año en el que se realizaron, de tal manera que, para pagar menos CETU, las empresas tendrán que realizar nuevas inversiones cada año. ¿Lo harán? Sí, si la inversión depende, únicamente, de los impuestos que, por ella, se dejan de pagar, pero resulta que la posibilidad de deducirla no es la única, y tal vez ni siquiera la principal, razón por la cual invierten los empresarios. Entonces, ¿qué tan eficiente será la CETU como incentivadora de la inversión privada?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Los impuestos deben usarse para financiar las tareas del gobierno. Justificar un impuesto, como la CETU, porque el mismo favorece la inversión, es incorrecto porque, nada más para ser congruentes, ¿por qué no irnos, con la intención de favorecer aún más la inversión, hasta el otro extremo, y no solamente no cobrarle ningún impuesto a la empresa, sino que, por cada peso que invierta, darle, del erario, otro tanto?
CETU, por ser un impuesto de tasa única, tiene méritos propios, pero falta, uno, que sustituya al ISR, para que sea un impuesto único de tasa única, y que lo haga a una tasa más cercana al 10 que al 20 por ciento, para que no sea una tasa única expoliatoria. Por lo pronto los legisladores tienen la palabra. ¿Serán capaces, para bien, de enmendarle la plana a Hacienda?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
El principal tema a debate es la famosa CETU. Todo indica que la misma resulta un buen mecanismo, con dos objetivos claros: establecer una suerte de impuesto mínimo obligatorio que afectaría sobre todo a los sectores que gozan de regímenes especiales, particularmente, ciertas empresas del ramo agropecuario y el de transportes, y a las que logran compactar sus cuentas reduciendo sustancialmente los montos de lo que deberían pagar. En realidad, es un ajuste que la gran mayoría de las grandes empresas podrán absorber con algunas modificaciones.
Según lo que se dice, el eje de la negociación podría pasar por una reducción de la CETU, en su primer año, a 12% en lugar del 16% propuesto y en un mecanismo que permitiera deducir inversiones previas a 2008. Falta establecer el procedimiento y el periodo de deducibilidad de las mismas. El impuesto de 2% a las operaciones en efectivo parece pasar sin mayores problemas y los demás podrían ser ajustes menores. En el ámbito empresarial, la demanda es que se amplíe el número de causantes, que sean más quienes aporten. En este sentido habrá algunos avances, pero no los suficientes porque la CETU no alcanza para eso y el impuesto de las transacciones en efectivo tiene límites, aun cuando puede ser un mecanismo que, desarrollado ulteriormente, con otras medidas adicionales, muy probablemente dé resultados interesantes.
El doble plano obligado para negociar una reforma fiscal, aun la muy constreñida del gobierno, implica resolver oposiciones políticas de diversa índole. De cara al empresariado, la estructural reticencia política a pagar impuestos, sobredeterminada por las condiciones de inequidad, ventaja y complacencia para la evasión y la elusión. La reforma propuesta acaso incide limitadamente en el último aspecto. Si bien la CETU aparece como control y, a la larga, reemplazo del ISR que progresivamente tiende a bajar sus tasas, al final se aproxima al famoso flax tax, que mantiene los privilegios fiscales de los más ricos. El sistema impositivo no aspira a ninguna equidad legitimadora. El empresariado, a regañadientes, irá aceptando la propuesta, presionando ajustes a la tasa de la CETU e insistiendo en la progresividad del ISR. El cobro a dividendos intocado e intocable.
Alan Arias, Milenio, 1º de julio.
Para aclarar mucho de lo que se ha señalado en fechas recientes en torno a la reforma fiscal, estuvo en La Entrevista con Sarmiento el coordinador de asesores del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Como se esperaba, uno de los temas que acaparó las preguntas de Sergio Sarmiento fue el impacto que tendrá la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU). Pues bien, Meade detalló que ese gravamen, de aprobarse, pretende, entre otras cosas, definir una base que ayude a la autoridad fiscal a determinar cuál es el valor de la producción de una empresa, cuál es la capacidad de generar valor y sus alcances para el pago de impuestos. Por lo que toca a la base de cálculo de la CETU, donde ha habido críticas por el hecho que no podrá deducirse la nómina, Meade puntualizó que ahora las empresas podrán deducir compras, arrendamientos y la prestación de servicios que contratan con otras empresas, lo que se espera abra espacios para evitar una carga tributaria que pudiera resultar excesiva.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 4 de julio.
La CETU tiene como propósito, si no eliminar, sí reducir la elusión, con el objetivo de que, sobre todo, las empresas tributen más, por lo menos el 16 por ciento, aumento en el pago de impuestos que, según la versión de muchos empresarios, y de no pocos fiscalistas, las pondrá en una situación difícil, en algunos casos al borde de la quiebra, lo cual quiere decir que cada una de ellas logró un cierto grado de productividad gracias a las exenciones, reducciones y desgravaciones a las que, con la legislación actual, tienen derecho, y que les permiten pagar menos del 16 por ciento que pagarían si se aprobase la CETU. Es más, muchos de esos privilegios tributarios fueron diseñados, ¡precisamente!, para que las empresas alcanzaran una mayor productividad que, ¡por favor!, no confundamos con competitividad.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Detrás de cada uno de esos privilegios se encuentra, entre otras muchas cosas, la aceptación implícita de que la tasa “normal” que pagarían las empresas es muy elevada, razón por la cual se otorgan las dispensas, que, según los datos proporcionados por Adriana Merchant, hacen posible que, en promedio, las empresas paguen el 13.7 por ciento. Ante esta situación, ¿cuál debe ser el reto? ¿Eliminar los privilegios, para que todo el que deba hacerlo pague el 28 por ciento? No, e insisto en la pregunta: ¿qué justifica que el gobierno cobre, independientemente de qué se grave, el 28 por ciento? Entonces, ¿cuál debe ser el reto? Eliminar los privilegios y reducir la tasa, para que todos paguen el mismo porcentaje ¡¡¡bajo!!! La CETU apunta a lo primero, acotar privilegios y reducir la elusión, pero no a lo segundo: reducir la tasa que, de aprobarse, será del 16 por ciento en 2008, y de 19 puntos porcentuales a partir del 2009, porcentaje muy elevado, ¡independientemente de cuánto se cobre en otros países! Mal de muchos…
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Si, en promedio, las empresas pagan el 13.7 por ciento, para todo efecto práctico el que puedan llegar a pagar el 19 por ciento supondría un aumento del 38.7 por ciento, ante el cual debemos preguntarnos: ¿cuántas pueden pagarlo? La virtud de la CETU es que es un impuesto de tasa pareja. El defecto es que la tasa es elevada, y lo es porque el gobierno necesita más recursos, y los necesita porque gasta en muchas cosas en las que, simple y sencillamente, no debería gastar.
Arturo Damm Arnal, “Pesos y contrapesos”, Crónica, 4 de julio.
Pero de lo que no hay duda es que es evidente la superlativa concentración de la riqueza en México.
Y lo que nadie puede negar es que muchas de esas fortunas se han acumulado a calor de la estructura monopólica que privó y sigue privando en el país.
Tanto como a la estructura fiscal que ha favorecido a los capitanes del dinero.
La Reforma Hacendaria Integral que entregó al Congreso de la Unión el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, implícitamente así lo reconoce.
De hecho, el objetivo fundamental de la Contribución Empresarial a Tasa Única es precisamente el de aplicar un impuesto de control que elimine, o por lo menos reduzca la elevada evasión y elusiones fiscales que realizan los grandes corporativos del país.
Por eso, la Reforma Hacendaria es un paso trascendental para comenzar a eliminar el esquema fiscal de privilegio en el que los contribuyentes cautivos aportan y los grandes corporativos eluden o simplemente evaden.
Marco Antonio Mares, “Ricos y Poderosos”, Crónica, 4 de julio.
Pienso que los legisladores o la propia Secretaría de Hacienda deberían considerar la posibilidad de eliminar el intento por hacer de la CETU una especie de inspector fiscal y convertirlo en un verdadero impuesto de tasa única. Esto implicaría tener la tasa más baja posible y un sistema sencillo de deducciones que permitiera descontar todos los gastos indispensables para la realización de una determinada actividad, pero nada más. El problema es que pretender que los salarios de los empleados no son un gasto indispensable, y después tratar de compensar el daño a la creación de empleos generado por esta medida a través de una serie de complicadas medidas de ajuste, sería absurdo. Permitamos la deducción de los salarios y dejémosle a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de encontrar y castigar a quienes, tras retener los impuestos de sus trabajadores, no los enteran al fisco.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 4 de julio.
El que estuvo ayer en San Lázaro con integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue el subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte. Como se esperaba, uno de los tópicos que ocupó buena parte de la encerrona fue explicar a los legisladores los alcances de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), dejando en claro que permitirá simplificar el cobro de impuestos entre empresas cerrando espacios a la elusión. Y bueno, Sánchez Ugarte dijo a los diputados del PRI que el ejecutivo no considera enviar una iniciativa para modificar el régimen fiscal de Pemex, lo que de alguna forma se veía como una letra de cambio del tricolor para apoyar la reforma fiscal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 6 de julio.
La Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) es un impuesto que grava el valor de la producción y para efectos bancarios éste se cobraría sobre el margen financiero neto de los bancos.
Hace unos días les comenté que se habían iniciado negociaciones entre la Asociación de Bancos de México, que encabeza Enrique Castillo, y la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Agustín Carstens.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 6 de julio.
La CETU es un impuesto que va en contra de la consolidación fiscal y de los regímenes especiales.
Dicen que no quieren impuestos nuevos. La CETU no es, en estricto sentido, un impuesto nuevo, sino un mecanismo de control que busca aumentar el pago del impuesto sobre la renta. Una empresa tendría que pagar lo que resulte más alto entre CETU e ISR, con lo que se cierran huecos.
Les preocupa el impacto que podría tener sobre el empleo, pero en lugar de rechazarlo deberían tener una posición constructiva, como la de la IP, que dice que la propuesta es viable pero necesita realizar precisiones. El equipo de Agustín Carstens ha mostrado una gran capacidad para ajustar todo lo que sea necesario.
Tienen dudas sobre la aplicación de un impuesto a los depósitos por 20 mil pesos. Este es un gravamen en contra de la gente que no tiene RFC y no paga impuestos, porque es acreditable con otros gravámenes.
Están en contra de que los gobiernos de los estados cobren un impuesto sobre ventas finales a los productos que tienen IEPS, pero sólo hablan de la gasolina y omiten alcohol y tabaco. Si estuvieran en la mesa de negociación podrían decir que no poner impuestos a combustible, pero sí al vicio.
Los legisladores del Frente Amplio Progresista deberían darse cuenta de que son partidos políticos y no una secta.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de julio.
La CETU no es un mal impuesto. Va en contra de la consolidación fiscal y hace que los que más tienen más paguen, sin embargo, es víctima de la incomprensión.
Por un lado, la izquierda que no puede o no quiere ver que es una de las propuestas de campaña del PRD.
Por otra parte, de grupos empresariales que no quieren perder privilegios o que le están tratando de cobrar facturas al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes.
Desde el primer momento le hemos comentando en esta columna que la Secretaría de Hacienda, encabezada por Agustín Carstens, ha cambiado la manera de negociar y están dispuestos a realizar los ajustes que sean necesarios en la Contribución Empresarial de Tasa Única.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de julio.
Por un lado, la clase empresarial y diversos sectores de la misma han pintado su firme raya ante la propuesta de reforma fiscal de Agustín Carstens, en la cual se pretende gravar más, inventando un frankenstein como la CETU que nomás no termina de resbalar en los ánimos, mientras el gobierno federal despilfarra recursos sin dar visos de fajarse el cinturón.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 11 de julio.
Las autoridades hacendarias se han cansado de decir que su propuesta de reforma fiscal es, como debe ser, neutral, sobre todo en el caso de la CETU, lo cual quiere decir que el controvertido impuesto no influirá en las decisiones de los agentes económicos, sobre todo empresarios e inversionistas. ¿Y por qué no lo hará? Porque no beneficiará a unos ni perjudicará a otros, tratando a todos por igual, tal y como, sobre todo en materia de impuestos, debe ser. l cobro de impuestos debe ser neutral, los funcionarios de Hacienda aseguran que, sobre todo la CETU, lo será, quedando por responder lo siguiente: ¿realmente lo será?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
De entrada, en los comunicados de Hacienda encontramos contradicciones, ya que, después de afirmarse cosas como la siguiente: “La CETU es un impuesto neutral que no distorsiona negativamente las decisiones de inversión de las empresas”, se hacen afirmaciones como ésta: “La CETU favorece la inversión y la productividad (ya que) la deducibilidad de las inversiones reforzará los incentivos para elevar el acervo de capital de las empresas y con ello la productividad de la mano de obra”, lo cual pone en duda que, efectivamente, se trate de un impuesto neutral (independientemente del asunto de si puede haber distorsiones positivas de las decisiones de los agentes económicos).
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Que un impuesto sea neutral quiere decir, insisto, que el mismo no influye, ni para bien ni para mal, en las decisiones y elecciones de los agentes económicos. Los mismos funcionarios de Hacienda reconocen que no es el caso de la CETU, ya que, según ellos, la misma creará incentivos para aumentar la inversión, lo cual me lleva a otro pregunta: ¿deben los impuestos usarse para incentivar determinadas conductas de los agentes económicos: ahorrar, invertir, trabajar, consumir o las contrarias: no ahorrar, no invertir, no trabajar, no consumir?, cuestionamiento que, suponiendo respuesta afirmativa, me genera la siguiente duda: ¿son eficientes los impuestos para tales fines?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Suponiendo la aprobación de la CETU tal y como la ha propuesto Hacienda, ¿veremos un aumento importante en la inversión en terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo? La lógica de quienes la defienden afirma que sí, ya que esas inversiones se podrán deducir de la CETU, lo cual supone que los empresarios dirán algo más o menos así: “Para pagar menos impuestos invirtamos más”, incremento en las inversiones que, ¡ojo!, no solamente depende, y quizá ni siquiera principalmente, de los impuestos que, por tal motivo, se puedan dejar de pagar, sin olvidar un pequeño detalle: esas inversiones se podrán deducir el año en el que se realizaron, de tal manera que, para pagar menos CETU, las empresas tendrán que realizar nuevas inversiones cada año. ¿Lo harán? Sí, si la inversión depende, únicamente, de los impuestos que, por ella, se dejan de pagar, pero resulta que la posibilidad de deducirla no es la única, y tal vez ni siquiera la principal, razón por la cual invierten los empresarios. Entonces, ¿qué tan eficiente será la CETU como incentivadora de la inversión privada?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
Los impuestos deben usarse para financiar las tareas del gobierno. Justificar un impuesto, como la CETU, porque el mismo favorece la inversión, es incorrecto porque, nada más para ser congruentes, ¿por qué no irnos, con la intención de favorecer aún más la inversión, hasta el otro extremo, y no solamente no cobrarle ningún impuesto a la empresa, sino que, por cada peso que invierta, darle, del erario, otro tanto?
CETU, por ser un impuesto de tasa única, tiene méritos propios, pero falta, uno, que sustituya al ISR, para que sea un impuesto único de tasa única, y que lo haga a una tasa más cercana al 10 que al 20 por ciento, para que no sea una tasa única expoliatoria. Por lo pronto los legisladores tienen la palabra. ¿Serán capaces, para bien, de enmendarle la plana a Hacienda?
Arturo Damm Arnal, “Pesos y Contrapesos”, Crónica, 13 de julio.
El principal tema a debate es la famosa CETU. Todo indica que la misma resulta un buen mecanismo, con dos objetivos claros: establecer una suerte de impuesto mínimo obligatorio que afectaría sobre todo a los sectores que gozan de regímenes especiales, particularmente, ciertas empresas del ramo agropecuario y el de transportes, y a las que logran compactar sus cuentas reduciendo sustancialmente los montos de lo que deberían pagar. En realidad, es un ajuste que la gran mayoría de las grandes empresas podrán absorber con algunas modificaciones.
Según lo que se dice, el eje de la negociación podría pasar por una reducción de la CETU, en su primer año, a 12% en lugar del 16% propuesto y en un mecanismo que permitiera deducir inversiones previas a 2008. Falta establecer el procedimiento y el periodo de deducibilidad de las mismas. El impuesto de 2% a las operaciones en efectivo parece pasar sin mayores problemas y los demás podrían ser ajustes menores. En el ámbito empresarial, la demanda es que se amplíe el número de causantes, que sean más quienes aporten. En este sentido habrá algunos avances, pero no los suficientes porque la CETU no alcanza para eso y el impuesto de las transacciones en efectivo tiene límites, aun cuando puede ser un mecanismo que, desarrollado ulteriormente, con otras medidas adicionales, muy probablemente dé resultados interesantes.
Jorge Fernández Menéndez, “Razones”, Excélsior, 13 de julio.
Para tranquilidad de millones de padres de familia, es factible que el subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte, incluya en la próxima versión de reforma fiscal que las escuelas privadas no paguen, bajo ciertas reglas, la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 16 de julio.
En el fondo, la CETU fue capaz de un “milagro de tres bandas”, ya que no sólo acercó a la izquierda con los grandes empresarios en la defensa de los privilegios de éstos, sino que avizora una alianza aún más cuestionable: la del FAP —en especial del PRD y de AMLO— con el PRI. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, que el Frente Amplio, el PRD y el “legítimo” prepararon una iniciativa de reforma fiscal lo suficientemente atractiva para los poderosos capitanes de empresa y para el PRI —con toda su carga neoliberal—, para que en el Congreso el FAP y el PRD —junto con otros aliados menores— logren arrinconar al PAN y lo obliguen a “doblar las manos”.
La apuesta es política: el fracaso del gobierno de Calderón; no importan ni el país ni los contribuyentes ni la infraestructura ni la recaudación, y menos la imagen de una izquierda desfigurada capaz de aliarse a adversarios históricos, con tal de saciar su venganza. Los políticos mexicanos.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 17 de julio.
El gobierno calderonista tomó la decisión de irse por una política fiscal que no fuera progresiva, sino simplificadora, con tasa única, fácil de pagar, aunque no tome en cuenta la diferencia de los ingresos. Y por el otro lado hacer la política social o de distribución del ingreso mediante el gasto.
La propuesta presentada por Agustín Carstens, secretario de Hacienda, es similar a la de economías como Irlanda, donde han utilizado un flat tax o tasa única para facilitar la recaudación al evitar tasas y exenciones. En el afán simplificador surgió la CETU, la Contribución Empresarial a Tasa Única, que viene siendo un flat tax, y los contribuyentes pagarán la CETU o el ISR
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 18 de julio.
Dicha versión fue bien vista por los empresarios, al grado de que ayer todos los organismos privados del Consejo Coordinador Empresarial, propusieron desa- parecer el ISR y poner la CETU en su lugar. Plantean que la sustitución sea a lo largo de tres años y que la CETU se quede como un impuesto único para todos y con una sola tasa, la cual en lugar de ser de 19% baje a 12%, para no dañar a quienes hoy pagan el ISR.
Claro que dicha propuesta gubernamental, y ahora avalada por los empresarios, debe traer compromisos en el gasto. Tan sólo ayer el mismo presidente Calderón, en un foro con empresarios españoles donde estuvo el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que la mitad de los recursos excedentes derivados de la reforma fiscal irán para infraestructura, con lo cual se atraerán más inversiones productivas y se generarán más empleos
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 18 de julio.
La IP solicitó ajustes en el tema de consolidación, particularmente importante para grandes compañías, y un lapso de transición para deducir inversiones previas, inventarios y pérdidas fiscales.
La subsecretaría de Fernando Sánchez Ugarte se comprometió a analizar esos tópicos, al igual que el impacto que la CETU tendrá en compañías extranjeras y maquiladoras por el "Safe Harbor".
Un aspecto complicado es la doble tributación, dado que a la CETU no se le reconoce en otros países con los que México tiene tratados.
Particularmente delicado es el caso de EU, aunque según esto, Carstens ya hizo contacto con el secretario del Tesoro, Henry Paulson y conforme a lo que explicó al CCE hay augurios positivos. Habrá que ver.
No son tampoco nuevas las inquietudes de deducibilidad en la CETU, para contribuciones sociales, es decir, IMSS, Infonavit y SAR, así como donativos.
La ABM pidió también la deducibilidad de quebrantos en la CETU y la AMIS para reservas catastróficas.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, Reforma, 18 de julio.
Tradicionalmente las negociaciones hacendarias terminan concentrándose en uno o, cuando mucho, dos puntos y se pierde de vista la perspectiva. Los legisladores, en esta ocasión, han centrado todo el interés en la CETU y están dejando de ver el panorama completo. Así que hay algunos puntos que no deben olvidarse.
Primero. Es necesario que las empresas contribuyan de una mejor forma con el pago de impuestos.
Segundo. La manera en que está diseñado el ISR no cumple cabalmente con su función y la CETU es un impuesto de control.
Tercero. El PRD, atrapado por su dialéctica, está de acuerdo con el gobierno en acabar con la consolidación fiscal, pero están buscando hacerlo de una manera francamente equivocada.
Cuarto. En nombre de la filantropía se ha cometido cualquier cantidad de atropellos. Una cosa es la responsabilidad social y otra disfrazar estrategias fiscales en apoyo a los menos favorecidos.
Tiene razón Felipe Calderón cuando dice que es preferible que paguen impuestos completos a que hagan caridad.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 23 de julio.
Con argumentos falaces de que se atenta contra la creación de empleos, contra la inversión nacional y extranjera; de que presionará la inflación por los aumentos de precios "en cascada" hasta en las colegiaturas, los dueños del billete pretenden "arrinconar" al presidente Felipe Calderón, y obligarlo a modificar las iniciativas de reformas a la ley, en especial la que se refiere a la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU). Inteligentemente, aunque sin una buena estrategia, Calderón ha salido a defender personalmente y en persona su reforma hacendaria; bueno, también les ha pedido a varios de los integrantes de su gabinetazo que le ayuden a difundir las bondades de ese impuesto. La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota; la de Desarrollo Social, Beatriz Zavala; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el de Agricultura, Alberto Cárdenas, entre otros, han salido a explicar que con la reforma habrá dinero para la educación, la seguridad, el campo, la salud, la infraestructura, etcétera. Pero como no gozan de credibilidad, no han sido muy convincentes.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 30 de julio.
En el aire hay algo más que sugerencias: una lluvia de críticas. No sólo vienen del PRD. Está el PRI, los empresarios, los sindicatos, los fiscalistas, las universidades privadas, los organismos filantrópicos y legisladores del PAN. “Hasta el nombre de la CETU vamos a ajustar”, advirtió el blanquiazul, Gustavo Madero.
La iniciativa necesita algo más que una sesión de maquillaje, una cirugía reconstructiva. El gran mérito de Hacienda fue encontrar la forma de no tocar el tema del IVA. En lo demás quedó corta. Lo peor es que da prioridad a la recaudación sobre el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Las maquiladoras piden que se revisen las importaciones temporales; las universidades se niegan al pago de impuestos vía CETU, y los organismos filantrópicos critican los nuevos obstáculos a donativos.
Todos tienen parte de razón. Sin quitarles importancia, los grandes cambios que necesita la iniciativa de la CETU son dos: bajar la tasa e incorporar la deducibilidad fiscal de los salarios y prestaciones. Una CETU de 19 por ciento aniquilará a miles de empresas. No deducir los sueldos hará más difícil generar empleos formales. Calderón ha anunciado su voluntad para incorporar algunas sugerencias. Tiene poco margen. Lo que haga nos permitirá medir su estatura de estadista. Nos dirá qué tan bueno es para escuchar y a quién escucha más.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 30 de julio.
Ya no va a poder ser aquel impuesto pensado por el presidente Calderón desde su campaña, el cual pudiera transitar hacia un flat tax para la simplificación fiscal. Y no lo puede ser porque tendrá cambios solicitados por los empresarios, como Claudio X. González y Armando Paredes del CCE, quienes pidieron reducir su tasa de 19% a 12%. O bien deducir las contribuciones sociales como el pago al IMSS o al Infonavit.
Por eso ayer mismo el equipo de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, ya se apuró a mencionar que no existan muchas recortes ni deducibilidades en la CETU, si no tampoco nos va a servir para las necesidades de captación de ingresos.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 1º de agosto.
Como sea, el nuevo impuesto ya quedó para complementar los huecos que deja el ISR, como sucede con las grandes empresas agropecuarias y los autotransportistas, que siguen exentos del pago fiscal. Y ya ni se diga de la triste reacción de las universidades privadas, que defienden lo indefendible: tener utilidades y no pagar impuestos.
Ante tal situación, la Secretaría de Hacienda hace sus balances para tratar de elevar la pobre relación de 10%-11% de ingresos tributarios respecto del Producto Interno Bruto.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 1º de agosto.
Al margen de que esto pudiera ocurrir, de antemano se puede anticipar que el proyecto de reforma fiscal de Calderón sufrirá severas modificaciones, entre ellas, un ajuste a la baja de la controvertida contribución tributaria a tasa única (CETU), lo que sin duda complicará mucho los objetivos recaudatorios del gobierno y por consiguiente la disponibilidad de recursos para el presupuesto, no sólo de 2008, sino de todo el sexenio.
Por lo pronto, los legisladores priistas ya convinieron en que en caso de que haya periodo extraordinario, la reforma fiscal tendrá que recortar tres puntos a la CETU, que pasaría de 16 a 13 por ciento, al tiempo que tendrían que hacerse ajustes al impuesto del 2 por ciento contra la informalidad y al régimen fiscal de Pemex, a efecto de dotar de mayores recursos para inversión a la paraestatal.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de Poder”, El Financiero, 6 de agosto.
Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México, dice que si se aplica textualmente la CETU la banca sería afectada. Santiago Creel, coordinador de los senadores del PAN, acepta que la CETU se fije en 16%. Los empresarios señalan que no debe ser más de 12. Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, opina que la CETU es la adecuada para 2008 y aumentará cada año hasta alcanzar 19%. Creel agrega que este impuesto debe ser el único y tal vez en dos años se elimine el ISR. Juan Manuel Pérez Porrúa, titular de la Unidad de la Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, dice que no se pueden establecer impuestos arbitrarios con deducciones absurdas. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, declaró: “No tenemos prisa”. Emilio Gamboa, líder de los diputados del PRI, aseguró que habrá reforma fiscal, todo a su tiempo
Jacobo Zabludovsky, “Bucareli”, El Universal, 6 de agosto.
El balance que hacen en el gobierno hasta ahora es que “no le ha ido nada mal” a su propuesta de reforma fiscal. A pesar de las críticas y las peticiones de cambios a las iniciativas, especialmente de los empresarios, en Hacienda creen que la CETU “ya pasó lo más difícil” y que su aceptación es un hecho, aunque resta hacerle “algunos ajustes” para que el impuesto pueda volverse ley y comenzar a aplicarse.
Esta semana será clave para saber si el optimismo y la seguridad que muestran en Hacienda es justificado, y mucho de eso se verá con la propuesta del PRI. Los asesores de Carstens aseguran que Baja California y su apretado resultado electoral no afectará en nada las negociaciones de la reforma fiscal, aunque no está claro si los priístas piensan lo mismo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, EL Gráfico, 6 de agosto.
Después de múltiples "consultas" que durante más de un mes los funcionarios de la Secretaría de Hacienda encargados de diseñar y promover la reforma fiscal ofrecieron a los representantes de todos los sectores productivos del país para resolver o profundizar sus dudas sobre el paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión, así como para escuchar sus reclamos, inconformidades, lamentos, chillidos, podría concluirse lo siguiente: todos están de acuerdo en que es urgente elevar la recaudación fiscal, pero la mayoría de las empresas no quiere pagar ni el Impuesto sobre la Renta del 28 por ciento, ni la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) del 16 por ciento que propone el Ejecutivo.
Efectivamente no es la reforma ideal, como han criticado algunos; tampoco es suficiente, como diría el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, pero está hecha con cierta inteligencia y políticamente podría ser un éxito para el presidente Felipe Calderón, reconocen incluso sus detractores. Probablemente algunos sectores como el agropecuario, autotransporte, el de la construcción y el de las maquiladoras, que son los que tienen mayores privilegios fiscales -pagan impuestos de hasta el 2 por ciento en lugar del 28-, sean los más "afectados" si los legisladores aprueban la CETU como la presentó el Ejecutivo. El representante de las maquiladoras, José de Jesús Calleros, afirma que tendrán que pagar 600 por ciento más de impuestos con el nuevo gravamen, lo que podría -advierte- provocar que muchas compañías del ramo se vayan con sus "naves" a otro país donde les otorguen mayores beneficios fiscales. No miente cuando señala que en ese sector la CETU, como está, podría afectar severamente la creación de empleos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Sin embargo, no se pueden cancelar los regímenes especiales de contribución, como se pretende con este nuevo impuesto, y dejar intocable al de las maquiladoras, nada más porque son "prestadoras de servicios", reconocen los expertos fiscales. "Si empiezas a hacerle hoyos a la CETU, al rato vas a tener una coladera", agregan.
Seguramente los diseñadores y promotores de la "reforma hacendaria para los que menos tienen", no pensaron en los efectos que para los sectores mencionados y para otros, tendrá la "maldita CETU". O tal vez lo pensaron, pero tanto al secretario de Hacienda como al Presidente de la República "se la vendieron de otra manera". Obviamente a los empresarios, a los dueños de los despachos de fiscalistas, a los banqueros se los chamaquearon; algunos confiesan: "Nos preguntaron si queríamos ISR de 28 por ciento o CETU al 16 por ciento para empezar, y obviamente respondimos que la queríamos peladita y a la boca. Pero cuál sería nuestra sorpresa cuando nos enteramos de sus características". ¡Eso les pasa por avorazados! Reviran los malosos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Sin embargo, el asunto no es como para ponerse a llorar. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda comentaron al columnista que tomarán en cuenta todas las opiniones de los empresarios; trataremos de "ajustar" la CETU para que no cause tantos estragos, agregan. Pero advierten: no la vamos a bajar del 16 al 12 por ciento, como quieren aquéllos; podemos permitir ciertas deducciones, como la nómina, precisaron. ¡No. no. Yo la quiero como nos la prometieron! Parece decir el director general de la American Chamber, Larry Rubin. ¡Ese Lazarito es insaciable!, dirían los funcionarios de Hacienda.
Por lo pronto, mientras los legisladores se ponen de acuerdo si convocan a un periodo extraordinario para discutir, analizar y aprobar las iniciativas fiscales, o si deciden abordar el asunto en el periodo ordinario de sesiones del Congreso, los más reconocidos abogados fiscalistas preparan una estrategia contra la CETU, una vez que se apruebe, claro. Primero se van a amparar; si pierden, como es lo más seguro, porque dicen que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "se pusieron de alfombritas", van a buscar la forma de "darle vuelta". ¡No se la van a acabar!, amenazan.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Habrá que esperar para saber cuáles son los cambios que harán los legisladores a las iniciativas fiscales, principalmente a la CETU; no vaya a ser que "salgan tan parchadas" que a nadie le convenga.
Pero independientemente de la actitud mezquina de algunos senadores panistas, el secretario de Hacienda -quien se reunió el viernes con el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural- mandó un importante mensaje a los representantes de todos los sectores productivos e improductivos que se han quejado porque van a meterles la CETU: no habrá regímenes especiales de contribución. Y es que los legisladores agroyuppies que integran el mencionado frente, empezando por el senador Heladio Ramírez López, se quejaron públicamente de que la CETU "no toma en cuenta la situación particular que vive el campo y sus productores primarios". No es justo que los ejidatarios y pequeños productores agropecuarios quienes no pagan Impuesto sobre la Renta, sean obligados a tributar a la CETU, dijo el eterno "líder campesino" priista. Casi con lágrimas en los ojos le reclamó al secretario de Hacienda que parece, nada más parece, que el sector rural corre el peligro "de ser el último al que se le toma en cuenta a pesar de que en él reside la inmensa mayoría de los pobres de México. Además de inyectarle más recursos a Pemex, un trato similar merecen los pobres del campo", agregó Heladio. ¡El problema del campo no sólo es de billetes, senador! Le gritaron algunos de los asistentes a la mencionada reunión. Y ni modo, tuvo que tragar tubérculo poblano, como diría un destacado comentarista político. Casi atragantado, Ramírez López también se manifestó en contra del Impuesto contra la Informalidad (ICI) que propone el cobro del 2 por ciento a los depósitos en cash que rebasen los 20 mil pesos. "La gran mayoría de las transacciones comerciales de los campesinos se hacen en efectivo", recordó el "líder campesino".
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 13 de agosto.
El diagnóstico es muy claro, México tiene uno de los sistemas fiscales más débiles entre los países de la OCDE e, incluso, en la propia región de América Latina.
La recaudación de 10 por ciento del PIB que le digo apenas representa la mitad de lo que recaudan los principales países suramericanos, en donde el promedio alcanza 20 por ciento del PIB.
La propuesta fiscal planteada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, aunque se ha criticado por varios sectores, resulta viable una vez que se ha desechado la posibilidad de poner IVA en alimentos y medicinas, por ser políticamente incorrecto.
Hablamos de crear un impuesto que gradualmente irá sustituyendo al ISR y que operará como tasa única, donde se ha pensando en una tasa de 16 por ciento, pero que aún está sujeta a negociación en su porcentaje. También se ha pensando en poner un impuesto de 20 por ciento para juegos y sorteos, que no parece tener mayor dificultad.
Y bueno, también se plantea un gravamen de 2 por ciento a los depósitos bancarios en efectivo, que busca cerrar los caminos a la economía informal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 14 de agosto.
Ciertamente, la iniciativa de reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo está lejos de ser la reforma fiscal que México requiere. En primer lugar, por la magnitud de su impacto recaudatorio (apenas 1.8% del PIB como producto directo de la CETU, más 1% del PIB adicional por efecto de una mayor eficiencia recaudatoria), con lo cual no se superaría el enorme rezago tributario de México, estimado en 10% del PIB, ni se generarían los recursos fiscales requeridos para atender nuestras enormes carencias en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, salud y seguridad social, inversión en la industria energética, fomento industrial y agropecuario, etcétera, amén de la holgura fiscal requerida para aplicar políticas fiscales contracíclicas en favor del crecimiento sostenido del PIB y del empleo.
En segundo lugar, porque complica nuestro sistema tributario (agregando dos nuevos impuestos: la CETU y el ICI), en lugar de simplificarlo mediante una reforma a la ley del ISR, directamente orientada a reducir las deducibilidades y a eliminar los regímenes de privilegio (consolidación fiscal y regímenes especiales para empresas de transporte, agrobusiness, etcétera), así como a establecer duros candados contra la evasión fiscal
En tercer lugar, porque si bien la CETU amplía la base de ingresos empresariales gravables, al reducir deducibilidades y suprimir regímenes especiales en el ámbito de su aplicación (quedando intocados en el ISR), la reforma no incide en la ampliación de la base de ingresos personales gravables, puesto que no introduce un impuesto sobre dividendos percibidos por personas físicas, como el vigente en todos los países de la OCDE (con excepción de la República Eslovaca, Grecia y México), ni introduce un impuesto sobre las ganancias de capital de las personas físicas, ni tampoco un gravamen sobre las herencias y legados, como también se observa en los países típicos de la OCDE
En cuarto lugar, la iniciativa de reforma tributaria no acrecienta la progresividad del ISR, aumentando las tasas marginales para los ingresos personales mayores (v.gr. superiores a 2 millones de pesos), aproximándonos a las tasas vigentes entre nuestros socios del TLCAN (en México la tasa máxima de ISR personal es de 28%, contra 46.4% en Canadá y 41.4% en Estados Unidos) o entre los demás países típicos de la OCDE (45% en España, 55.9% en Francia, 45.2% en Alemania, etcétera)
José Luis Calva, El Universal, 15 de agosto.
Además, el principal instrumento recaudatorio de la iniciativa fiscal del Ejecutivo (la CETU) presenta graves defectos, puntualmente criticados por legisladores de los principales partidos de oposición (PRI y PRD), pero también por legisladores del PAN:
1) un sesgo contra la seguridad social y el empleo, al no hacer deducibles las contribuciones empresariales a IMSS, SAR e Infonavit, ni los impuestos locales sobre nóminas (o, en general, los salarios y prestaciones);
2) la ausencia de progresividad, al pretender aplicar la tasa única no sólo a las empresas, sino también a las personas físicas con actividad empresarial, incluyendo arbitrariamente en ese concepto la prestación de servicios profesionales y la enajenación de bienes patrimoniales;
3) la no deducibilidad para efectos de la CETU de las inversiones en maquinaria, equipo y construcciones realizadas antes de la entrada en vigor de este impuesto.
Por fortuna, resultan alentadores los procesos de convergencia que están perfilándose. Frente a las fundadas críticas a la CETU, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció su conformidad con la “cirugía mayor” que los legisladores realizarán a la CETU, a fin de corregirle sus defectos mayores (véase EL UNIVERSAL, 11/VIII/07), allanando así el camino para su aprobación por el Congreso.
No sería la reforma fiscal integral que México requiere, pero representaría un avance relevante y un alentador signo del arte de lo posible
José Luis Calva, El Universal, 15 de agosto.
El tema más controvertido ha resultado la CETU, en donde más que bajar la tasa, tesis en la que insistió el CCE que encabeza Armando Paredes, se optará por reconocer deducibilidades para el salario y contribuciones sociales, es decir, IMSS, Infonavit y SAR.
No será una graciosa concesión, puesto que en el tiempo la IP pudo corroborar que la CETU como fue concebida, si bien eliminaba los regímenes especiales, también afectaba a las Pymes y a las maquiladoras representadas por José de Jesús Calleros, que son las principales generadoras de mano de obra
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 16 de agosto.
Pero hay otro punto del que poco se ha hablado y en el que también hay avances, pese a las resistencias que originalmente hubo por parte de los estados.
Se trata de los gravámenes relacionados con el IEPS para bebidas alcohólicas, cervezas, tabaco y gasolina esencialmente.
En primera instancia Conago se mostró esquiva porque tenía que asumir el impacto político de establecer los impuestos y construir un andamiaje de recaudación costoso.
Tras diversas reuniones encabezadas por José Antonio González, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de SHCP, se ideó una fórmula en la que el gobierno federal recaudará para los estados y hará participables los cobros durante 7 años, lapso en el que cada entidad construirá su infraestructura recaudatoria.
En otras palabras corresponderá a la siguiente administración vigilar el que esto se cumpla. Habrá que ver.
En el acuerdo se verán afectados las dos empresas cigarreras en este caso Philip Morris de Ian Ferguson y British American Tobacco (BAT) de Andrea Martín, las dos cerveceras que son Modelo de Carlos Fernández y Femsa de José Antonio Fernández “el diablo”, así como la industria de vinos y licores en general.
El impacto andaría en un 4.5 por ciento en promedio, y la que mayor recaudación aportará con el nuevo IEPS será la gasolina.
Según esto el esquema abonará unos 30 mil millones de pesos, además de que federación y estados comenzarán a sembrar a futuro, ante la eventualidad de que el petróleo comience a descender en sus cotizaciones en los próximos años y con ello los recursos que hoy se participan.
Así que salvo una modificación producto del cabildeo de las próximas semanas, todo parece indicar que los nuevos impuestos al pecado siguen en pie, junto con este IEPS a la gasolina que deberá asumir sin distingos el consumidor.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 16 de agosto.
Puede decirse que los niveles de captación de nuestra presa fiscal son escasos y se requiere de una obra de ingeniería mayor edificando una más alta y robusta cortina de contención para incrementar el volumen de recursos fiscales. Pero el gobierno federal prefirió seguir otro camino y concentrarse en una obra menor para reparar algunas de las fugas actuales mediante la CETU (Contribución Empresarial de Tasa Única).
La CETU, como bien han señalado economistas como David Ibarra (La Jornada, 9/08/07) y Emilio Caballero (Voz y voto, núm. 174), entre otros, sí es una suerte de IVA, de impuesto indirecto —es decir, al uso de la renta—, aunque sui géneris. Si se entiende que la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costos de los bienes intermedios representa el valor que agregan en la generación del bien o servicio, tenemos entonces el valor añadido. La CETU implicaría que las empresas del total de sus ingresos deduzcan parte de sus costos —gastos de inversión, por ejemplo, aunque no contempló deducir sueldos y salarios— y que, del remanente tras deducciones, paguen un 16% de impuesto en 2008 y el 19% al final del sexenio. De esta forma, la CETU es un impuesto a una aproximación muy cercana al valor añadido de las empresas.
Ciro Murayama, Crónica, 17 de agosto.
Tal parece que las innumerables rondas de negociación del secretario Agustín Carstens han acabado por desfondar la de por sí tímida reforma fiscal. En el curso de la semana pasada, La Crónica informaba que “Hacienda acepta rebajar el impacto de la CETU” (12 de agosto 2007) a cambio de lo cual el gobierno promovería modificaciones al régimen de Pemex, corregiría las asignaciones de los estados y disminuiría las tasas del controvertido impuesto. De inmediato, grupos de empresarios, la Iglesia, escuelas privadas, cierta izquierda extraviada y los ideólogos de la derecha, saltaban, celebrando el acontecimiento: la CETU se volvería casi inofensiva.
Por mi parte no encuentro motivo para el jolgorio; no lo encuentro porque no existe otra alternativa viable a la implosión de las finazas públicas (que vivirán un momento de presión extrema allende el 2010, merced al crecimiento de las pensiones, los Pidiregas y el declive de Pemex) y porque la elusión (que es lo que ataca la CETU) constituye quizás el peor de los fenómenos regresivos de nuestra economía política.
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
Recordemos: la CETU original intentaría captar el 1.8 por ciento del PIB, pero su mengua, “conquistada” por el lobby de grandes empresas la llevará a arañar, acaso, el uno por ciento. Peor es el problema de desigualdad, rasgo que seguirá determinando nuestra fiscalidad, vean si no: según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del 2005, entre el 2000 y el 2005, la devolución de impuestos a los contribuyentes ascendió a casi 679 mil 700 millones de pesos. Esa cifra fue superior en casi 40 por ciento mayor a la del año 2000 en términos reales. Ese enorme salto, auspiciado por el foxismo, es un síntoma inequívoco de que la devolución se convirtió en una vía privilegiada de la elusión.
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
En donde aún no hay definiciones sobre el tema del ITU, que no de la CETU, es en la industria de seguros. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside José Morales, ha logrado que se acepte deducir las reservas de seguros de vida con vigencia superior a un año, en tanto que en las reservas constituidas en los seguros de riesgos, éstas serían deducibles hasta que se paguen los siniestros, no cuando se realice la reclamación del pago.
Lo que llama la atención de este tema es que en México, uno de los principales desafíos que se presentan es el de la cobertura de riesgos catastróficos, porque además de ser muy complejos en la fijación de la prima para cubrir fenómenos hidrometeorológicos, agropecuarios, por terremotos, si las reservas no resultan deducibles en el momento de la reclamación, les puedo asegurar que podrían ser un aliciente para no ofrecerlos o incrementar su costo en el país.
Estos seguros deben tener coberturas de largo plazo, pero con los efectos derivados del cambio climático y los ocasionados por la urbanización no planificada de zonas habitacionales, resultan muy difíciles de cubrir sin fondos cuasi gubernamentales o gubernamentales, o incentivos fiscales para facilitar la rápida deducción de su impacto sobre las finanzas de las aseguradoras, que no quiere decir tratos de exención.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 20 de agosto.
Le decía que estamos en la recta final del cabildeo para una reforma fiscal que deberá ver la luz en la primera semana de septiembre, y que ha puesto en alerta a varios sectores. Pues bien, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Mario Rodarte, es claro y precisa que pensar en una tasa de 16 por ciento para la CETU no apoyará la recaudación, bajo el supuesto de que México podría disminuir su ritmo de actividad ante la desaceleración en Estados Unidos. En otras palabras, para el CEESP, la CETU llegaría en el peor momento, ya que aún no toca fondo la crisis de las hipotecas en el vecino del norte, lo que afecta el consumo al norte del Río Bravo, y de este lado no es el mejor ambiente para exportar. El aspecto positivo que le siguen viendo a la CETU es migrar a una tasa única, que haría más fácil el pago de impuestos.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 27 de agosto.
Con mucho, el gravamen más polémico ha sido la posible aplicación de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) para los trabajadores.
Desde hace semanas, varias voces han expresando su preocupación hacia la CETU, entre otras cosas porque podría pegarla al rubro de previsiones sociales que, como sabe, ha servido de complemento para los ingresos de millones de trabajadores.
Desde administraciones anteriores, el Ejecutivo federal ha considerado a la previsión social, entiéndase apoyos para despensas, becas, actividades culturales y deportivas, como una causa que reduce su recaudación fiscal.
En otras palabras, ha satanizando ese rubro, de ahí el interés de eliminarla, aun cuando se trata de conquistas laborales que, como le digo, elevan el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, por lo que deberían estimularse permitiendo su deducibilidad para los patrones, como sucede en otros países.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Como es público, la intención de la Secretaría de Hacienda, al mando de Agustín Carstens, es sustituir el actual Impuesto sobre la Renta (ISR) por la CETU, en cosa de tres años, porque dice que la segunda recaudará más, aunque como le digo, instituciones como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) han manifestado sus dudas al respecto. El caso es que, mañosamente, Hacienda propuso que ambos impuestos coexistan temporalmente para que los trabajadores no perciban los perjuicios que les ocasionará respecto de su previsión social, diciéndoles que tales prestaciones siguen siendo deducibles para el ISR.
Pero la previsión social exenta en el ISR está gravada por la CETU, por eso el patrón pagará este nuevo impuesto cuando otorgue esa previsión social a sus trabajadores. Como los patrones no querrán pagar más impuestos, buscarán desaparecer esas prestaciones.
Como imaginará, en el ámbito laboral existe temor, ya que la desaparición de la previsión social podría confrontar a patrones y trabajadores, pues las revisiones salariales, desde hace años, han estado ligeramente arriba de la inflación.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Otro aspecto que habrá que ponderar es que los patrones buscarán pagar sueldos por debajo de los siete mil pesos, y contratar su mano de obra por medio de outsourcing, una tendencia que se ha venido acentuado en estos años, esto en el supuesto de que al final, en la gestión de la CETU, los sueldos no sean deducibles.
Como es público, Hacienda propone crear un "crédito al empleo", argumentando que con él los patrones ya no pagarían la CETU por los salarios de sus trabajadores. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque respecto de los trabajadores que reciban un salario mensual de entre siete y 20 mil pesos, los patrones sí pagarán el nuevo impuesto. En ese escenario, los patrones muy probablemente ya no contratarán directamente a sus empleados, sino que lo harían recurriendo a la figura de outsourcing (en donde sólo se dan las prestaciones de ley), pues los pagos a la empresa de outsourcing serán totalmente deducibles para la CETU.
Para la CETU, las inversiones en maquinaria y equipo son deducibles al 100 por ciento, en tanto que los salarios, como se ha expuesto, no lo son, por lo que el nuevo impuesto favorecerá la automatización de las empresas en perjuicio de los empleos actuales y de los que podrían llegar a generarse en el futuro.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Incierto aún el destino de la propuesta planteada por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya colocó en la mesa una ruta alterna de reforma fiscal en la que se llenan los que, a su juicio, se consideran vacíos Estamos hablando de desparecer la tasa del Impuesto al Valor Agregado en materia de alimentos y medicinas, y de combatir frontalmente la economía informal.
Más aún, la alternativa B, para no calificarla de VIP, incluida en la Agenda de Competitividad entregada por la cúpula de cúpulas al presidente Felipe Calderón, plantea la reducción de gravámenes que según ello atentan contra ésta.
Y si le seguimos, se propone la eliminación de todos los regímenes especiales, aún cuando se reconocen los beneficios que plantean, conservándose en tal caso éstos por la vía de estímulos.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
La exposición de motivos habla de una serie de factores de riesgo en las finanzas públicas, entre ellos la insuficiencia tributaria; la persistente dependencia fiscal de los ingresos petroleros; las presiones de recursos generados por rezagos en infraestructura; el peso de los pasivos laborales en trabajadores del Estado, así como discrecionalidad y falta de multianualidad y continuidad “transexenal” en los presupuestos públicos.
El documento presume el equilibrio vía una aportación adicional de tres puntos del Producto Interno Bruto, lo que implica un aumento de 20% en los ingresos tributarios, en una encrucijada en que la opción uno hablaría de incrementar la base de contribuyentes y la dos cambiar la estructura de los impuestos para extraer más recursos de los contribuyentes actuales.
Ahora que la percepción de los técnicos que elaboraron el texto le confiere a la primera alternativa una factibilidad política baja, es decir, misión casi imposible, por más que a su juicio el beneficio sería mayor de cinco puntos del PIB.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
Ahora que, dividida la tarea entre el Ejecutivo y el Legislativo, a este último se le plantea la promoción de una reducción de tasas y eliminación de impuestos que afectan la competitividad de las empresas, por más que no se enumeren éstos.
En paralelo, se habla de impulsar mecanismos para elevar el gasto de inversión y simultáneamente reducir el gasto corriente; diseñar un nuevo régimen fiscal para Pemex; permitir al sector productivo el acceso a precios y tarifas públicas competitivas internacionalmente, y simplificar y dar certidumbre jurídica.
Más allá, se aconseja ajustar la normatividad fiscal en función de cinco premisas: Todos los agentes económicos deben pagar impuestos; el tratamiento fiscal será igual para los iguales; es más adecuado compensar a hacer alguna consideración a favor de algún contribuyente o sector por la vía del gasto; eliminar sistemas complejos en el caso de personas físicas con actividades empresariales de bajo ingreso, y evitar gravar la inversión, el esfuerzo, el trabajo y la iniciativa.
La línea de los empresarios.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
Según sus más acerbos críticos, la CETU es un toro bravo y el ICI es un perro con rabia, pero bizco. Ambos son criaturas adorables comparadas con el Código Fiscal que forma parte de la iniciativa hacendaria en manos del Congreso.
El CETU y la ICI están bajo la lupa y en boca de todos. Del código sólo hablan los especialistas. Esto a pesar de que contiene cambios que son tan amenazantes como el 19 por ciento de la CETU o el 2 por ciento por los depósitos.
El Código Fiscal define la relación entre Hacienda y los contribuyentes. Contiene esas sutilezas que definen los delitos fiscales, la forma cómo se hace una auditoría y las facultades de Hacienda para allegarse información. Una mala reforma al código puede ser más nociva que un aumento en las tasas.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 31 de agosto.
Nadie sabe cómo quedará finalmente la CETU (ya se habla de 14 por ciento, contra el 19 por ciento original, cinco puntos porcentuales menos, amén de aceptarse que salarios y prestaciones sean deducibles, lo que en los hechos reduce más la tasa original); no se ha escuchado más sobre el aberrante impuesto al graffiti, ni en torno al gravamen a la informalidad, pero lo cierto es que, resulte lo que resulte, los consumidores tendrán que pagar un nuevo impuesto a los citados energéticos (por medio del cual se recaudarían alrededor de 23 mil millones de pesos) y los mexicanos todos, a quienes lo menos que le importa es la paternidad del engendro, hacer frente al efecto multiplicador en precios y tarifas. / Por lo anterior, el gobierno de la “continuidad”, por medio de la Secretaría de Hacienda, tiene preparadas, como en los tiempos de Fox, dos versiones del referido paquete económico 2008: una con y otra sin “reforma”. La diferencia entre una y otra básicamente es la cantidad de dinero disponible: de 100 a 130 mil millones de pesos, pero en cualquiera de los casos no es mucho lo que hay que esperar.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 4 de septiembre.
Será, finalmente, el próximo sábado, es decir a la par de la entrega del paquete que incluye el presupuesto de ingresos y egresos y los Criterios Generales de Política Económica, cuando llegue a la votación del pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma fiscal.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda, se mantiene la tasa de ITU (Impuesto de Tasa Única) en 16%, pero se cancela la posibilidad de llegar a 19.
Más allá, se permite deducir la erogación por nómina y por concepto de seguridad social para efectos de cálculo del gravamen.
El punto que atoraba el asunto hasta anoche era la insistencia del PAN para que en el proyecto de reforma electoral que incluye el cambio gradual de los consejeros del Instituto Federal Electoral se respete a tres de los actuales, aunque no enseñaban las cartas sobre si uno de ellos sería el presidente, Luis Carlos Ugalde
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 6 de septiembre.
Claro que esto no quiere decir que el gobierno esté dispuesto a ceder en todo, pero los límites que tienen los funcionarios de hasta dónde pintar su raya en la negociación se han ampliado y de allí que escuchemos comentarios como el del subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte, en el que concede que el nuevo impuesto —hasta ahora denominado IETU— podría, incluso, reducirse.
Esta “manga ancha” para la negociación a fin de sacar adelante la reforma se ha palpado en la “retirada” de la mayoría de los grandes empresarios de las críticas que habían emprendido en contra de la reforma hacendaria y sus impactos directos sobre sus empresas, en el entendido que un Presidente fortalecido con alianzas políticas, irá por más, por ejemplo, en materia laboral y energética.
Quien piense que Calderón está dilapidando sus aún escasos bonos políticos en esta reforma, podría estar equivocado. Por el contrario, el presidente está planteando la negociación de tal forma que el saldo de su chequera política en lugar de disminuir, se vea incrementada. Veremos si así ocurre.
Samuel García, “El Observador”, Milenio, 11 de septiembre.
Ubicado como el blanco de la furia, el ITU se había planteado originalmente bajo una tasa de 16% en su primer año de vigencia, para llegar al 19 al tercero. Más aún, la propuesta original de la Secretaría de Hacienda rechazaba la posibilidad de deducción de los gastos de nómina y de seguridad social.
Bajo el esquema aprobado por los legisladores no sólo se avala la posibilidad, sino se reduce la tasa a un máximo de 17.5%.
Más allá, aunque se incrementa el tributo para las gasolinas y el diesel, se aceptó la sugerencia empresarial de valorar la gradualidad en su aplicación, “de tal suerte que pueda ser asimilado por el sector productivo y se reduzca su incidencia en los índices inflacionarios”.
Y si le seguimos, aunque se incrementó de 20 a 25 mil pesos mensuales el monto de depósitos en efectivo a partir del cual se cobrará un impuesto de 2%, redimible contra otros tributos, se aceptó la sugerencia de los banqueros de abrir un plazo de transición de seis meses para instrumentar la medida.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 14 de septiembre.
Más allá, pareciera razonable que en el caso de la prohibición para deducir donativos o gastos en materia de responsabilidad social que había planteado la Secretaría de Hacienda, se abra una ventana para permitir cargar al fisco erogaciones en proporción a las utilidades de las empresas. / La premisa es simple: Nadie regala lo que no tiene.
Ahora que desde un ángulo más, a contrapelo de la intención de la Secretaría de Hacienda de acabarlo de un plumazo, se mantiene el régimen de consolidación fiscal aun cuando se acota a que se permita sólo la deducción de las pérdidas que provengan de la enajenación de otros títulos de valor, únicamente contra las utilidades que por el mismo concepto obtenga la controladora.
Los legisladores, pues, a querer o no, cedieron a la presión de las cúpulas empresariales.
¿Muera el Congreso? ¿Mueran los líderes charros del sector privado? ¿Muera el entreguismo?
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 14 de septiembre.
AL FINAL DE cuentas los vales de despensa ya no serán deducibles para las empresas, con lo que dicha prestación, con un cuarto de siglo de existencia, podría desaparecer en detrimento de 3.5 millones de trabajadores.
El miércoles el Congreso del Trabajo que encabeza Enrique Aguilar Borrego hizo público su rechazo a que se elimine ese incentivo fiscal para las empresas, dado que pondrá en riesgo esa prerrogativa.
Para tranquilidad de millones de padres de familia, es factible que el subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte, incluya en la próxima versión de reforma fiscal que las escuelas privadas no paguen, bajo ciertas reglas, la Contribución Empresarial a Tasa Única.
Mauricio Flores, “Gente detrás del dinero”, Milenio, 16 de julio.
En el fondo, la CETU fue capaz de un “milagro de tres bandas”, ya que no sólo acercó a la izquierda con los grandes empresarios en la defensa de los privilegios de éstos, sino que avizora una alianza aún más cuestionable: la del FAP —en especial del PRD y de AMLO— con el PRI. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, que el Frente Amplio, el PRD y el “legítimo” prepararon una iniciativa de reforma fiscal lo suficientemente atractiva para los poderosos capitanes de empresa y para el PRI —con toda su carga neoliberal—, para que en el Congreso el FAP y el PRD —junto con otros aliados menores— logren arrinconar al PAN y lo obliguen a “doblar las manos”.
La apuesta es política: el fracaso del gobierno de Calderón; no importan ni el país ni los contribuyentes ni la infraestructura ni la recaudación, y menos la imagen de una izquierda desfigurada capaz de aliarse a adversarios históricos, con tal de saciar su venganza. Los políticos mexicanos.
Ricardo Alemán, “Itinerario Político”, El Universal, 17 de julio.
El gobierno calderonista tomó la decisión de irse por una política fiscal que no fuera progresiva, sino simplificadora, con tasa única, fácil de pagar, aunque no tome en cuenta la diferencia de los ingresos. Y por el otro lado hacer la política social o de distribución del ingreso mediante el gasto.
La propuesta presentada por Agustín Carstens, secretario de Hacienda, es similar a la de economías como Irlanda, donde han utilizado un flat tax o tasa única para facilitar la recaudación al evitar tasas y exenciones. En el afán simplificador surgió la CETU, la Contribución Empresarial a Tasa Única, que viene siendo un flat tax, y los contribuyentes pagarán la CETU o el ISR
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 18 de julio.
Dicha versión fue bien vista por los empresarios, al grado de que ayer todos los organismos privados del Consejo Coordinador Empresarial, propusieron desa- parecer el ISR y poner la CETU en su lugar. Plantean que la sustitución sea a lo largo de tres años y que la CETU se quede como un impuesto único para todos y con una sola tasa, la cual en lugar de ser de 19% baje a 12%, para no dañar a quienes hoy pagan el ISR.
Claro que dicha propuesta gubernamental, y ahora avalada por los empresarios, debe traer compromisos en el gasto. Tan sólo ayer el mismo presidente Calderón, en un foro con empresarios españoles donde estuvo el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que la mitad de los recursos excedentes derivados de la reforma fiscal irán para infraestructura, con lo cual se atraerán más inversiones productivas y se generarán más empleos
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 18 de julio.
La IP solicitó ajustes en el tema de consolidación, particularmente importante para grandes compañías, y un lapso de transición para deducir inversiones previas, inventarios y pérdidas fiscales.
La subsecretaría de Fernando Sánchez Ugarte se comprometió a analizar esos tópicos, al igual que el impacto que la CETU tendrá en compañías extranjeras y maquiladoras por el "Safe Harbor".
Un aspecto complicado es la doble tributación, dado que a la CETU no se le reconoce en otros países con los que México tiene tratados.
Particularmente delicado es el caso de EU, aunque según esto, Carstens ya hizo contacto con el secretario del Tesoro, Henry Paulson y conforme a lo que explicó al CCE hay augurios positivos. Habrá que ver.
No son tampoco nuevas las inquietudes de deducibilidad en la CETU, para contribuciones sociales, es decir, IMSS, Infonavit y SAR, así como donativos.
La ABM pidió también la deducibilidad de quebrantos en la CETU y la AMIS para reservas catastróficas.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, Reforma, 18 de julio.
Tradicionalmente las negociaciones hacendarias terminan concentrándose en uno o, cuando mucho, dos puntos y se pierde de vista la perspectiva. Los legisladores, en esta ocasión, han centrado todo el interés en la CETU y están dejando de ver el panorama completo. Así que hay algunos puntos que no deben olvidarse.
Primero. Es necesario que las empresas contribuyan de una mejor forma con el pago de impuestos.
Segundo. La manera en que está diseñado el ISR no cumple cabalmente con su función y la CETU es un impuesto de control.
Tercero. El PRD, atrapado por su dialéctica, está de acuerdo con el gobierno en acabar con la consolidación fiscal, pero están buscando hacerlo de una manera francamente equivocada.
Cuarto. En nombre de la filantropía se ha cometido cualquier cantidad de atropellos. Una cosa es la responsabilidad social y otra disfrazar estrategias fiscales en apoyo a los menos favorecidos.
Tiene razón Felipe Calderón cuando dice que es preferible que paguen impuestos completos a que hagan caridad.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 23 de julio.
Con argumentos falaces de que se atenta contra la creación de empleos, contra la inversión nacional y extranjera; de que presionará la inflación por los aumentos de precios "en cascada" hasta en las colegiaturas, los dueños del billete pretenden "arrinconar" al presidente Felipe Calderón, y obligarlo a modificar las iniciativas de reformas a la ley, en especial la que se refiere a la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU). Inteligentemente, aunque sin una buena estrategia, Calderón ha salido a defender personalmente y en persona su reforma hacendaria; bueno, también les ha pedido a varios de los integrantes de su gabinetazo que le ayuden a difundir las bondades de ese impuesto. La secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota; la de Desarrollo Social, Beatriz Zavala; el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; el de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el de Agricultura, Alberto Cárdenas, entre otros, han salido a explicar que con la reforma habrá dinero para la educación, la seguridad, el campo, la salud, la infraestructura, etcétera. Pero como no gozan de credibilidad, no han sido muy convincentes.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 30 de julio.
En el aire hay algo más que sugerencias: una lluvia de críticas. No sólo vienen del PRD. Está el PRI, los empresarios, los sindicatos, los fiscalistas, las universidades privadas, los organismos filantrópicos y legisladores del PAN. “Hasta el nombre de la CETU vamos a ajustar”, advirtió el blanquiazul, Gustavo Madero.
La iniciativa necesita algo más que una sesión de maquillaje, una cirugía reconstructiva. El gran mérito de Hacienda fue encontrar la forma de no tocar el tema del IVA. En lo demás quedó corta. Lo peor es que da prioridad a la recaudación sobre el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Las maquiladoras piden que se revisen las importaciones temporales; las universidades se niegan al pago de impuestos vía CETU, y los organismos filantrópicos critican los nuevos obstáculos a donativos.
Todos tienen parte de razón. Sin quitarles importancia, los grandes cambios que necesita la iniciativa de la CETU son dos: bajar la tasa e incorporar la deducibilidad fiscal de los salarios y prestaciones. Una CETU de 19 por ciento aniquilará a miles de empresas. No deducir los sueldos hará más difícil generar empleos formales. Calderón ha anunciado su voluntad para incorporar algunas sugerencias. Tiene poco margen. Lo que haga nos permitirá medir su estatura de estadista. Nos dirá qué tan bueno es para escuchar y a quién escucha más.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 30 de julio.
Ya no va a poder ser aquel impuesto pensado por el presidente Calderón desde su campaña, el cual pudiera transitar hacia un flat tax para la simplificación fiscal. Y no lo puede ser porque tendrá cambios solicitados por los empresarios, como Claudio X. González y Armando Paredes del CCE, quienes pidieron reducir su tasa de 19% a 12%. O bien deducir las contribuciones sociales como el pago al IMSS o al Infonavit.
Por eso ayer mismo el equipo de Agustín Carstens, secretario de Hacienda, ya se apuró a mencionar que no existan muchas recortes ni deducibilidades en la CETU, si no tampoco nos va a servir para las necesidades de captación de ingresos.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 1º de agosto.
Como sea, el nuevo impuesto ya quedó para complementar los huecos que deja el ISR, como sucede con las grandes empresas agropecuarias y los autotransportistas, que siguen exentos del pago fiscal. Y ya ni se diga de la triste reacción de las universidades privadas, que defienden lo indefendible: tener utilidades y no pagar impuestos.
Ante tal situación, la Secretaría de Hacienda hace sus balances para tratar de elevar la pobre relación de 10%-11% de ingresos tributarios respecto del Producto Interno Bruto.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 1º de agosto.
Al margen de que esto pudiera ocurrir, de antemano se puede anticipar que el proyecto de reforma fiscal de Calderón sufrirá severas modificaciones, entre ellas, un ajuste a la baja de la controvertida contribución tributaria a tasa única (CETU), lo que sin duda complicará mucho los objetivos recaudatorios del gobierno y por consiguiente la disponibilidad de recursos para el presupuesto, no sólo de 2008, sino de todo el sexenio.
Por lo pronto, los legisladores priistas ya convinieron en que en caso de que haya periodo extraordinario, la reforma fiscal tendrá que recortar tres puntos a la CETU, que pasaría de 16 a 13 por ciento, al tiempo que tendrían que hacerse ajustes al impuesto del 2 por ciento contra la informalidad y al régimen fiscal de Pemex, a efecto de dotar de mayores recursos para inversión a la paraestatal.
Alejandro Ramos Esquivel, “Redes de Poder”, El Financiero, 6 de agosto.
Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México, dice que si se aplica textualmente la CETU la banca sería afectada. Santiago Creel, coordinador de los senadores del PAN, acepta que la CETU se fije en 16%. Los empresarios señalan que no debe ser más de 12. Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, opina que la CETU es la adecuada para 2008 y aumentará cada año hasta alcanzar 19%. Creel agrega que este impuesto debe ser el único y tal vez en dos años se elimine el ISR. Juan Manuel Pérez Porrúa, titular de la Unidad de la Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, dice que no se pueden establecer impuestos arbitrarios con deducciones absurdas. Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, declaró: “No tenemos prisa”. Emilio Gamboa, líder de los diputados del PRI, aseguró que habrá reforma fiscal, todo a su tiempo
Jacobo Zabludovsky, “Bucareli”, El Universal, 6 de agosto.
El balance que hacen en el gobierno hasta ahora es que “no le ha ido nada mal” a su propuesta de reforma fiscal. A pesar de las críticas y las peticiones de cambios a las iniciativas, especialmente de los empresarios, en Hacienda creen que la CETU “ya pasó lo más difícil” y que su aceptación es un hecho, aunque resta hacerle “algunos ajustes” para que el impuesto pueda volverse ley y comenzar a aplicarse.
Esta semana será clave para saber si el optimismo y la seguridad que muestran en Hacienda es justificado, y mucho de eso se verá con la propuesta del PRI. Los asesores de Carstens aseguran que Baja California y su apretado resultado electoral no afectará en nada las negociaciones de la reforma fiscal, aunque no está claro si los priístas piensan lo mismo
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, EL Gráfico, 6 de agosto.
Después de múltiples "consultas" que durante más de un mes los funcionarios de la Secretaría de Hacienda encargados de diseñar y promover la reforma fiscal ofrecieron a los representantes de todos los sectores productivos del país para resolver o profundizar sus dudas sobre el paquete de iniciativas que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión, así como para escuchar sus reclamos, inconformidades, lamentos, chillidos, podría concluirse lo siguiente: todos están de acuerdo en que es urgente elevar la recaudación fiscal, pero la mayoría de las empresas no quiere pagar ni el Impuesto sobre la Renta del 28 por ciento, ni la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) del 16 por ciento que propone el Ejecutivo.
Efectivamente no es la reforma ideal, como han criticado algunos; tampoco es suficiente, como diría el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, pero está hecha con cierta inteligencia y políticamente podría ser un éxito para el presidente Felipe Calderón, reconocen incluso sus detractores. Probablemente algunos sectores como el agropecuario, autotransporte, el de la construcción y el de las maquiladoras, que son los que tienen mayores privilegios fiscales -pagan impuestos de hasta el 2 por ciento en lugar del 28-, sean los más "afectados" si los legisladores aprueban la CETU como la presentó el Ejecutivo. El representante de las maquiladoras, José de Jesús Calleros, afirma que tendrán que pagar 600 por ciento más de impuestos con el nuevo gravamen, lo que podría -advierte- provocar que muchas compañías del ramo se vayan con sus "naves" a otro país donde les otorguen mayores beneficios fiscales. No miente cuando señala que en ese sector la CETU, como está, podría afectar severamente la creación de empleos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Sin embargo, no se pueden cancelar los regímenes especiales de contribución, como se pretende con este nuevo impuesto, y dejar intocable al de las maquiladoras, nada más porque son "prestadoras de servicios", reconocen los expertos fiscales. "Si empiezas a hacerle hoyos a la CETU, al rato vas a tener una coladera", agregan.
Seguramente los diseñadores y promotores de la "reforma hacendaria para los que menos tienen", no pensaron en los efectos que para los sectores mencionados y para otros, tendrá la "maldita CETU". O tal vez lo pensaron, pero tanto al secretario de Hacienda como al Presidente de la República "se la vendieron de otra manera". Obviamente a los empresarios, a los dueños de los despachos de fiscalistas, a los banqueros se los chamaquearon; algunos confiesan: "Nos preguntaron si queríamos ISR de 28 por ciento o CETU al 16 por ciento para empezar, y obviamente respondimos que la queríamos peladita y a la boca. Pero cuál sería nuestra sorpresa cuando nos enteramos de sus características". ¡Eso les pasa por avorazados! Reviran los malosos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Sin embargo, el asunto no es como para ponerse a llorar. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda comentaron al columnista que tomarán en cuenta todas las opiniones de los empresarios; trataremos de "ajustar" la CETU para que no cause tantos estragos, agregan. Pero advierten: no la vamos a bajar del 16 al 12 por ciento, como quieren aquéllos; podemos permitir ciertas deducciones, como la nómina, precisaron. ¡No. no. Yo la quiero como nos la prometieron! Parece decir el director general de la American Chamber, Larry Rubin. ¡Ese Lazarito es insaciable!, dirían los funcionarios de Hacienda.
Por lo pronto, mientras los legisladores se ponen de acuerdo si convocan a un periodo extraordinario para discutir, analizar y aprobar las iniciativas fiscales, o si deciden abordar el asunto en el periodo ordinario de sesiones del Congreso, los más reconocidos abogados fiscalistas preparan una estrategia contra la CETU, una vez que se apruebe, claro. Primero se van a amparar; si pierden, como es lo más seguro, porque dicen que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "se pusieron de alfombritas", van a buscar la forma de "darle vuelta". ¡No se la van a acabar!, amenazan.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 9 de agosto.
Habrá que esperar para saber cuáles son los cambios que harán los legisladores a las iniciativas fiscales, principalmente a la CETU; no vaya a ser que "salgan tan parchadas" que a nadie le convenga.
Pero independientemente de la actitud mezquina de algunos senadores panistas, el secretario de Hacienda -quien se reunió el viernes con el Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural- mandó un importante mensaje a los representantes de todos los sectores productivos e improductivos que se han quejado porque van a meterles la CETU: no habrá regímenes especiales de contribución. Y es que los legisladores agroyuppies que integran el mencionado frente, empezando por el senador Heladio Ramírez López, se quejaron públicamente de que la CETU "no toma en cuenta la situación particular que vive el campo y sus productores primarios". No es justo que los ejidatarios y pequeños productores agropecuarios quienes no pagan Impuesto sobre la Renta, sean obligados a tributar a la CETU, dijo el eterno "líder campesino" priista. Casi con lágrimas en los ojos le reclamó al secretario de Hacienda que parece, nada más parece, que el sector rural corre el peligro "de ser el último al que se le toma en cuenta a pesar de que en él reside la inmensa mayoría de los pobres de México. Además de inyectarle más recursos a Pemex, un trato similar merecen los pobres del campo", agregó Heladio. ¡El problema del campo no sólo es de billetes, senador! Le gritaron algunos de los asistentes a la mencionada reunión. Y ni modo, tuvo que tragar tubérculo poblano, como diría un destacado comentarista político. Casi atragantado, Ramírez López también se manifestó en contra del Impuesto contra la Informalidad (ICI) que propone el cobro del 2 por ciento a los depósitos en cash que rebasen los 20 mil pesos. "La gran mayoría de las transacciones comerciales de los campesinos se hacen en efectivo", recordó el "líder campesino".
Luis Soto, “Agenda confidencial”, El Financiero, 13 de agosto.
El diagnóstico es muy claro, México tiene uno de los sistemas fiscales más débiles entre los países de la OCDE e, incluso, en la propia región de América Latina.
La recaudación de 10 por ciento del PIB que le digo apenas representa la mitad de lo que recaudan los principales países suramericanos, en donde el promedio alcanza 20 por ciento del PIB.
La propuesta fiscal planteada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, aunque se ha criticado por varios sectores, resulta viable una vez que se ha desechado la posibilidad de poner IVA en alimentos y medicinas, por ser políticamente incorrecto.
Hablamos de crear un impuesto que gradualmente irá sustituyendo al ISR y que operará como tasa única, donde se ha pensando en una tasa de 16 por ciento, pero que aún está sujeta a negociación en su porcentaje. También se ha pensando en poner un impuesto de 20 por ciento para juegos y sorteos, que no parece tener mayor dificultad.
Y bueno, también se plantea un gravamen de 2 por ciento a los depósitos bancarios en efectivo, que busca cerrar los caminos a la economía informal.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 14 de agosto.
Ciertamente, la iniciativa de reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo está lejos de ser la reforma fiscal que México requiere. En primer lugar, por la magnitud de su impacto recaudatorio (apenas 1.8% del PIB como producto directo de la CETU, más 1% del PIB adicional por efecto de una mayor eficiencia recaudatoria), con lo cual no se superaría el enorme rezago tributario de México, estimado en 10% del PIB, ni se generarían los recursos fiscales requeridos para atender nuestras enormes carencias en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, salud y seguridad social, inversión en la industria energética, fomento industrial y agropecuario, etcétera, amén de la holgura fiscal requerida para aplicar políticas fiscales contracíclicas en favor del crecimiento sostenido del PIB y del empleo.
En segundo lugar, porque complica nuestro sistema tributario (agregando dos nuevos impuestos: la CETU y el ICI), en lugar de simplificarlo mediante una reforma a la ley del ISR, directamente orientada a reducir las deducibilidades y a eliminar los regímenes de privilegio (consolidación fiscal y regímenes especiales para empresas de transporte, agrobusiness, etcétera), así como a establecer duros candados contra la evasión fiscal
En tercer lugar, porque si bien la CETU amplía la base de ingresos empresariales gravables, al reducir deducibilidades y suprimir regímenes especiales en el ámbito de su aplicación (quedando intocados en el ISR), la reforma no incide en la ampliación de la base de ingresos personales gravables, puesto que no introduce un impuesto sobre dividendos percibidos por personas físicas, como el vigente en todos los países de la OCDE (con excepción de la República Eslovaca, Grecia y México), ni introduce un impuesto sobre las ganancias de capital de las personas físicas, ni tampoco un gravamen sobre las herencias y legados, como también se observa en los países típicos de la OCDE
En cuarto lugar, la iniciativa de reforma tributaria no acrecienta la progresividad del ISR, aumentando las tasas marginales para los ingresos personales mayores (v.gr. superiores a 2 millones de pesos), aproximándonos a las tasas vigentes entre nuestros socios del TLCAN (en México la tasa máxima de ISR personal es de 28%, contra 46.4% en Canadá y 41.4% en Estados Unidos) o entre los demás países típicos de la OCDE (45% en España, 55.9% en Francia, 45.2% en Alemania, etcétera)
José Luis Calva, El Universal, 15 de agosto.
Además, el principal instrumento recaudatorio de la iniciativa fiscal del Ejecutivo (la CETU) presenta graves defectos, puntualmente criticados por legisladores de los principales partidos de oposición (PRI y PRD), pero también por legisladores del PAN:
1) un sesgo contra la seguridad social y el empleo, al no hacer deducibles las contribuciones empresariales a IMSS, SAR e Infonavit, ni los impuestos locales sobre nóminas (o, en general, los salarios y prestaciones);
2) la ausencia de progresividad, al pretender aplicar la tasa única no sólo a las empresas, sino también a las personas físicas con actividad empresarial, incluyendo arbitrariamente en ese concepto la prestación de servicios profesionales y la enajenación de bienes patrimoniales;
3) la no deducibilidad para efectos de la CETU de las inversiones en maquinaria, equipo y construcciones realizadas antes de la entrada en vigor de este impuesto.
Por fortuna, resultan alentadores los procesos de convergencia que están perfilándose. Frente a las fundadas críticas a la CETU, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció su conformidad con la “cirugía mayor” que los legisladores realizarán a la CETU, a fin de corregirle sus defectos mayores (véase EL UNIVERSAL, 11/VIII/07), allanando así el camino para su aprobación por el Congreso.
No sería la reforma fiscal integral que México requiere, pero representaría un avance relevante y un alentador signo del arte de lo posible
José Luis Calva, El Universal, 15 de agosto.
El tema más controvertido ha resultado la CETU, en donde más que bajar la tasa, tesis en la que insistió el CCE que encabeza Armando Paredes, se optará por reconocer deducibilidades para el salario y contribuciones sociales, es decir, IMSS, Infonavit y SAR.
No será una graciosa concesión, puesto que en el tiempo la IP pudo corroborar que la CETU como fue concebida, si bien eliminaba los regímenes especiales, también afectaba a las Pymes y a las maquiladoras representadas por José de Jesús Calleros, que son las principales generadoras de mano de obra
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 16 de agosto.
Pero hay otro punto del que poco se ha hablado y en el que también hay avances, pese a las resistencias que originalmente hubo por parte de los estados.
Se trata de los gravámenes relacionados con el IEPS para bebidas alcohólicas, cervezas, tabaco y gasolina esencialmente.
En primera instancia Conago se mostró esquiva porque tenía que asumir el impacto político de establecer los impuestos y construir un andamiaje de recaudación costoso.
Tras diversas reuniones encabezadas por José Antonio González, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de SHCP, se ideó una fórmula en la que el gobierno federal recaudará para los estados y hará participables los cobros durante 7 años, lapso en el que cada entidad construirá su infraestructura recaudatoria.
En otras palabras corresponderá a la siguiente administración vigilar el que esto se cumpla. Habrá que ver.
En el acuerdo se verán afectados las dos empresas cigarreras en este caso Philip Morris de Ian Ferguson y British American Tobacco (BAT) de Andrea Martín, las dos cerveceras que son Modelo de Carlos Fernández y Femsa de José Antonio Fernández “el diablo”, así como la industria de vinos y licores en general.
El impacto andaría en un 4.5 por ciento en promedio, y la que mayor recaudación aportará con el nuevo IEPS será la gasolina.
Según esto el esquema abonará unos 30 mil millones de pesos, además de que federación y estados comenzarán a sembrar a futuro, ante la eventualidad de que el petróleo comience a descender en sus cotizaciones en los próximos años y con ello los recursos que hoy se participan.
Así que salvo una modificación producto del cabildeo de las próximas semanas, todo parece indicar que los nuevos impuestos al pecado siguen en pie, junto con este IEPS a la gasolina que deberá asumir sin distingos el consumidor.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 16 de agosto.
Puede decirse que los niveles de captación de nuestra presa fiscal son escasos y se requiere de una obra de ingeniería mayor edificando una más alta y robusta cortina de contención para incrementar el volumen de recursos fiscales. Pero el gobierno federal prefirió seguir otro camino y concentrarse en una obra menor para reparar algunas de las fugas actuales mediante la CETU (Contribución Empresarial de Tasa Única).
La CETU, como bien han señalado economistas como David Ibarra (La Jornada, 9/08/07) y Emilio Caballero (Voz y voto, núm. 174), entre otros, sí es una suerte de IVA, de impuesto indirecto —es decir, al uso de la renta—, aunque sui géneris. Si se entiende que la diferencia entre los ingresos de las empresas y los costos de los bienes intermedios representa el valor que agregan en la generación del bien o servicio, tenemos entonces el valor añadido. La CETU implicaría que las empresas del total de sus ingresos deduzcan parte de sus costos —gastos de inversión, por ejemplo, aunque no contempló deducir sueldos y salarios— y que, del remanente tras deducciones, paguen un 16% de impuesto en 2008 y el 19% al final del sexenio. De esta forma, la CETU es un impuesto a una aproximación muy cercana al valor añadido de las empresas.
Ciro Murayama, Crónica, 17 de agosto.
Tal parece que las innumerables rondas de negociación del secretario Agustín Carstens han acabado por desfondar la de por sí tímida reforma fiscal. En el curso de la semana pasada, La Crónica informaba que “Hacienda acepta rebajar el impacto de la CETU” (12 de agosto 2007) a cambio de lo cual el gobierno promovería modificaciones al régimen de Pemex, corregiría las asignaciones de los estados y disminuiría las tasas del controvertido impuesto. De inmediato, grupos de empresarios, la Iglesia, escuelas privadas, cierta izquierda extraviada y los ideólogos de la derecha, saltaban, celebrando el acontecimiento: la CETU se volvería casi inofensiva.
Por mi parte no encuentro motivo para el jolgorio; no lo encuentro porque no existe otra alternativa viable a la implosión de las finazas públicas (que vivirán un momento de presión extrema allende el 2010, merced al crecimiento de las pensiones, los Pidiregas y el declive de Pemex) y porque la elusión (que es lo que ataca la CETU) constituye quizás el peor de los fenómenos regresivos de nuestra economía política.
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
Recordemos: la CETU original intentaría captar el 1.8 por ciento del PIB, pero su mengua, “conquistada” por el lobby de grandes empresas la llevará a arañar, acaso, el uno por ciento. Peor es el problema de desigualdad, rasgo que seguirá determinando nuestra fiscalidad, vean si no: según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del 2005, entre el 2000 y el 2005, la devolución de impuestos a los contribuyentes ascendió a casi 679 mil 700 millones de pesos. Esa cifra fue superior en casi 40 por ciento mayor a la del año 2000 en términos reales. Ese enorme salto, auspiciado por el foxismo, es un síntoma inequívoco de que la devolución se convirtió en una vía privilegiada de la elusión.
Ricardo Becerra, Crónica, 20 de agosto.
En donde aún no hay definiciones sobre el tema del ITU, que no de la CETU, es en la industria de seguros. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside José Morales, ha logrado que se acepte deducir las reservas de seguros de vida con vigencia superior a un año, en tanto que en las reservas constituidas en los seguros de riesgos, éstas serían deducibles hasta que se paguen los siniestros, no cuando se realice la reclamación del pago.
Lo que llama la atención de este tema es que en México, uno de los principales desafíos que se presentan es el de la cobertura de riesgos catastróficos, porque además de ser muy complejos en la fijación de la prima para cubrir fenómenos hidrometeorológicos, agropecuarios, por terremotos, si las reservas no resultan deducibles en el momento de la reclamación, les puedo asegurar que podrían ser un aliciente para no ofrecerlos o incrementar su costo en el país.
Estos seguros deben tener coberturas de largo plazo, pero con los efectos derivados del cambio climático y los ocasionados por la urbanización no planificada de zonas habitacionales, resultan muy difíciles de cubrir sin fondos cuasi gubernamentales o gubernamentales, o incentivos fiscales para facilitar la rápida deducción de su impacto sobre las finanzas de las aseguradoras, que no quiere decir tratos de exención.
Alicia Salgado, “La chequera”, El Financiero, 20 de agosto.
Le decía que estamos en la recta final del cabildeo para una reforma fiscal que deberá ver la luz en la primera semana de septiembre, y que ha puesto en alerta a varios sectores. Pues bien, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Mario Rodarte, es claro y precisa que pensar en una tasa de 16 por ciento para la CETU no apoyará la recaudación, bajo el supuesto de que México podría disminuir su ritmo de actividad ante la desaceleración en Estados Unidos. En otras palabras, para el CEESP, la CETU llegaría en el peor momento, ya que aún no toca fondo la crisis de las hipotecas en el vecino del norte, lo que afecta el consumo al norte del Río Bravo, y de este lado no es el mejor ambiente para exportar. El aspecto positivo que le siguen viendo a la CETU es migrar a una tasa única, que haría más fácil el pago de impuestos.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 27 de agosto.
Con mucho, el gravamen más polémico ha sido la posible aplicación de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) para los trabajadores.
Desde hace semanas, varias voces han expresando su preocupación hacia la CETU, entre otras cosas porque podría pegarla al rubro de previsiones sociales que, como sabe, ha servido de complemento para los ingresos de millones de trabajadores.
Desde administraciones anteriores, el Ejecutivo federal ha considerado a la previsión social, entiéndase apoyos para despensas, becas, actividades culturales y deportivas, como una causa que reduce su recaudación fiscal.
En otras palabras, ha satanizando ese rubro, de ahí el interés de eliminarla, aun cuando se trata de conquistas laborales que, como le digo, elevan el nivel de vida de los trabajadores y sus familias, por lo que deberían estimularse permitiendo su deducibilidad para los patrones, como sucede en otros países.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Como es público, la intención de la Secretaría de Hacienda, al mando de Agustín Carstens, es sustituir el actual Impuesto sobre la Renta (ISR) por la CETU, en cosa de tres años, porque dice que la segunda recaudará más, aunque como le digo, instituciones como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) han manifestado sus dudas al respecto. El caso es que, mañosamente, Hacienda propuso que ambos impuestos coexistan temporalmente para que los trabajadores no perciban los perjuicios que les ocasionará respecto de su previsión social, diciéndoles que tales prestaciones siguen siendo deducibles para el ISR.
Pero la previsión social exenta en el ISR está gravada por la CETU, por eso el patrón pagará este nuevo impuesto cuando otorgue esa previsión social a sus trabajadores. Como los patrones no querrán pagar más impuestos, buscarán desaparecer esas prestaciones.
Como imaginará, en el ámbito laboral existe temor, ya que la desaparición de la previsión social podría confrontar a patrones y trabajadores, pues las revisiones salariales, desde hace años, han estado ligeramente arriba de la inflación.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Otro aspecto que habrá que ponderar es que los patrones buscarán pagar sueldos por debajo de los siete mil pesos, y contratar su mano de obra por medio de outsourcing, una tendencia que se ha venido acentuado en estos años, esto en el supuesto de que al final, en la gestión de la CETU, los sueldos no sean deducibles.
Como es público, Hacienda propone crear un "crédito al empleo", argumentando que con él los patrones ya no pagarían la CETU por los salarios de sus trabajadores. Sin embargo, eso no es del todo cierto, porque respecto de los trabajadores que reciban un salario mensual de entre siete y 20 mil pesos, los patrones sí pagarán el nuevo impuesto. En ese escenario, los patrones muy probablemente ya no contratarán directamente a sus empleados, sino que lo harían recurriendo a la figura de outsourcing (en donde sólo se dan las prestaciones de ley), pues los pagos a la empresa de outsourcing serán totalmente deducibles para la CETU.
Para la CETU, las inversiones en maquinaria y equipo son deducibles al 100 por ciento, en tanto que los salarios, como se ha expuesto, no lo son, por lo que el nuevo impuesto favorecerá la automatización de las empresas en perjuicio de los empleos actuales y de los que podrían llegar a generarse en el futuro.
Rogelio Varela, “Corporativo”, El Financiero, 28 de agosto.
Incierto aún el destino de la propuesta planteada por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ya colocó en la mesa una ruta alterna de reforma fiscal en la que se llenan los que, a su juicio, se consideran vacíos Estamos hablando de desparecer la tasa del Impuesto al Valor Agregado en materia de alimentos y medicinas, y de combatir frontalmente la economía informal.
Más aún, la alternativa B, para no calificarla de VIP, incluida en la Agenda de Competitividad entregada por la cúpula de cúpulas al presidente Felipe Calderón, plantea la reducción de gravámenes que según ello atentan contra ésta.
Y si le seguimos, se propone la eliminación de todos los regímenes especiales, aún cuando se reconocen los beneficios que plantean, conservándose en tal caso éstos por la vía de estímulos.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
La exposición de motivos habla de una serie de factores de riesgo en las finanzas públicas, entre ellos la insuficiencia tributaria; la persistente dependencia fiscal de los ingresos petroleros; las presiones de recursos generados por rezagos en infraestructura; el peso de los pasivos laborales en trabajadores del Estado, así como discrecionalidad y falta de multianualidad y continuidad “transexenal” en los presupuestos públicos.
El documento presume el equilibrio vía una aportación adicional de tres puntos del Producto Interno Bruto, lo que implica un aumento de 20% en los ingresos tributarios, en una encrucijada en que la opción uno hablaría de incrementar la base de contribuyentes y la dos cambiar la estructura de los impuestos para extraer más recursos de los contribuyentes actuales.
Ahora que la percepción de los técnicos que elaboraron el texto le confiere a la primera alternativa una factibilidad política baja, es decir, misión casi imposible, por más que a su juicio el beneficio sería mayor de cinco puntos del PIB.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
Ahora que, dividida la tarea entre el Ejecutivo y el Legislativo, a este último se le plantea la promoción de una reducción de tasas y eliminación de impuestos que afectan la competitividad de las empresas, por más que no se enumeren éstos.
En paralelo, se habla de impulsar mecanismos para elevar el gasto de inversión y simultáneamente reducir el gasto corriente; diseñar un nuevo régimen fiscal para Pemex; permitir al sector productivo el acceso a precios y tarifas públicas competitivas internacionalmente, y simplificar y dar certidumbre jurídica.
Más allá, se aconseja ajustar la normatividad fiscal en función de cinco premisas: Todos los agentes económicos deben pagar impuestos; el tratamiento fiscal será igual para los iguales; es más adecuado compensar a hacer alguna consideración a favor de algún contribuyente o sector por la vía del gasto; eliminar sistemas complejos en el caso de personas físicas con actividades empresariales de bajo ingreso, y evitar gravar la inversión, el esfuerzo, el trabajo y la iniciativa.
La línea de los empresarios.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 28 de agosto.
Según sus más acerbos críticos, la CETU es un toro bravo y el ICI es un perro con rabia, pero bizco. Ambos son criaturas adorables comparadas con el Código Fiscal que forma parte de la iniciativa hacendaria en manos del Congreso.
El CETU y la ICI están bajo la lupa y en boca de todos. Del código sólo hablan los especialistas. Esto a pesar de que contiene cambios que son tan amenazantes como el 19 por ciento de la CETU o el 2 por ciento por los depósitos.
El Código Fiscal define la relación entre Hacienda y los contribuyentes. Contiene esas sutilezas que definen los delitos fiscales, la forma cómo se hace una auditoría y las facultades de Hacienda para allegarse información. Una mala reforma al código puede ser más nociva que un aumento en las tasas.
Luis Miguel González, “Caja Fuerte”, Milenio, 31 de agosto.
Nadie sabe cómo quedará finalmente la CETU (ya se habla de 14 por ciento, contra el 19 por ciento original, cinco puntos porcentuales menos, amén de aceptarse que salarios y prestaciones sean deducibles, lo que en los hechos reduce más la tasa original); no se ha escuchado más sobre el aberrante impuesto al graffiti, ni en torno al gravamen a la informalidad, pero lo cierto es que, resulte lo que resulte, los consumidores tendrán que pagar un nuevo impuesto a los citados energéticos (por medio del cual se recaudarían alrededor de 23 mil millones de pesos) y los mexicanos todos, a quienes lo menos que le importa es la paternidad del engendro, hacer frente al efecto multiplicador en precios y tarifas. / Por lo anterior, el gobierno de la “continuidad”, por medio de la Secretaría de Hacienda, tiene preparadas, como en los tiempos de Fox, dos versiones del referido paquete económico 2008: una con y otra sin “reforma”. La diferencia entre una y otra básicamente es la cantidad de dinero disponible: de 100 a 130 mil millones de pesos, pero en cualquiera de los casos no es mucho lo que hay que esperar.
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 4 de septiembre.
Será, finalmente, el próximo sábado, es decir a la par de la entrega del paquete que incluye el presupuesto de ingresos y egresos y los Criterios Generales de Política Económica, cuando llegue a la votación del pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de reforma fiscal.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda, se mantiene la tasa de ITU (Impuesto de Tasa Única) en 16%, pero se cancela la posibilidad de llegar a 19.
Más allá, se permite deducir la erogación por nómina y por concepto de seguridad social para efectos de cálculo del gravamen.
El punto que atoraba el asunto hasta anoche era la insistencia del PAN para que en el proyecto de reforma electoral que incluye el cambio gradual de los consejeros del Instituto Federal Electoral se respete a tres de los actuales, aunque no enseñaban las cartas sobre si uno de ellos sería el presidente, Luis Carlos Ugalde
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 6 de septiembre.
Claro que esto no quiere decir que el gobierno esté dispuesto a ceder en todo, pero los límites que tienen los funcionarios de hasta dónde pintar su raya en la negociación se han ampliado y de allí que escuchemos comentarios como el del subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte, en el que concede que el nuevo impuesto —hasta ahora denominado IETU— podría, incluso, reducirse.
Esta “manga ancha” para la negociación a fin de sacar adelante la reforma se ha palpado en la “retirada” de la mayoría de los grandes empresarios de las críticas que habían emprendido en contra de la reforma hacendaria y sus impactos directos sobre sus empresas, en el entendido que un Presidente fortalecido con alianzas políticas, irá por más, por ejemplo, en materia laboral y energética.
Quien piense que Calderón está dilapidando sus aún escasos bonos políticos en esta reforma, podría estar equivocado. Por el contrario, el presidente está planteando la negociación de tal forma que el saldo de su chequera política en lugar de disminuir, se vea incrementada. Veremos si así ocurre.
Samuel García, “El Observador”, Milenio, 11 de septiembre.
Ubicado como el blanco de la furia, el ITU se había planteado originalmente bajo una tasa de 16% en su primer año de vigencia, para llegar al 19 al tercero. Más aún, la propuesta original de la Secretaría de Hacienda rechazaba la posibilidad de deducción de los gastos de nómina y de seguridad social.
Bajo el esquema aprobado por los legisladores no sólo se avala la posibilidad, sino se reduce la tasa a un máximo de 17.5%.
Más allá, aunque se incrementa el tributo para las gasolinas y el diesel, se aceptó la sugerencia empresarial de valorar la gradualidad en su aplicación, “de tal suerte que pueda ser asimilado por el sector productivo y se reduzca su incidencia en los índices inflacionarios”.
Y si le seguimos, aunque se incrementó de 20 a 25 mil pesos mensuales el monto de depósitos en efectivo a partir del cual se cobrará un impuesto de 2%, redimible contra otros tributos, se aceptó la sugerencia de los banqueros de abrir un plazo de transición de seis meses para instrumentar la medida.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 14 de septiembre.
Más allá, pareciera razonable que en el caso de la prohibición para deducir donativos o gastos en materia de responsabilidad social que había planteado la Secretaría de Hacienda, se abra una ventana para permitir cargar al fisco erogaciones en proporción a las utilidades de las empresas. / La premisa es simple: Nadie regala lo que no tiene.
Ahora que desde un ángulo más, a contrapelo de la intención de la Secretaría de Hacienda de acabarlo de un plumazo, se mantiene el régimen de consolidación fiscal aun cuando se acota a que se permita sólo la deducción de las pérdidas que provengan de la enajenación de otros títulos de valor, únicamente contra las utilidades que por el mismo concepto obtenga la controladora.
Los legisladores, pues, a querer o no, cedieron a la presión de las cúpulas empresariales.
¿Muera el Congreso? ¿Mueran los líderes charros del sector privado? ¿Muera el entreguismo?
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 14 de septiembre.
AL FINAL DE cuentas los vales de despensa ya no serán deducibles para las empresas, con lo que dicha prestación, con un cuarto de siglo de existencia, podría desaparecer en detrimento de 3.5 millones de trabajadores.
El miércoles el Congreso del Trabajo que encabeza Enrique Aguilar Borrego hizo público su rechazo a que se elimine ese incentivo fiscal para las empresas, dado que pondrá en riesgo esa prerrogativa.
No es descartable que otros sindicatos “pongan el grito en el cielo” al avalarse esa determinación.
Hace unos días le comentaba de las preocupaciones que hay en la industria de vales que encabeza Martín Arrosa Peñagaricano, a la sazón director de Accor Servicios Empresariales.
Y es que tras varios años con amenazas previas para eliminar la deducibilidad a los vales, con la introducción del IETU por parte de SHCP de Agustín Carstens el tema está por hacerse realidad.
Si bien la posibilidad de deducir los vales prevalece en la Ley del ISR, se hace ver que hay una voluntad expresa de cancelar ese impuesto en 3 años, amén de que en la práctica muchas empresas tendrán que tributar con el IETU para 2008.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 14 de septiembre.
Como sea: reforma fiscal habemus. Y viene con el controvertido impuesto de tasa única, el cual sirve como impuesto de control para evitar todas las fugas del ISR.
El controvertido impuesto del CETU terminó siendo el IETU, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, y forma la columna vertebral de la reforma fiscal.
El IETU comenzará 2008 siendo de un 16%, que irá subiendo hasta el 17.5% en 2010, y por el cual hay una verdadera molestia por parte del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Armando Paredes.
Es normal. El CCE quería bajar el impuesto de control de 16% a 12%. No se logró. La respuesta de Agustín Carstens y Alejandro Werner, secretario y subsecretario de Hacienda, respectivamente, fue muy clara: bajar la tasa del impuesto de control o el IETU a 12% es dejar las cosas como están, es decir, tal y como hoy en día pagan las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 14 de septiembre.
Que el IETU va a hacer que todas las empresas paguen más.
Ya le hemos comentado que, en promedio, las empresas sí pagarán más, quizá una tercera parte más el próximo año. Pero las compañías que realicen inversiones en activo fijo o inmuebles de manera regular; que hayan tenido esquemas de remuneración pagando correctamente el IMSS pero sin esquemas amplios de previsión social; y que no tengan deudas elevadas, quizá incluso paguen menos el próximo año que éste.
Aun con todos los efectos del IETU, México seguirá como uno de los países de la OCDE en los que el Impuesto Sobre la Renta (o su equivalente) que pagan efectivamente las empresas será más bajo. En el mejor de los escenarios, el IETU permitirá que el impuesto a la renta empresarial (independientemente de cómo se le denomine) sea de alrededor de 3 por ciento el próximo año, lo que nos coloca por debajo de 3.4 por ciento de Irlanda; del 3.9 por ciento de España y en un nivel equiparable al de Estados Unidos.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
Hace unos días le comentaba de las preocupaciones que hay en la industria de vales que encabeza Martín Arrosa Peñagaricano, a la sazón director de Accor Servicios Empresariales.
Y es que tras varios años con amenazas previas para eliminar la deducibilidad a los vales, con la introducción del IETU por parte de SHCP de Agustín Carstens el tema está por hacerse realidad.
Si bien la posibilidad de deducir los vales prevalece en la Ley del ISR, se hace ver que hay una voluntad expresa de cancelar ese impuesto en 3 años, amén de que en la práctica muchas empresas tendrán que tributar con el IETU para 2008.
Alberto Aguilar, “Nombres, nombres y nombres”, El Universal, 14 de septiembre.
Como sea: reforma fiscal habemus. Y viene con el controvertido impuesto de tasa única, el cual sirve como impuesto de control para evitar todas las fugas del ISR.
El controvertido impuesto del CETU terminó siendo el IETU, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, y forma la columna vertebral de la reforma fiscal.
El IETU comenzará 2008 siendo de un 16%, que irá subiendo hasta el 17.5% en 2010, y por el cual hay una verdadera molestia por parte del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Armando Paredes.
Es normal. El CCE quería bajar el impuesto de control de 16% a 12%. No se logró. La respuesta de Agustín Carstens y Alejandro Werner, secretario y subsecretario de Hacienda, respectivamente, fue muy clara: bajar la tasa del impuesto de control o el IETU a 12% es dejar las cosas como están, es decir, tal y como hoy en día pagan las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores.
José Yuste, “Activo Empresarial”, Excélsior, 14 de septiembre.
Que el IETU va a hacer que todas las empresas paguen más.
Ya le hemos comentado que, en promedio, las empresas sí pagarán más, quizá una tercera parte más el próximo año. Pero las compañías que realicen inversiones en activo fijo o inmuebles de manera regular; que hayan tenido esquemas de remuneración pagando correctamente el IMSS pero sin esquemas amplios de previsión social; y que no tengan deudas elevadas, quizá incluso paguen menos el próximo año que éste.
Aun con todos los efectos del IETU, México seguirá como uno de los países de la OCDE en los que el Impuesto Sobre la Renta (o su equivalente) que pagan efectivamente las empresas será más bajo. En el mejor de los escenarios, el IETU permitirá que el impuesto a la renta empresarial (independientemente de cómo se le denomine) sea de alrededor de 3 por ciento el próximo año, lo que nos coloca por debajo de 3.4 por ciento de Irlanda; del 3.9 por ciento de España y en un nivel equiparable al de Estados Unidos.
Enrique Quintana, “Coordenadas”, Reforma, 14 de septiembre.
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